Los comerciantes alzan un muro contra el polémico sistema de recogida de envases SDDR

Los comerciantes alzan un muro de rechazo ante el sistema de recogida de envases SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno). Patronales y asociaciones de botiguers, pero también toda la cadena de valor de fabricación y distribución de envasados de un solo uso, avisan a Gobierno y Generalitat de Cataluña de que los costes del reciclaje de plástico, que ven "necesario aumentar", deben "repartirse entre todos".

Así lo han manifestado tanto fuentes del sector a nivel nacional como organizaciones autonómicas que agrupan a comercios y supermercados pequeños y medianos. Por un lado, voces cercanas a las patronales han recordado que el sistema SDDR "es una opción que sopesaron algunos gobiernos autonómicos y administraciones locales para aumentar las cifras de reciclaje de envases de plástico, pero las dificultades legales la han frenado". ¿Cuáles? "Para abordar esta cuestión hay que trasponer tres directivas europeas distintas. Asimismo, el Gobierno está elaborando un estudio sobre esta vía de reciclaje. Con las elecciones [del 10 de noviembre] en medio, no se prevé un desbloqueo a corto plazo", explican. ¿Qué ocurriría si ello ocurriera, esto es, que viera la luz un nuevo plan para el reciclaje para envases de un solo uso? "Que debería ser a nivel nacional, algo que siempre han pedido los comerciantes, y nada hace prever que ello sea así, habida cuenta de los distintos ritmos entre autonomías", recuerdan.

'No' a este sistema, sí a otros

Este mismo directivo ha admitido que es "necesario y deseable" aumentar el nivel de reciclaje en este campo. "Tanto como sea posible". Ello, no obstante, debería hacerse "sopesando todas las opciones". ¿A qué se refiere? "El SDDR aumenta por encima del 90% el porcentaje de envases de usar y tirar que se devuelven. Pero otros sistemas también. Y presentan menos costes", ha argumentado. A estos costes se refiere, precisamente, Emiliano Maroto, secretario general de la Agrupació de Botiguers i Comerciants de Catalunya (ABCCat). "No se puede cargar todo el peso de la implantación de este sistema sobre los negocios. Cuando se trató de imponer pruebas piloto [en 2013 y 2017] ya recibimos quejas de algunos afiliados. Y es que el comercio es siempre el patito feo de la administración. Siempre cargamos con todo", ha lamentado.

En otro tono se ha manifestado Joan Guillén, del Consell de Gremis de Comerç Serveis i Turisme de Barcelona. "Entendemos que este proyecto está en fase de diseño. Como otras iniciativas en favor del medio ambiente, la evaluaremos, porque queremos participar. Pero no nos pronunciaremos hasta que esté finalizada. ¿Es la mejor opción? Hay que evaluarlas todas", ha emplazado el directivo. Según él, el polémico proyecto del sistema SDDR "es parecido a otros que se buscan imponer para atajar el desperdicio de alimentos. ¿El fin es loable y queremos colaborar para que se logre? Sí. ¿Hay que estudiar todas las opciones y elegir la mejor opción? También", ha señalado.

Un revés más

La nueva muestra de rechazo de los comerciantes al sistema SDDR, una solución que impulsa la multinacional sueca Tomra mediante una tupida red de organizaciones ecologistas afines, algunas de ellas subvencionadas o directamente pilotadas por la compañía, supone un nuevo revés para la firma que lo pergeñó. Como avanzó este medio, Tomra ya ha borrado del mapa el mercado español de sus planes de expansión. Lo ha hecho después de acercarse a las administraciones en 2017 --la Agencia de Residuos de Cataluña llegó a elaborar un informe de parte favorable al sistema-- , no sin polémica. Los primeros test en la región y resto de España --como en Pamplona por San Fermín-- revelaron graves deficiencias o incluso amaños que pusieron en un brete a la compañía, el lobi que ha creado para impulsar su producto y Retorna, la asociación cívica paraguas que buscaba allanarle el terreno en España.

Precisamente, trascendió también que Miquel Roset, director de Retorna, había trabajo para Tomra y disfrutaba de un elevado tren de vida que contrastaba con su nueva etapa profesional filantrópica y, teóricamente, en favor del medio ambiente. No en vano, se estima que si al menos una administración autonómica como la catalana optara por este sistema, la facturación extra equivalente de la compañía sueca crecería del orden de unos 135 millones de euros.