El FROB se quedó solo: apoyo casi unánime de los fondos a los sueldos de Caixabank

En concreto, el punto 12 del orden del día, referido a la modificación de la política de remuneración de los consejeros, contó con el voto en contra del 23,14% de las acciones presentes o representadas en la junta. Lo que se traduce en una cifra absoluta de algo más de 1.406 millones de títulos.

Apenas un 1% del capital

No obstante, cabe tener en cuenta que el paquete de Caixabank controlado por el FROB, fruto del canje por su participación en Bankia en el contexto de la fusión, roza los 1.300 millones de acciones. De resultas, y al margen del Estado, el punto que fijaba las nuevas retribuciones del órgano ejecutivo del banco contó con la oposición poco más de 107 millones de acciones, equivalente al 1,33% del capital.

Una cifra que contrasta con la registrada, sin ir más lejos, el pasado año a la hora de someter a votación la política de remuneraciones de los consejeros. Por entonces, la proporción de títulos que votaron en contra de la medida fue del 3,7% del capital.

La menor oposición desde 2018

Si se tienen en cuenta las cifras del quórum de asistencia, el voto en contra de las partidas a percibir por el consejo supuso un 1,74% si se excluye al FROB, frente al 5,68% de 2020, cuando el Estado aún no contaba esa participación dado que, en las fechas de celebración de aquella junta la operación con Bankia ni siquiera estaba planteada.

Para encontrar una oposición aún menor a la política retributiva de Caixabank es necesario acudir a los datos de la junta general de accionistas de 2018. En ese ejercicio, el punto relativo a la remuneración del consejo registró el 0,79% de votos en contra, que apenas alcanzaba el 0,5% del capital total de la entidad.

El ataque de Calviño

La controvertida decisión del FROB, cuyo voto en el consejo de administración relativo a este punto fue abstención, llegó condicionado por los ataques lanzados desde el Gobierno a las retribuciones fijas propuestas, especialmente en los casos de los consejeros con carácter ejecutivo. En concreto, 1,65 millones de euros para el presidente, José Ignacio Goirigolzarri, y de 2,26 millones de euros para el consejero delegado, Gonzalo Gortázar.

El presidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri / CAIXABANK

Especialmente contundente se mostró la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño (PSOE), que situó la decisión en el contexto del proceso de ajuste de plantilla que Caixabank lleva a cabo tras la fusión con Bankia, una operación que fue especialmente impulsada y apoyada precisamente por el propio Ejecutivo.

El contexto del 4M

La postura de Calviño, secundada por la vicepresidenta tercera y titular de la cartera de Trabajo, Yolanda Díaz (Podemos), se mostró en un clima de especial tensión política debido a la campaña de las elecciones de la Comunidad de Madrid, celebradas el pasado 4 de mayo.

Este caldo de cultivo parece haber condicionado en exceso el voto del FROB en la junta de accionistas, como prueba el hecho de que el movimiento se ha producido a contracorriente del resto de inversores institucionales.

Criterios estrictos

También cabe tener en cuenta que la postura de éstos, mayoritariamente fondos de inversión y de pensiones internacionales, no es precisamente poco beligerante con las cuestiones relativas al gobierno corporativo de las cotizadas y, más en concreto, a la política de remuneraciones.

En los últimos años, estas entidades han endurecido de forma significativa los criterios relativos a esta materia que tienen en cuenta tanto para confeccionar sus carteras como para ejercer sus derechos de voto en las juntas. De hecho, los proxy advisors, dedicados al asesoramiento de los institucionales, han sido especialmente críticos en los informes que preparan para sus clientes con las remuneraciones de los consejos de administración.

La defensa de Garamendi

En este caso, los principales proxy advisors habían avalado la política retributiva de Caixabank, como se pudo plasmar posteriormente en la asamblea.

Tras la junta, este lunes se ha pronunciado el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, que ha achacado tanto la actitud como el voto en contra del Gobierno a que “entiende poco lo que es la empresa”.