Estalla otro conflicto laboral en los hoteles de Núñez y Navarro

El grupo fundado hace 70 años por José Luis Núñez y Maria Lluïsa Navarro opera una cartera de 13 establecimientos en Barcelona --12 hoteles y un bloque de 30 apartamentos turísticos--. En todos, la compañía ha ejecutado intercambios de personal que afectan al conjunto de los departamentos hoteleros, como cocina, limpieza y recepción.

"O aceptas o te 'piras'"

La operación, relatan los propios empleados, ha estado exenta tanto de un diálogo entre las partes como de un aviso preliminar por parte de la dirección. "O aceptas o te piras": así explicita los términos de la medida un representante de UGT. Este interlocutor explica que los más de 200 trabajadores de la división turística han modificado este año su destino habitual.

"La medida ha sido impuesta a todo el personal desde que se empezó a desafectar a las personas en ERTE", señala el portavoz sindical. "Todavía quedan algunos empleados en ERTE, pero la mayoría ha vuelto a trabajar. Muchos se han enterado el día de alta de que ya no estaban contratados en el mismo negocio donde habían permanecido, en ocasiones, durante más de 10 años", asevera.

Nueva estrategia laboral

Otro trabajador que prefiere mantener su anonimato por miedo a represalias expone su caso: "Estaba en uno de los mejores hoteles del grupo, pero me han pasado a otro establecimiento de menor rango". "El Covid ha intensificado esta política laboral, pero no es la primera vez que la empresa la toma", añade.

En concreto, los trabajadores señalan el desembarco de Enrique Alcocer como el detonante de esta estrategia general de reubicaciones. ¿Con qué motivo? Desde el punto de vista de los afectados, la compañía pretende desgastar a los empleados más veteranos para rejuvenecer el personal y abaratar los costes salariales. "Se pretende contratar a gente joven que no ponga peros y acepte las condiciones más flexibles que proponga la dirección", expone.

Pendiente el plan de igualdad

No es el único conflicto laboral que ha estallado recientemente en el grupo. El pasado 16 de julio, CCOO denunció ante Inspección de Trabajo a la promotora por su negativa para negociar un plan de igualdad. Esta iniciativa, introducida por la nueva ley del Gobierno para garantizar la equiparación salarial entre hombres y mujeres, es de obligado cumplimiento para las privadas con más de 100 empleados.

El incumplimiento de esta normativa está sujeta a multas que oscilan entre 6.251 y 187.515 euros. Fuentes consultadas por este medio señalan que dos meses después de la denuncia, la compañía todavía no ha emprendido actuaciones para reparar su falta.