El Ayuntamiento de Barcelona ha indicado que el pacto para asegurar la continuidad del hotel Fairmont Juan Carlos I, que avanzó Crónica Global el viernes, salvará 500 empleos.
Es la versión de la Administración local sobre el protocolo de intenciones firmado con Barcelona Project's, la sociedad de la familia saudí ben Nasser, propietaria del resort de lujo situado en la parte alta de la avenida Diagonal. La explicación del Ejecutivo local contiene dos cuestiones clave. Uno, licitará el derecho de superficie por un periodo de 69 años --19 años que restan y 50 más-- y dos, se "garantizará la continuidad del hotel", salvando 500 empleos.
Superficie: cuestión clave
La primera es una cuestión mollar. El Fairmont Juan Carlos I está a la venta cargado con cuantiosas deudas, pero ningún inversor lo quiere comprar porque se le acaba el plazo de ocupación de suelo en 2040. La cercanía de esa fecha impediría amortizar la inversión para su adquisición y puesta a punto.
De hecho, el embrollo con el derecho de superficie es lo que hizo descarrilar la compra del resort urbano por Apollo Global Management, operación que avanzó este medio. Tras el descalabro de la venta al asset manager estadounidense, el hotel se acercó a la quiebra. Está en preconcurso, como explicó Crónica Global.
500 empleos, salvados
La plantilla del Fairmont Juan Carlos I, altamente cualificada, estaba concernida por la situación del hotel. Barcelona Project's SA se ha desentendido del projecto alojativo, y el mercado inversor, hasta ahora, no respondía.
El pacto con el ayuntamiento garantiza que el alojamiento es "viable" y abre la puerta a su colocación a un tercer inversor, posiblemente un fondo, pues el capital oportunista ronda la hotelería de Barcelona, con una operación reciente de compra de la mayoría de la cadena Selenta, que explicó Crónica Global.
Del protocolo al convenio
Los detalles del acuerdo son los siguientes. La Administración local firma un protocolo de intenciones con la sociedad titular del hotel situado en los números 2-10 de la calle Torre Melina.
Con arreglo a este pacto, se sacarán conjuntamente a licitación los 19 años que restan de ocupación del terreno y otros 40 años. Quien gane la licitación se quedará con el derecho a 69 años seguidos de explotación. De lo que no habla la entente es de las deudas de la sociedad, que alcanzan los 100 millones de euros,