Un autobús de TMB, la empresa donde CGT ha conseguido que el TSJC revise los liberados sindicales / EFE

Un autobús de TMB, la empresa donde CGT ha conseguido que el TSJC revise los liberados sindicales / EFE

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El TSJC abre la caja de Pandora con los liberados sindicales

CGT consigue una victoria judicial en los autobuses de Barcelona que intentará llevar al resto de Administraciones, incluso fuera de Cataluña

3 diciembre, 2019 00:00

El reparto de liberados sindicales en el sector público será materia de debate en los tribunales. Así lo esperan los representantes de los trabajadores tras una reciente sentencia de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que afecta a la sección de autobuses de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y que CGT intentará llevar al resto del sector público de todo el país.

Así lo reconocen fuentes del sindicato, que consideran una victoria absoluta la resolución que ha visto la luz en noviembre. “Hemos peleado por ella desde 2015”, recuerda el delegado de la organización en la empresa de transporte público, Saturnino Mercader. Dan siete días exactos al grupo presidido por Maria Rosa Alarcón para que mueva ficha antes de recurrir de nuevo a la justicia y exigir su ejecución inmediata.

Eliminar delegados

¿Qué debería hacer TMB? Según la resolución del tribunal, eliminar todos los liberados sindicales que existen en la compañía que no son ni delegados de elección directa ni los denominados LOL, los que cada compañía tiene asignados por la Ley Orgánica de Libertad Sindical en función del número de los trabajadores. Es decir, los que se otorgaron a los sindicatos más representativos por un pacto entre las partes.

Fuentes de la sección de autobuses de TMB destacan que habría unas 10 personas entre liberados a jornada entera o parcial que podrían perder el tiempo dedicado a la actividad sindical a través del acuerdo que decaería. Serían tanto de CCOO como de UGT de Cataluña, las dos organizaciones con mayor fuerza en el territorio, además del Sindicato Independiente de Transportes (SIT), Coordinadora Obrera Sindical d’Autobusos (COS), ACAT, ACTUB, USOC y Bescanvi Sindical. Todas ellas, organizaciones, junto a CGT, con presencia en el comité de la sociedad.

De hecho, los mismos interlocutores mantienen que los denunciantes se dan un tiro en el pie porque también se pueden ver afectados de rebote por la iniciativa. Extremo que la organización afectada rechaza.

Error de los sindicatos

Pero, más allá del problema en TMB, lo que está en el aire es el alcance real de la resolución. CCOO de Cataluña defiende (y así lo hará ante el juez) que el impacto es limitado. El secretario general de Federación de Servicios a la Ciudadanía, Manuel Fages, justifica esta declaración con los argumentos jurídicos de la sentencia.

Fachada del TSJC, en Barcelona / GOOGLE

Fachada del TSJC, en Barcelona / GOOGLE

Afirma que el TSJC ha anulado el pacto que el comité de empresa de autobuses mantenía con TMB porque se firmó en 2010 y se ha renovado casi de forma automática. Por lo tanto, deja de tener vigencia desde que el PP aprobó en 2012 el Real Decreto Ley que recortaba todos los gastos del sector público, incluidos los laborales. Así lo decretan los magistrados ponentes de la resolución.

Alcalde de la resolución

“Cometimos un error, el de mantener el acuerdo después de esta fecha”, reconoce. Con todo, considera que el tribunal deja la puerta abierta a que se firmen nuevos pactos a posteriori. Es decir, que valida a la vez los que se han firmado en el sector público a partir de 2012 para otorgar más horas sindicales “que las mínimas marcadas por ley”, incluso en el Administración del Estado donde existen pactos similares.

Desde UGT de Cataluña también defenderán esta tesis, aunque reconocen que la resolución del debate abierto está en manos de un tribunal y que no se puede ser tan taxativo. Se ratifica de este modo el temor que existe sobre el alcance real de la resolución, que pondría en duda los liberados sindicales del sector público en su conjunto.

Impacto fuera de Cataluña  

CGT indica que varios comités de empresa incluso fuera de Cataluña se han puesto en contacto con los sindicalistas de TMB para ver cómo se puede extrapolar.

Se usaría como ariete en la batalla histórica entre las formaciones minoritarias y las más representativas de defensa de los derechos de los trabajadores. Y, tal y como destacan desde la cúpula de la empresa pública de Barcelona, todo ello gracias a un decreto de recortes del PP.

Elecciones en TMB

La cúpula de TMB no tiene la menor intención de ejecutar la sentencia que limita los “créditos horarios y permisos sindicales” que se dan en la actualidad en la división de autobuses, que da empleo a unas 4.000 personas. El resto de sindicatos afectados ya han avanzado que si se tocan los liberados convocarán de forma inmediata unas nuevas elecciones en el grupo, y no de forma centralizada como se hacía hasta la fecha. Lo harán en los seis centros de trabajo que existen en la sección de autobuses.

Rosa Alarcón, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona y presidenta del Instituto Municipal del Taxi (Imet) / EUROPA PRESS

Rosa Alarcón, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona y presidenta del Instituto Municipal del Taxi (Imet) / EUROPA PRESS

Hecho que implicaría que se pasaría de un comité de empresa central, un intercentros, a seis que funcionarían de forma independiente. O, lo que es lo mismo, de 29 miembros a hasta 130 personas, por lo que ganarían más liberados sindicales. Todo ello, con base en el acuerdo de hace nueve años que ha sido eliminado por ley. “¿Qué le cuesta más a las arcas públicas?”, inquiere Fages, “siempre se busca un equilibrio entre las partes que de forma obvia CGT no entiende”.

Denuncia ante la Fiscalía

El sindicato denunciante quiere ir más allá. Mercader relata que incluso valoran presentar una denuncia ante Fiscalía para evaluar si se está ante un caso de malversación de caudales públicos por el dispendio de TMB en horas sindicales que estarían al margen de la ley.

Tanto la empresa como el resto de sindicatos del comité de empresa presentarán un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Serán los magistrados de lo Social de este ámbito los que tendrán la última palabra sobre el uso de los liberados sindicales en el sector público. De la empresa de autobuses de Barcelona, pero también del resto de Administraciones del país.