BCN World acaba ante la Fiscalía

Nuevo traspié para BCN World. El complejo de juego y hoteles que debe elevarse junto al parque temático Port Aventura, en Tarragona, ha acabado denunciado ante Fiscalía antes incluso de que se coloque la primera piedra. Los ecologistas han llevado el expediente al ministerio público al sospechar que el Govern podría haber cometido prevaricación con sus favores a Hard Rock para que construya la ciudad de ocio.

Lo han anunciado hoy jueves, 17 de septiembre, Aturem BCN World y Gepec-EdC, que han concretado que dieron ayer traslado de la documentación a la Fiscalía Provincial de Tarragona. Lo hicieron ambas entidades ante los indicios de, según ellas, "irregularidades" cometidas por los departamentos de Economía y Hacienda (en manos de ERC) y Territorio (controlado por Junts per Catalunya). Creen que la operación de compraventa de los terrenos y el proceso de autorización de construcción a Hard Rock podrían haberse efectuado en flagrante vulneración de ley.

¿Qué denuncian?

Los ambientalistas han pedido amparo al ministerio público recordándole que la Consejería de Economía y Hacienda no ha contestado a la petición de las dos entidades, entrada en mayo de este año, en la cual se exigía la nulidad de la licencia de casino a Hard Rock. Las agrupaciones alegaban que la multinacional estadounidense no podía acreditar la disponibilidad de los terrenos, por lo que procedía denegar su proyecto.

De hecho, disponer de parcelas junto a Port Aventura era un requisito para acceder a la convocatoria de un concurso público para hacerse con una licencia de casino, autorizaciones que gestiona el Gobierno autonómico. La Consejería de Pere Aragonès admitió en una nota que esta condición había sido infringida, ya que Hard Rock perdió la disponibilidad de los terrenos, al expirar una opción de compra que tenía sobre los mismos. Prueba de ello es que las pastillas de suelo son ahora propiedad del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), que se dispone a venderlos a Hard Rock.

Favores a Hard Rock

Además de la tramitación urbanística, Aturem BCN World y Gepec advierten del "uso abusivo e irregular" de las prórrogas concedidas a Hard Rock para presentar documentación requerida por la Generalitat de Cataluña. Estas prórrogas ad hoc vulnerarían, sostienen los denunciantes, los plazos previstos en la normativa vigente.

Esta actuación administrativa podría ser constitutiva de un delito de prevaricación, en opinión de los ecologistas. Más tipos penales podrían encajar con la actuación gubernativa en otro campo: malversación de caudales públicos. Creen la plataforma y la oenegé que la administración autonómica habría cometido este delito al avanzar el 70% del precio de compra de los terrenos: 96 millones de euros. La operación preliminar está pensada para dar tiempo a Hard Rock para que ésta formalice la adquisición las parcelas. El Govern ha subrayado que el erario público no sufrirá menoscabo alguno, algo de lo que dudan los denunciantes.