La patronal catalana de la distribución de automoción Fecavem, la Unión Patronal Metalúrgica UPM y Foment del Treball han pedido este miércoles mediante una carta conjunta al conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, la exención del impuesto de emisiones de CO2 para que ciudadanos y empresas catalanas no tengan que pagarlo en el contexto de crisis.
Este nuevo impuesto de emisiones de CO2, que grava a los titulares de vehículos de tracción mecánica por las emisiones de dióxido de carbono que generan, solo se aplica en Cataluña, al menos hasta el año 2023, y las tres entidades solicitan al Govern que lo deje sin efecto, como mínimo, en 2021 y 2022.
Malas previsiones
"No es el momento de incrementar la presión fiscal mientras dura la crisis generada por el Covid. Además, este nuevo ejercicio que comienza no hace prever buenos escenarios a corto ni a medio plazo", señalan en la carta.
El septiembre pasado, el Govern decidió dejar sin efecto el impuesto ambiental correspondiente al 2019 y aplicar la tarifa más baja en el ejercicio 2020 para atender a las necesidades de la ciudadanía en el contexto de crisis derivada del coronavirus.
Aplazamiento
Las patronales explican que este aplazamiento de la vigencia de la tasa que proponen no comporta ninguna exención, sino que se pospone su entrada en vigor "atendiendo a la gravedad social y económica vigente".
Recuerdan que, a efectos recaudatorios, este impuesto "no aporta una contribución significativa a las arcas de la Generalitat" y lamentan que no se tenga en consideración el esfuerzo que supone para muchos ciudadanos que están afectados por la pandemia el aumento de la presión fiscal.