La gestora de capital Azora ha anunciado hoy martes, 23 de junio, que denunciará al Ayuntamiento de Barcelona, que comanda Ada Colau, por una "continuada e injusta campaña de desprestigio y acoso por razones ideológicas e intereses partidistas". La firma de inversión ha recurrido la multa que le impuso el gobierno municipal por, supuestamente, tener pisos vacíos en la plaza Alfonso Comín de la Ciudad Condal. En sus alegaciones, la compañía ha adjuntado al menos 50 contratos de arrendamiento de estas viviendas.
En un comunicado, la enseña que dirige Fernando Gumizio ha negado tener 20 viviendas sin actividad en los números 11 y 12 de la plaza Alfonso Comín de Barcelona, tal y como denunció la concejal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona, Lucía Martín. Lo que es más, Azora recuerda que ese inmueble no es de su propiedad, sino de Lazora, una participada. "La escasez de acierto del ayuntamiento llega hasta el extremo incluso de abrir erróneamente un expediente a Azora, cuando ni siquiera es la propietaria del edificio", ha subrayado en la nota.
Denuncias por acoso
Ante el envite municipal, la gestora de fondos ha avanzado diversas respuestas. La primera es, en efecto, la presentación de alegaciones al expediente sancionador. En paralelo a ello, Azora ha informado de que lanzará acciones "civiles, administrativas y penales" contra el ayuntamiento y las personas físicas responsables de incoar o participar en "procedimientos administrativos llevados a cabo de forma irregular".
La compañía señalada que la actuación del Ejecutivo local de BComú y PSC "ahuyenta la iniciativa privada" y genera "desconfianza". Asimismo, sería equivocada. "Con un mínimo de diligencia y de forma muy sencilla, el ayuntamiento podría haber comprobado en registros públicos que dichas viviendas habían estado ocupadas antes de iniciar el expediente", ha insistido la enseña. Para sostener su posición administrativa, ha entrado al menos 50 contratos de alquiler junto a las alegaciones al proceso sancionador por, dice el Ejecutivo local, tener pisos vacíos durante tres años.
Ronda de amenazas a empresas
La batalla empezada por Ada Colau contra la gestora de capital es el tercer enfrentamiento del Ayuntamiento de Barcelona con la empresa privada en apenas seis meses. En diciembre de 2019, el bipartito sociocomún informó de una multa de 90.000 euros a Idealista por supuesta discriminación. La sanción era en realidad, un expediente incoado que fue presentado a la prensa antes que a la mercantil afectada. Está recurrida.
Tras ello, en febrero, la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, amenazó a Booking, Airbnb, Homeaway y Apartur por, según ella, "encubrir prácticas mafiosas". Les dio un mes para descolgar los supuestos anuncios de pisos turísticos sin licencia. Ese periodo de tiempo ha pasado y nada se sabe de ninguna sanción a estas empresas. La nueva propuesta de sanción a Azora es la tercera guerra abierta contra empresas por parte de las concejalías de BComú en Barcelona.