El alud de suspensiones de pagos que se avecina de forma inminente reviste proporciones dantescas. Fuentes de la abogacía calculan que van a estallar 48.000 concursos de acreedores en un plazo máximo de seis meses, una vez que el Gobierno derogue el estado de alarma y los juzgados españoles reanuden su actividad ordinaria.
Así consta en un detallado trabajo que el Colegio de la Abogacía de Tarragona ha elevado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Casi 50.000 quiebras por la pandemia / CG
Juzgados a medio gas
El supremo órgano de gobierno del sistema judicial remitió días atrás a los colegios de abogados un documento con un centenar de medidas a adoptar, ante el aluvión de asuntos que previsiblemente se presentarán tras un parón casi total de un mes y medio.
Con toda la información recabada, el CGPJ ha presentado sus conclusiones al Ministerio de Justicia y este prevé llevar el estudio al próximo consejo de ministros. Desde que se instauró el estado de alarma el 14 de marzo, el grueso de los funcionarios está confinado en sus domicilios particulares y, en consecuencia, todas las jurisdicciones trabajan a medio gas.
Disposiciones urgentes
En respuesta al ruego del CGPJ, las corporaciones de los letrados han presentado varias sugerencias. La mayoría de ellas instan a adoptar medidas de choque y se centran sobre todo en aspectos relacionados con modificaciones de naturaleza legislativa.
El Colegio de la Abogacía de Tarragona (ICAT) ha abordado, entre otras cuestiones, la vertiente cuantitativa mercantil, es decir, la previsión del número de bancarrotas que presumiblemente van a aflorar.
Despidos temporales
Los autores de dicha evaluación son el letrado Lluís Badía y el abogado y economista Jaime Campá. Las magnitudes que manejan ambos expertos son realmente demoledoras. Sus estimaciones se basan en el número de expedientes de regulación temporal de empleo, que se calcula acabarán rondando los 480.000 en toda España.
Una empresa de construcción, en una imagen de archivo / EP
Con un criterio extremadamente conservador, Badía y Campá auguran que el 10% de los ERTE derivará en una demanda de insolvencia formal. Ello se traduce en la friolera de 48.000 solicitudes de fallido, una suma nunca vista en España, que entrarán casi de golpe en los 90 juzgados mercantiles existentes en todo el país. Tal guarismo incluye los preconcursos, los concursos voluntarios de acreedores, los concursos de personas físicas y los acuerdos de refinanciación.
Quiebras en el último decenio
En el periodo comprendido entre 2005 y 2019, estallaron en España 81.473 naufragios, con un promedio de 5.431 anuales. El año de mayor siniestralidad fue 2013, con un total de 9.937. En el polo opuesto, el de menor incidencias acaeció en 2006, con 968.
El estudio ICAT presentado al CGPJ toma en consideración el último decenio, de 2010 a 2019. En él sucedieron 68.862 infortunios de sociedades y personas físicas, lo que arroja un promedio anual de 6.886. De los datos transcritos se desprende que el alud previsto para los meses venideros multiplica por siete la media anual de los últimos diez años.
Tres meses infernales
Además, el ICAT calcula que el 70% de este torrente de calamidades surgirá en los tres meses siguientes a la reapertura de los juzgados mercantiles y el 30% restante, en un periodo no superior a seis meses.
Por lo que respecta a Cataluña, las proyecciones del ICAT arrojan casi 9.000 fiascos en el plazo de seis meses. Al igual que ocurre en el resto de España, la previsión es que un 70% explote antes de noventa días, lo que supondría 6.300 batacazos hasta finales de julio.
Los percances en las provincias catalanas
El ICAT eleva a 6.500 los hundimientos que se producirán en la provincia de Barcelona; a cerca de un millar en Girona y en Tarragona; y a unos 500 en Lleida.
Imagen de una línea de montaje de Renault, que recuperó ayer lunes su actividad / EFE
Los 11 juzgados mercantiles de Barcelona tienen en estos momentos en trámite entre 400 y 500 casos cada uno, por lo que su carga de trabajo se doblará de golpe con creces.
Fase terminal
Además, las empresas y ciudadanos que se acojan a los beneficios legales del concurso serán sustancialmente distintos de los que lo hacen de forma habitual.
Hasta ahora, la mayoría de expedientes corresponden a compañías que se hallan en fase de desguace. Sus gestores acuden a la jurisdicción mercantil para evitar que se les pueda imputar la responsabilidad personal por el desaguisado, en cuyo caso habrían de pechar con su propio patrimonio.
Urge la toma de medidas
En cambio, el diluvio inminente de desastres empresariales se debe por completo al parón económico forzado por el Gobierno. En semejantes circunstancias, la única tabla de salvación reside en acogerse al concurso de acreedores y así lograr la necesaria reordenación de su endeudamiento. El informe del ICAT advierte de que si no se arbitran medidas urgentes y extraordinarias, se va a producir un colapso total de la jurisdicción mercantil.
Además, insta al CGPJ a dar curso con la mayor celeridad posible a la avalancha de demandas. De esta forma, las empresas podrán volver de nuevo al mercado con sus balances rehechos. “A la luz de estos hechos cabe, pues, una profunda e inmediata reflexión sobre la que, para nosotros, debe ser una urgente movilización de recursos materiales y humanos, a fin de que encaucen la catarata de demandas que van a llegar a los juzgados mercantiles”, apostillan los autores del informe que ha presentado el Colegio de la Abogacía de Tarragona.