La banca ofrece a Moncloa adelantar fondos europeos y evitar la guerra por los ERE

Esta posibilidad no elimina, sin embargo, una cierta sensación de estupor y también en parte de malestar que se ha generado entre la gran banca a raíz de las reacciones del Gobierno a los citados ERE. A la cabeza de ellas, las vicepresidentas Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos, y Yolanda Díaz, titular de Trabajo, que han afeado la magnitud de los ajustes con términos como “inaceptables”, al tiempo que han criticado la política de remuneraciones de las cúpulas directivas en medio del actual escenario.

Contrariedad

Las entidades consideran injustos y desproporcionados estos comentarios y ya han hecho llegar su contrariedad por ellos al Gobierno, al que han recordado el papel que han representado en la crisis derivada del coronavirus a través de las moratorias en los pagos y los créditos que han activado al margen de las iniciativas legales aprobadas por el Ejecutivo al inicio del primer estado de alarma.

El sector considera que, a diferencia de lo sucedido en la crisis anterior, su reforzada solvencia les ha permitido dar apoyo a colectivos como los autónomos y las pymes, lo que se ha traducido en el mantenimiento de muchos puestos de trabajo. Precisamente, un factor por el que ahora es cuestionado desde el Ejecutivo.

En público y en privado

En este contexto se ha reactivado una opción que la banca ya apuntó en su día y que consiste en adelantar al Gobierno la cuantía de los fondos europeos de recuperación correspondientes al presente ejercicio, ante la posibilidad, cada vez mayor, de que no lleguen a tiempo.

Una cuestión que volvió a ser citada en público este lunes por el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, pero que ya ha sido trasladada en privado en las últimas horas.

Contratiempos

El Gobierno incluyó en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, aprobados por el Congreso de los Diputados a finales del pasado año, el montante de 27.000 millones de euros que estaban previstos para el año en curso provenientes de los fondos, en su mayor parte, transferencias condicionadas al plan de reformas que Moncloa enviará a la Comisión Europea en los próximos días.

Sin embargo, la ya de por sí complicada tramitación de estas partidas ha sufrido notables contratiempos en los últimos meses. Por un lado, el bloqueo que ejercieron algunos Estados miembros, enfrentados a Bruselas por asuntos al margen de la recuperación económica; por el otro, las medidas preventivas tomadas por el Tribunal Constitucional alemán, que puso en cuestión la legalidad de las ayudas.

La Ciudad BBVA, sede corporativa del Grupo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en España / BBVA

Rebaja de estimaciones

Ya la pasada semana, el presidente del BBVA, Carlos Torres, apuntaba en la junta de accionistas del banco que el impacto de los fondos europeos en la economía española sería muy limitado en 2021, precisamente a causa de estos contratiempos.

La mayor parte de los organismos y servicios de estudios que han revisado a la baja sus estimaciones de crecimiento del PIB español para este año han mencionado el retraso en la llegada de los fondos europeos como uno de los factores que justifican la rebaja.

Juez y parte

En el sector financiero también ha generado sorpresa la posibilidad deslizada este lunes por la ministra de Trabajo de adoptar un papel de mediación en la negociación de los procesos de ajuste entre los bancos y los sindicatos. Sobre todo, en lo que se refiere a Caixabank, de cuyo capital forma parte el Estado, con una participación del 16%, que además cuenta con representación en el consejo a través de una persona designada por el Ejecutivo. “En este caso estaría ejerciendo como juez y parte”, apuntan desde el ámbito bancario.

Al margen de la respuesta que pueda dar Moncloa al ofrecimiento sobre los fondos europeos, la banca confía en que las aguas vuelvan a su cauce en breve; en este sentido, recuerdan que ya hubo alguna fricción al inicio de la pandemia cuando el Gobierno anunció que iba a estrechar la vigilancia sobre la concesión de los préstamos con aval público a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) debido a la existencia de denuncias que acusaban a las entidades financieras de aprovechar la situación para imponer condiciones y obligaciones a los solicitantes que no preveía el mecanismo aprobado.

Vuelta a la normalidad

“Por entonces no hubo nada concreto pero la sombra de la sospecha se extendió por las entidades sin argumentos”, apuntan fuentes próximas al sector.

El escenario contemplado es que el inicio de las conversaciones con los sindicatos contribuya a normalizar el ambiente y los reproches del Gobierno queden en una cuestión menor.