¿Es Berlín el mejor ejemplo para frenar el precio del alquiler?

El Senado de Berlín ha aprobado esta semana la paralización de los precios del alquiler para los próximos cinco años. La medida, que ha salido adelante con el apoyo del Partido Socialdemócrata (SPD), Los Verdes y Die Linke (La Izquierda), sitúa a la ciudad como principal banco de pruebas de Europa en esta cuestión. No en vano, en España ya figura como bandera de precampaña de la izquierda, mientras que los inmobiliarios insisten en que la medida está destinada al fracaso si no se acompaña de la creación de un parque de vivienda pública asequible.

La norma berlinesa, que se aplicará a partir de 2020, fija los precios en un máximo de 9,80 euros por metro cuadrado para aquellas viviendas construidas antes de 2014. Con esto la administración local trata de dar solución al problema del alquiler en una ciudad en la que el 85% de los habitantes son inquilinos.

Críticas de los inmobiliarios

En Cataluña, la Generalitat intentó aprobar una limitación parecida el pasado mayo que, además de no tener efectos reales, terminó por ser tumbada en el Parlament. Sin embargo, el sector inmobiliario advierte de que una normativa en este sentido no conseguirá el efecto pretendido y terminará por perjudicar aún más el problema de acceso a la vivienda.

“Los ejemplos recientes que tenemos, como Berlín --que ya lo intentó previamente-- y París, no han dado buenos resultados. De hecho, en el último caso se acabó generando una economía sumergida en torno al alquiler”, afirma el director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font. En la capital francesa se aplicó la medida entre 2015 y 2017, hasta que fue derogada por la vía judicial. El pasado julio fue reintroducida de nuevo tras un cambio normativo que impide elevar la renta por encima del 20% de la media.

Disminución de la oferta

El sector en España ya ha avisado de que “cualquier medida relacionada a intervenir los precios generalmente disminuye la oferta”, como indica la directora del área residencial de la Inmobiliaria Forcadell, Marta Vilana. “Muchos propietarios ven que la rentabilidad no es la esperada y se retraen, lo que agrava la situación”, señala. Es lo mismo que remarca el director general de la Asociación de Promotores de Cataluña, Marc Torrent, que insiste en que si las rentas se limitan repercutirá en el “deterioro del parque existente porque el arrendador no dispondrá de capacidad para reformarlo”.

No obstante, el profesor del master de Ciudad y Urbanismo de la UOC, Xavier Anzano, opina que la medida no afectará a todos los propietarios por igual, sino que “debería ahuyentar a aquella parte de la inversión con espíritu especulativo o cortoplacista”. De hecho, considera que “el balance sería positivo” si esta parte “dejara el sector”.

"Reticencias del sector"

Por su parte, el Sindicat de Llogaters de Barcelona ve con buenos ojos la iniciativa berlinesa, que la considera una “medida valiente” que, de aplicarse en la capital catalana, “toparía con las reticencias de ciertos sectores”, denuncia la portavoz de la plataforma Irene Sabaté, que lamenta que en España se considere un “tabú” hablar de limitaciones de alquileres.

No obstante, desde el Sindicat de Llogaters reconocen que la limitación no puede ser la única iniciativa para facilitar el acceso a vivienda asequible, sino que debe ser parte de un “abanico de medidas”. La principal, el aumento del parque público. De hecho, Berlín ha complementado su medida con la compra de 6.000 viviendas.

Colaboración público-privada

Es en ese punto en el que coincide el sector inmobiliario, que ve con buenos ojos la colaboración público-privada. “Hay que acabar con el problema de raíz”, explica Vilana, que considera que “para que el mercado fluya hay que aumentar la oferta. También lo secunda Torrent, que invita a un “gran pacto entre el sector privado y la administración para sentar bases de una colaboración concreta”.

Una de las iniciativas que los inmobiliarios ven con buenos ojos es la propuesta del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que esta semana se ha abierto a licitar suelo público para que los operadores puedan construir viviendas de protección oficial con un plazo de gestión de 50 años. “El sector está abierto a buscar fórmulas, pero reclamamos consenso y diálogo a las administraciones”, sentencia Torrent.