La muerte de un trabajador en Idiada ha puesto el foco sobre la condiciones laborales de la empresa de automoción. No es la primera vez que en las instalaciones de testeo de vehículos, ubicadas en La Bisbal del Penedès (Tarragona), ocurre un accidente trágico. En 2006, dos pilotos perdieron la vida en el circuito de pruebas. El fallecimiento de un ingeniero de unos 40 años, casado y con una hija, ha vuelto a subrayar las defiencias de seguridad del recinto.
Desde hace años, UGT pide una revisión de los protocolos de actuación de la compañía participada por la Generalitat de Cataluña. En una reunión mantenida ayer entre la dirección y el comité de empresa --en la que no participó la Administración--, el sindicato reclamó una investigación en profundidad del siniestro. Al contrario de lo que ocurrió hace 15 años, en esta ocasión ningún empleado ha recibido apoyo psicológico ni se han paralizado los test en señal de duelo. Un gesto que ha enojado a la plantilla.
Accidentes continuos
Fuentes de Idiada confirman a Crónica Global que se analizarán los procedimientos internos, no solo en lo referente al trágico suceso, sino de forma general. Más allá de esta contradicción sobre el alcance de la investigación, el personal exige afrontar el problema de raíz con la implicación del socio público. En efecto, la Generalitat controla el 20% del accionariado y también posee la propiedad del solar donde se encuentra el complejo.
Un portavoz del sindicato celebra el apoyo financiero a la compañía --la Consejería de Empresa anunció en noviembre una inversión de 15,3 millones para remozar las instalaciones--, pero reclama que la Generalitat "no solo se haga fotos para presumir de un proyecto innovador". "Cada dos por tres hay accidentes. Entre noviembre y diciembre hemos tenido tres. El último de ellos se ha saldado con la muerte de un compañero. No es algo que venga de ahora y queremos negociar las condiciones de trabajo", denuncia. Hasta el día de hoy, la preocupación del gobierno autonómico por la realidad sobre las pistas ha sido nula.
El consejero de Empresa, Ramon Tremosa, visita Idiada / GOVERN
Nueva batería de denuncias
"Llegamos a interponer 19 denuncias ante Inspección de Trabajo. Todavía esperamos pronunciamiento de muchas de ellas", recuerda este representante. Además, acusa directamente a la empresa de no hacer todo lo posible para minimizar o erradicar los riesgos. Desde las filas ugetistas avanzan que en enero se presentará una nueva batería de actuaciones para instar a la privada a hallar una solución duradera a este conflicto.
La organización pone como ejemplo dos situaciones. "Hasta hace poco teníamos ensayos en motocicleta que llevaba a cabo el departamento de durabilidad", especialidad laboral del fallecido, que contaba con 17 años de antigüedad en la empresa. "Pues no nos daban ni casco, ni pantalón ni chaqueta. El EPI se alquilaba por 15 euros al día al propio trabajador", detalla. Otro caso: "Hace tiempo que pedimos la introducción de chalecos con airbag incorporado, pero no los implementan".
La actitud de la dirección pasa por levantar acta de las peticiones sindicales formuladas en el comité de seguridad y salud, para luego no hacer caso de las propuestas. "Idiada se cubre bien las espaldas para cumplir las medidas estrictamente necesarias. Entendemos que van a mínimos", resume este interlocutor.
"Salarios de miseria"
A las carencias en seguridad se une la precariedad económica de la plantilla. UGT revela que la inmensa mayoría de asalariados se encuentran en el último escalafón del convenio del metal de Tarragona. "Estamos en el quinto grupo, al mismo nivel que un conductor normal, cuando muchos colegas ruedan a casi 400 kilómetros por hora para hacer las pruebas".
El sindicato se muestra muy prudente a la hora de vincular el óbito de su compañero con la sobrecarga laboral, tal y como indican algunas voces de la compañía. Con todo, señalan que los técnicos que realizan los ensayos operan de lunes de domingo cambiando turnos en jornadas extensas. ¿Qué salario cobran? Alrededor de 1.200 euros. Otras categorías profesionales, como los mecánicos, perciben los sueldos fijados por convenio pese a su elevado grado de formación. "Son salarios de miseria", resumen.
Dudosa gestión empresarial
Idiada ha ejecutado dos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) este curso. Antes de la segunda reestructuración, la empresa contaba con cerca de 1.500 empleados, que se han visto reducidos a 1.300. La dirección ha aprovechado la pandemia para prescindir de los temporales que prestaban sus servicios en el centro, según denuncia el sindicato.
"Tampoco han cuadrado los datos económicos que nos presentaron antes del recorte de personal. El director nos comunicó antes del primer ERTE que la facturación de la empresa iba a caer cerca del 85%. Al final, hasta junio han ingresado el 80% del año anterior y han tenido beneficios de seis millones de euros", detalla una fuente sindical. "Han tenido capacidad suficiente para no aprovecharse de los fondos públicos y encima han aplicado ERTE sin sentido. Muchos trabajadores han tenido que hacer horas extra", reprocha.
Esta retahíla de críticas, sumadas al fatal accidente del pasado martes, ha reavivado la indignación de la plantilla. Si ambas partes no se sientan a la mesa, el próximo año podría estallar la tensión en Idiada.