Cómo 'escaquearse' de la ley de los 'riders'

Los repartidores de las plataformas digitales deberán ser, por defecto, asalariados. Ese es el acuerdo alcanzado entre los agentes sociales (CEOE, CCOO y UGT) y el Ministerio de Trabajo para regularizar la situación de los riders conforme la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de numerosos órganos judiciales de menor rango. El decreto ley que dará cauce al pacto se aprobará de forma inminente y entrará en vigor en 90 días, tiempo de gracia concedido a las empresas para dar de alta en el régimen general de la Seguridad Social a los trabajadores.

Pero esta propuesta está lejos de poner punto y final a la espinosa cuestión de los falsos autónomos. Organizaciones y abogados consultados por Crónica Global señalan que existen al menos tres formas jurídicas distintas que las compañías podrían utilizar para sortear la presunción de laboralidad de sus plantillas. Aunque deberían demostrar, caso por caso y de forma argumentada, que sus repartidores operan efectivamente por cuenta propia.

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Cooperativas de autónomos

En primer lugar, empresas como Glovo, Deliveroo, Stuart y Uber Eats podrían optar por prestar sus servicios a través de cooperativas de autónomos. Como recuerda Raúl Rojas, socio laboral del despacho Ecija, esta opción "ya fue explorada en 2017 por la empresa Take Eat Easy, a través de la cooperativa Factoo".

El abogado apunta que los numerosos encontronazos que esta sociedad tuvo con Hacienda y con Inspección de Trabajo. Problemas que culminaron con la quiebra de la cooperativa y con varias sentencias y denuncias que cuestionaron la falta de laboralidad de los inscritos en la cooperativa.

¿Fraude de ley?

Teresa Ezquerra (Abencys) coincide en este punto: "Las cooperativas han sido muy perseguidas porque la Administración considera que todos los ciudadanos deben tributar a partir de determinados ingresos". "Desde el punto de vista de la seguridad social --continúa--, se entiende que cualquier persona que presta un servicio debe estar dada de alta en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos)". Por otro lado, algunas de las condiciones de actividad bajo estas cooperativas --como el criterio de exclusividad en la elección de clientes-- complicaría su generalización.

Esto no significa, como tercia Juan Antonio Alujas, que estas cooperativas se sitúen fuera de la legislación. "El problema estaría en si se crean expresamente para violar la ley. En ese caso nos encontraríamos ante un fraude de ley, ya que se estarían diseñando para eludir la normativa", explica este profesor de economía laboral de la Universidad de Barcelona.

Flotas subcontratadas

En principio, tampoco constituiría una estrategia irregular subcontratar a flotas de distribuidores para llevar a cabo la entrega de los pedidos. De hecho, en esta categoría ya se encuentra Just Eat, a pesar de que la firma ha anunciado que tendrá su propia red de repartidores asalariados en España. Jordi Mateo, presidente de Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA), destaca que tras estas subcontratas se halla la mayor bolsa de precariedad del sector.

"Es justamente bajo este modelo donde se cobran salarios que bordean a 400 euros", destaca Mateo. El portavoz de APRA --organización que junto a Repartidores Unidos convocó ayer una manifestación de rechazo a la norma en Madrid-- pide que el Gobierno ponga la vista en Italia o Francia, donde se ha avanzado hacia un marco colectivo para dignificar su trabajo como autónomos digitales con la inclusión de medidas como cursos de educación vial, pluses por nocturnidad o cobertura de accidentes.

Reorientación del negocio

Las tecnológicas todavía contarían con otro as en la manga para ahorrarse dar de alta a los cerca de 30.000 riders que, según la patronal Adigital, cotizan en España. Esta consistiría en una reorientación a fondo de su negocio. Para llevarla a cabo, las compañías deberían ceder su control a los propios repartidores y convertir las empresas de delivery en herramientas puestas a disposición de trabajadores freelance, al igual que hacen algunos portales como Malt. La elección de las tarifas o las rutas de reparto, por citar solo dos rasgos de este negocio, se dejarían en manos de los afiliados a la plataforma.

Sin embargo, David Ibáñez, abogado y socio del despacho Espinet Ibáñez, desconfía de los efectos económicos y jurídicos de esta opción: "En este caso, se le alquilaría la app a los riders. Pero en el momento en que hubiera disparidad de precios y se tratase el mercado de forma desigual, los establecimientos comenzarían a estar tratados de forma discriminatoria. Si bajo una falsa apariencia se intentase crear esta teórica independencia de los trabajadores, estaríamos igualmente ante otro encubrimiento para ser falso autónomo".

Alerta de CCOO

Otras voces consultadas añaden más dudas sobre la viabilidad de esta alternativa. "Mientras haya un control sobre la creación de perfiles que pueden ser puntuados, sobre la indumentaria, normas sanitarias... la justicia puede entender, como lo ha hecho en los últimos años, que existe una relación de laboralidad", matiza Ezquerra.

Pese a que algunas características, como la fijación de tarifas o la elección de los clientes, quedasen en mano de los repartidores, tendría que asegurarse capacidad de decisión total por parte de los riders. En este punto, Carlos del Barrio (CCOO) exige que "la Administración persiga cualquier huida del derecho de trabajo". "Las patronales deben asumir su responsabilidad social y asumir que existe una relación de subordinación en la prestación del servicio", incide.

Desmarque de Adigital

Por su parte, Adigital se desmarcó ayer del acuerdo respaldado por la CEOE. En un comunicado, la organización expresó su "profundo desacuerdo" con el proyecto avanzado por el Gobierno. "Tal y como está redactada, esta norma solo generará incertidumbre en el sector. Esto es todavía más determinante en un momento de recesión como el actual en el que la digitalización ha probado ser clave para la supervivencia de muchos negocios", reza el texto.

La asociación de compañías digitales critica la obligación de difundir información sobre los algoritmos y el riesgo de extender la normativa sobre aquéllas empresas que se han digitalizado a marchas forzadas durante la pandemia. El enfado de las privadas, sumado a los resquicios de la normativa, aventura que 2021 no marcará el fin de la polémica de los riders.