La Generalitat rescata otra estación de esquí en pérdidas

La Generalitat de Cataluña ha concluido el rescate de otra estación de esquí de dudosa viabilidad. El Gobierno catalán ha culminado la absorción de Boí Taüll integrándola en Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña (FGC). Boí es un resort de nieve que la constructora Nozar abandonó en 2018 cuando perdía 2,4 millones de euros al año.

Lo ha anunciado hoy la Administración en un comunicado, nota en la que ha subrayado que "garantiza" la apertura de las instalaciones para la campaña de invierno que comenzará en diciembre. Con ello, el Ejecutivo autonómico salva 130 empleos directos y otros 300 indirectos y, además, lanza un capote a la economía de la comarca de la Alta Ribargorça.

Nozar la abandonó

La Generalitat inició el rescate de Boí Taüll en 2018, cuando Nozar anunció que renunciaba a la gestión de la estación de esquí tras 14 años al frente de la misma. Cuatro años antes, el Gobierno catalán ya se había hecho con una parte del accionariado por el impago de un crédito de 7,3 millones de euros por parte de la constructora. Cuatro inviernos después, Nozar decidió renunciar formalmente a la explotación. Aquel ejercicio, Boí perdió 2,4 millones de euros.

La Administración catalana tuvo que actuar. Avançsa y la participada Actius de Muntanya se hicieron con el control del dominio esquiable. En aquel momento, el Govern calculó que necesitaba inyectar 1,2 millones de euros para que el equipamiento de montaña fuera viable. Quizá por ello, trasladó la explotación a FGC.

Todas las acciones a FGC

La empresa pública que preside Enric Ticó comercializó la estación en 2019. Ahora, este año, la firma asume el 100% de las acciones, valoradas en 13,6 millones de euros. Ferrocarrils, no obstante, no se queda con la deuda, ya que la Generalitat ha condonado obligaciones por valor de 1,2 millones de euros a Actius de Muntanya. Asimismo, se han movilizado 1,5 millones del remanente de tesorería de 2019 para cubrir el déficit de explotación de la estación.

Con ello y tal y como explicó este medio, el Gobierno catalán asume la tutela de seis de los ocho resorts de nieve que operan en el Pirineo catalán, cuya viabilidad está en duda por las continuas pérdidas que generan. La Generalitat, no obstante, defiende su continuidad citando el impacto económico que generan en zonas despobladas o sin otros sectores económicos punteros.