DomusVi cobró 63M€ de Salut antes de cerrar la residencia de los 24 fallecidos

DomusVi cobró 63 millones de euros en dinero público para hacer labores sanitarias al Govern antes de entregarle las llaves de su mayor residencia en Cataluña tras 24 muertes. El gigante de los geriátricos en España facturó milllones en dinero público a la Generalitat de Cataluña. Fue entre 2012 y 2017, según los datos del Servicio Catalán de Sanidad (CatSalut). Cuando ha llegado la pandemia, la compañía ha tenido que ser rescatada dos veces por la administración pública entre acusaciones de mentir y ocultar fallecidos por Covid-19, la infección que causa el virus SARS-CoV-2.

El conglomerado participado por el fondo de inversión británico ICG y el francés SRS, propiedad de Yves Journel, el 121º hombre más rico de Francia, mantiene conciertos con la Generalitat para gestionar plazas de residencia para mayores. Ello no tendría mayor enjundia: es habitual en el sector. El Govern contrata externamente las plazas que no puede ofrecer con sus geriátricos públicos. Lo sorprendente del caso es que el Departamento de Salud inyectó también dinero en DomusVi --más de 64 millones en cinco años desde el CatSalut-- en concepto de "atención sociosanitaria" durante años. Lo hizo mediante su filial SAR Residencial o la Fundación SARquavitae, tal y como muestra el Portal de Contratos y Convenios del CatSalut [consultar aquí].  Y cuando ha llegado un virus pandémico, la compañía ha encajado 24 fallecimientos y un 90% de contagios en un centro geriátrico: Premià Ca n'Amell DomusVi, en Premià de Mar (Barcelona). La firma ha sido acusada de "negligente" y de "copar recursos públicos innecesariamente". La compañía se defiende alegando que su instalación, en la que viven 322 ancianos, "no es un hospital".

"No estamos preparados para enfermedades graves"

Así lo ha verbalizado un portavoz de DomusVi. La fuente oficial ha señalado que la compañía y sus trabajadores "son también víctimas de la pandemia". El representante ha argumentado que la situación "ha sobrepasado a todos", también a esta compañía de matriz francesa. "Se trata de una enfermedad con alta letalidad en un colectivo muy concreto, los mayores, que es el segmento de mercado que trabaja la empresa", ha recordado. ¿Qué hizo DomusVi para proteger a los 322 mayores que viven en Premià? "Sectorializamos la residencia en tres zonas para separar a los usuarios contagiados, los sintomáticos y los asintomáticos. "Nos coordinamos con la dirección asistencial que nos puso la Generalitat [tras una primera intervención el 3 de abril] para colaborar. Cumplimos todos los protocolos higiénico-sanitarios, huelga decir", ha enumerado la misma voz.

¿Mintió DomusVi cuando tuvo los primeros casos y fallecidos, tal y como asegura el Ayuntamiento [ver nota de prensa aquí]. "No entraremos a rebatir acusaciones políticas. Ahora de lo que se trata es de trabajar todos para superar esta situación. Que sufren los usuarios y sus familiares, claro, pero también los trabajadores, que se dejan la piel y a quienes se estigmatiza. Para ellos no hay reconocimientos como para los sanitarios", ha explicado el portavoz. ¿Qué ha fallado para que mueran 24 ancianos y 172 se contagien? "Una residencia no es un hospital, que tiene unidad de enfermedades infecciosas. En el centro hay equipo médico, pero el protocolo marca que hay que evacuar a los residentes cuando éstos presentan patologías graves", han recordado desde la oficina de comunicación. ¿Por qué no acudieron pues al hospital? "En otras regiones de España había menos presión asistencial y había admisiones de mayores. No es el caso de Cataluña", se defienden, apuntando al triaje hospitalario como otra causa del descalabro del geriátrico Premià ca n'Amell DomusVi.

"Negligencias" en una residencia de 3.000 euros al mes

La versión de la compañía no la compra el alcalde de Premià de Mar, Miquel Àngel Méndez (JxCat), ni tampoco la oposición municipal. El munícipe tildó ayer de "negligente" la gestión de esta macroresidencia, la mejor del pueblo y cuyas plazas privadas alcanzan precios de 3.000 euros al mes. Pese a estas tarifas elevadas, la gestión de DomusVi en este geriátrico ha sido, bajo el punto de vista del electo, "un despropósito". El primer edil volvió a arremeter contra la empresa, a quien acusó de "dificultar la comunicación". Este argumento lo han compartido grupos de la oposición municipal como PSC o Premià En Comú Podem (PECP), que ven muy deficiente la operativa. En conversación con este medio, Elena Martín, portavoz de los comunes, ha alertado de que "ya se sabía desde el 3 de abril que había contagios" en el centro. Por ello, pide saber "qué ha hecho el equipo de gobierno durante 14 días" hasta conocerse que hay 24 muertes y 172 contagios. Martín critica también a la Generalitat, competente en materia de geriátricos, por "no ejercer su labor de vigilancia". Con el centro es aún más dura. "DomusVi llegó con un modelo de explotación de la vejez. Con escaso personal, sueldos bajos, personas poco formadas y que socialmente ven poco reconocida su labor. Y que, en su mayoría, son mujeres", ha valorado la concejal. "Se impone un cambio de modelo", ha avisado.

Mientras se produce ese cambio, quien ha entrado con fuerza en el centro es el Govern. La Generalitat intervino la parte médica del centro el 3 de abril tras detectarse dos casos que, a la postre, terminaron falleciendo. Esta semana, los Bomberos de la Generalitat han desinfectado las instalaciones durante tres días, utilizando hasta siete camiones para ello. Finalmente ayer viernes, la residencia Premià Ca n'Amell DomusVi fue intervenida administrativamente. Rescatada por segunda vez. Ocurrió tras haber recibido 63 millones de euros del CatSalut para "atención sociosanitaria" desde 2012. Pese a ingresar dinero público desde dos fuentes distintas, el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales y también el de Salud, la compañía asegura que "no estaba preparada" para una situación tan adversa.  El grupo, que factura más de 530 millones de euros al año y gana más de 20 en beneficio neto, se enfrenta a problemas similares en Alcoi (40 muertos); Sevilla (16 muertos y una investigación de Fiscalía) y Galdácano (12 muertos)