El presidente de la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE), Xavier Vilajoana / EFE

El presidente de la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE), Xavier Vilajoana / EFE

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Los promotores dejan Barcelona por Madrid por la normativa de Colau de reservar el 30% a VPO

Los inversores inmobiliarios rechazan la intervención del mercado y exploran alternativas lejos de la capital catalana

15 agosto, 2021 13:07

La normativa de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que obliga a reservar un 30% de las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones a vivienda protegida (VPO) está ahuyentando muchas inversiones inmobiliarias hacia Madrid y otros municipios del Área Metropolitana sin estas restricciones. Esta es una situación de la que ha venido informando este medio, y que ahora denuncian los promotores.

El presidente de la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE), Xavier Vilajoana, lamenta que la Administración local haya traspasado al sector privado una responsabilidad que es suya, como es la creación de vivienda protegida, y critica que la medida se aprobara sin contar con la opinión de los empresarios, que son los que conocen el mercado, “de espaldas al sector”. La normativa obliga a destinar a VPO un 30% de la superficie de todas las obras de nueva construcción y grandes reformas en parcelas de más de 600 metros cuadrados.

“No se ha conseguido el objetivo”

“No se ha conseguido el objetivo que se pretendía”, asegura Vilajoana en Efe, quien precisa que “se podrían contar con los dedos de una mano” las licencias de obra nueva solicitadas por los promotores tras la entrada en vigor de la nueva normativa. Añade que los promotores no tienen “ningún problema” en hacer VPO, pero que se haga “como corresponde”.

En esta línea, el presidente de APCE, asociación que reúne a más del 80% de los promotores de Cataluña, advierte de que muchas empresas que solían edificar en Barcelona ahora han desviado sus inversiones hacia otras ciudades del área metropolitana, como L'Hospitalet de Llobregat, Sant Just Desvern, Molins de Rei y Montcada i Reixac, y también hacia Madrid: “Hay mucha inversión que se va a otras zonas”.

Petrus y La Llave de Oro

Este es el caso de Petrus, promotora barcelonesa, según explica Sergio Rabassa, su director de desarrollo: “Hay muchos empresarios que ya no creen en esta ciudad y que se sienten asfixiados. Por eso, hay promotores catalanes que se han ido a Madrid y a otros municipios del Baix Llobregat, el Vallès o el Maresme que ofrecen posibilidades de crecer”. “Lo peor que se puede hacer en los mercados es intervenirlos”, añade. Avisa, además, de que hay una fuerte demanda de obra nueva en Barcelona, por lo que si no se produce nueva oferta los precios irremediablemente van a subir.

La Llave de Oro, otra de las grandes promotoras catalanas, también reconoce que la obligada reserva del 30% para VPO en Barcelona está afectando ya al mercado, donde los proyectos que se están desarrollando son fruto de solicitudes previas a la entrada en vigor de la normativa. Lo detalla su consejero delegado, Ferran Marsà: “Hay una casi nula solicitud de nuevas licencias. Los promotores no están haciendo prácticamente nada en Barcelona y si hay menos oferta los precios pueden subir”. Una situación que repercutirá en las arcas municipales.

“No sale a cuenta”

La promotora ha abierto recientemente una delegación en Madrid y ha realizado las primeras compras de suelo allí: “Esto forma parte del plan de expansión de la empresa, pero todo ayuda", subraya.

Los promotores coinciden en que en muchos casos “no sale a cuenta” levantar un edificio cuando se tiene que reservar el 30% a vivienda social y destacan además el “difícil encaje” que puede tener que en un mismo edificio haya propietarios de vivienda libre y protegida. Asimismo, Rabassa considera que muchos propietarios rehusarán rehabilitar edificios si deben reservar uno de cada tres pisos, con el consecuente envejecimiento del parque de viviendas.

El ayuntamiento se defiende

El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, defiende que esta medida “no ha parado la construcción de viviendas”, pues desde la aplicación de la norma el número de licencias concedidas de viviendas libres es similar a otros años: en 2017 se alcanzaron las 1.823; en 2018 las 2.526 y en 2020 se superaron las 2.100.