Idealista ve "inseguridad jurídica" en la nueva ley de alquileres

Idealista ha alertado hoy miércoles, 9 de septiembre, de que la ley autonómica que regula los precios del alquiler en Cataluña generará "inseguridad jurídica". El portal intermediario líder en el mercado inmobiliario ha dado el aldabonazo de alerta después de que el Parlamento catalán aprobara la norma que limita los precios de las rentas.

En un comunicado, la empresa que opera la página web ha señalado que la nueva norma autonómica abre "un escenario de incertidumbre e inseguridad jurídica entre los propietarios". Éstos, avisa la compañía, "esperarán probablemente a una resolución judicial para sacar sus viviendas al mercado". En el mismo sentido, la empresa tecnológica ha recordado que el texto "es, según los expertos y el Consejo de Garantías, inconstitucional". Es por ello que ahora se abre "un largo camino hasta que la justicia lo tumbe".

Reducción de la oferta

Minutos después de que la ley regional de precios del alquiler saliera adelante con los votos de ERC, Junts per Catalunya, Catalunya en Comú Podem y la CUP, Idealista ha avanzado una posible reacción del mercado. "Se trata de una pésima noticia para el sector inmobiliario catalán", ha constatado el portal. 

A este respecto, la intermediaria tecnológica ha enfatizado que es previsible que "la oferta disponible en el mercado catalán se reduzca significativamente, como sucedió en Alemania". Este efecto "empeorará las condiciones de acceso a aquellos que estén buscando una vivienda en alquiler", creando el efecto contrario al que persigue la ley. 

Grietas en los partidos

Cabe recordar que la ley catalana que limita los precios de los alquileres ha salido adelante con 71 votos favorables y 63 contrarios, los de Ciudadanos, PSC-Units, PP, cuatro diputados del PDeCAT, que han roto con Junts, y dos de Demòcrates, que se han desmarcado de la posición de ERC.

Pese a que la cámara catalana ha dado luz verde a la nueva norma, el texto nace muy cuestionado, pues el Consejo de Garantías ya avisó de su inconstitucionalidad. Ahora no se descarta que alguna formación con 50 o más diputados o el Gobierno acudan al Tribunal Constitucional (TC) para restablecer el equilibrio de competencias.