El portazo de Sevilla en REE crea sensación de caos en el Gobierno de Sánchez

La decisión de Jordi Sevilla de presentar este martes su dimisión como presidente de Red Eléctrica Española (REE) en el consejo de administración de la compañía ha supuesto un nuevo golpe para el recién estrenado Gobierno de Pedro Sánchez. Sabedores de que la relación del ex ministro socialista con la titular de Transición Ecológica y vicepresidenta, Teresa Ribera, era ya insostenible, Moncloa descontaba una salida ordenada, con el relevo ya convenientemente preparado, y no un portazo que contribuye a crear una sensación de caos en el Ejecutivo en sus primeras semanas y a la que trata de combatir como uno de sus primeros objetivos.

Pero la salida abrupta de Sevilla apunta precisamente a todo lo contrario. En primer lugar, porque el motivo principal de su marcha es el cúmulo de desavenencias con Ribera, a la que ha acusado de injerencias en la gestión de la compañía, cuando uno de los males que se le achaca al Ejecutivo es el de tener un carácter intervencionista. Y después, porque la llegada de Unidas Podemos a Moncloa no ha hecho sino agravar una situación que, ya de por sí, se había vuelto insostenible.

Concesiones a los socios

De forma pública, Sevilla ha criticado a la formación morada, tanto a través de las redes sociales como en uno de sus últimos libros. Incluso ha analizado el acuerdo con el PSOE para gobernar España.

Los críticos con el gabinete de Sánchez señalan como uno de los factores que ahondan en el desorden la existencia de concesiones a su socio de Gobierno, especialmente en materia económica (como la intervención en el mercado del alquiler y la derogación de parte de la reforma laboral) aunque también desde el punto de vista de las relaciones con países como Bolivia (con el episodio de los GEO en la embajada española) y Venezuela, con el reciente encuentro clandestino del secretario de organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta del país latinoamericano, Delcy Rodríguez.

Dimisión poco habitual

Al margen de estas circunstancias, la marcha de Jordi Sevilla, supone una contrariedad para el jefe del Gobierno que propició su llegada a la presidencia del operador del sistema eléctrico tras aterrizar en Moncloa, vía moción de censura contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy. A través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el Estado controla un 20% de la compañía y es su primer accionista, el que designa y cesa a los presidentes, tradicionalmente tras un cambio de signo en el Gobierno. Pero lo que no es habitual es una dimisión. Y menos, repentina.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera / EP

La relación entre Sevilla y Ribera nunca ha sido sencilla ni fluida. La ministra reprochaba al presidente de Red Eléctrica que actuara como si fuera él quien ocupara la titularidad del departamento; con una notable agenda, Sevilla frecuentaba contactos con empresas y organismos reguladores, lo que no era del agrado del Ministerio.

Frente a esto, el presidente de la empresa lamentaba este marcaje, que iba en contra de lo que siempre quiso hacer en Red Eléctrica: gestionarla como si de una empresa privada se tratase. Pero no es privada sino privatizada, un matiz lo suficientemente importante para abrir una brecha cada vez mayor.

La mecha de la CNMC

La situación desatada con los recortes retributivos propuestos el pasado verano por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) terminó de destapar la caja de los truenos. Sevilla fue de los más beligerantes con el contenido de los borradores de las circulares, que en la práctica suponía una notable reducción de ingresos para la compañía.

El presidente de Red Eléctrica no dudo en enarbolar la bandera de la batalla empresarial contra el regulador, en la que estaban los accionistas de las distribuidoras de gas (una de las actividades más penalizadas por los recortes), principalmente Naturgy y cerca de una veintena de fondos de inversión internacionales.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica siempre se vio inadecuada esa postura en una compañía participada por el Estado, desde la que se ponía en cuestión el trabajo de un regulador independiente a través de las alegaciones que presentó.

De lo laboral a lo personal

Ribera interpretó que correspondía al Gobierno (como así hizo), y no al gestor del sistema, afrontar la situación, sentándose a la mesa con la CNMC y tratando de llegar a un acuerdo dado que el nuevo marco retributivo desafiaba tanto las recomendaciones de política energética dictadas por el Ejecutivo como los planes para desarrollar la transición energética.

Otras cuestiones como la expansión de la compañía en el exterior terminaron por malograr una relación cuyos síntomas de deterioro habían traspasado ya las fronteras de lo personal, con veladas acusaciones por ambos bandos en relación con los nombres con los que se han hecho cábalas para sustituir a José María Marín Quemada en la presidencia de la CNMC próximamente (entre los que se encuentra el de Mariano Bacigalupo, actual vocal del regulador y esposo de la ministra).

Relevo, en breve

El consejo de Red Eléctrica trata este martes, como único punto del orden del día, la dimisión de Sevilla. No se espera que el Gobierno tarde mucho en designar a la persona encargada de ocupar el puesto vacante, pese a que la compañía ha reiterado que su gestión continúa con normalidad a partir de ahora porque las funciones ejecutivas corresponden al consejero delegado, Roberto García Merino.

También esta previsto que, hasta el nombramiento del nuevo presidente, la consejera coordinadora, Carmen Gómez de Barreda, asuma la labor de articular las funciones del consejo.

A tenor de lo sucedido, y aunque formalmente el nombramiento corresponde al Ministerio de Hacienda, como departamento del que depende la SEPI, la opinión de Ribera contará y mucho a la hora de designar al nuevo presidente de Red Eléctrica.