La revuelta contra el macrovertedero de la Anoia gestionado por Hera Tratesa ha llegado al el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Tras intentar en vano la paralización del inmenso complejo cercano a los pueblos de Pujalt y Sant Martí Sesgueioles, distintas asociaciones comarcales y ecologistas han acudido a la justicia para revocar la polémica ampliación del depósito de residuos ubicado en la Cataluña central.
La Associació d'Amics de la Guàrdia Pilosa y la Plataforma Salvem Sant Martí i les Fonts de l'Anoia han interpuesto un recurso contencioso-administrativo para anular una resolución del Departamento de Territorio que modificó al alza la capacidad del recinto. Eloi Tarrés, uno de los denunciantes, detalla que la acción se encuentra en su fase previa y que han requerido documentación a la Generalitat para perfilar sus alegaciones. Los recurrentes prevén que en un plazo de dos o tres meses contarán con todos los mimbres para formular sus acusaciones. Preguntado sobre este recurso, el departamento dirigido por el consejero Damià Calvet no ha hecho declaraciones.
Vínculos con la corrupción convergente
El caso adquiere otros visos por los vínculos de Hera Tratesa con el entorno del PDECat. La compañía dirigida por Jorge Gallego Rubio se vio salpicada en el pasado por la investigación de la UDEF acerca de las subvenciones de la Diputación de Barcelona a países en vías de desarrollo. Durante la etapa de poder convergente, la institución presidida por Salvador Esteve repartió ayudas al desarrollo que presuntamente se desviaron hacia un conjunto de fundaciones y empresas públicas controladas por los herederos de Jordi Pujol. Actualmente, la causa sigue abierta bajo el mando del juez Joaquín Aguirre, el mismo instructor que investiga el caso Voloh sobre las fuentes de financiación del expresidente Carles Puigdemont en Bélgica.
En el marco de la operación Estela, como se denominó al registro de la Diputación ordenado por el magistrado Aguirre, se intervinieron documentos que señalan a Tratesa como una de las beneficiarias de las subvenciones bajo sospecha. Se da la circunstancia de que la actual subdirectora general de Relaciones Laborales y Calidad de la Generalitat, Àngels Cuadrada, es la pareja sentimental de Gallego, tal y como se apuntó en las informaciones de esta instrucción. Estos lazos estrechos no impidieron que Tratesa obtuviera uno de los expedientes de ayuda, a pesar de informes técnicos que desaconsejaban su concesión.
Una ampliación desproporcionada
Pero, ¿cuáles son los motivos del recurso de ambas asociaciones? El malestar en la región parte de la ampliación aprobada por Territorio el pasado abril. Con este permiso, la adjudicataria podrá acumular 1.098.000 toneladas adicionales de residuos no especiales a cielo abierto en el paraje. Mientras en 2007 se previó una masa total de solo 1.672.000, la decisión de la consejería multiplicaría esta cantidad acercándose peligrosamente a las tres mil toneladas.
Como señala Tarrés, es el "volumen de la concesión" uno de los motivos que preocupan en el territorio. De hecho, la plataforma recordó en un comunicado que ya en 2013 se anuló una ampliación que por aquel entonces solo añadía unas cuantas hectáreas de actividad. Para más inri, la Agencia Catalana de Residuos incoó un expediente sancionador para evaluar si la propiedad había sobrepasado la cantidad máxima de la instalación, según informó Anoia Diari.
Riesgos ambientales
Las voces contrarias señalan, además, los riesgos ambientales que entraña el proyecto. El vertedero, localizado concretamente dentro del término municipal de Pujalt, se halla cerca del nacimiento de un torrente del río Anoia. Su proximidad con distintos pozos de abastecimiento de agua, así como los malos olores y generación de biogás, son problemas añadidos a la gestión de estos desechos.
Por otra parte, los denunciantes critican el ajetreo de camiones que ha generado el depósito. De hecho, el aumento del tráfico es otro de los puntos que molestan a los vecinos de este rincón de la Anoia. La alcaldesa de Sant Martí Sesgueioles, Rosa Narbona (Sant Martí Avança-AM, marca local asociada a ERC), comparte el malestar vecinal y señala que el ayuntamiento está en contra de la ampliación. Con todo, se desmarca del recurso interpuesto ante el TSJC.