La dirección independentista de la Cámara de Comercio de Barcelona, encabezada por Joan Canadell, ha conseguido en el segundo pleno de su mandato que las grandes compañías catalanas se desmarcasen de otro mensaje político de la institución empresarial. En esta ocasión, con salidas del pleno y quejas por el tono de la declaración institucional que se ha aprobado en la capital catalana y que se quiere llevar a las 12 organizaciones territoriales restantes.
En ella, se habla de forma explícita de “presos políticos” y se afirma que el juicio del Tribunal Supremo sobre el procés afecta a personas que “ejercieron derechos fundamentales reconocidos a la Declaración Universal de Derechos Humanos (y por la propia Constitución española)”. Además de ponerse a disposición de las “instituciones y la sociedad civil” con el fin de “sumar una reacción efectiva y lo más unitaria posible que se convierta en una verdadera respuesta de país”, y que ésta tenga “impacto más allá de nuestras fronteras”.
Demanda a patronales y sindicatos
Asimismo, se afirma que en Cataluña se vive un “momento excepcional” de “regresión de derechos y libertades” y se atribuye a la “judicialización de la política que ha vivido y vive nuestro país” la “falta de seguridad política y la inestabilidad económica que se deriva” de ello.
Habla de la “defensa no violenta de la democracia, la libertad y los derechos individuales y colectivos”, y hace un llamamiento a las patronales y los sindicatos catalanes, que se han puesto de perfil en las demandas politizadas en esta etapa del procés, a añadirse a la declaración. También les reclama “trabajar de forma conjunta por el restablecimiento de los derechos y libertades a nuestro país, en beneficio de la ciudadanía, de las empresas y de sus trabajadores”.
Portazos en el pleno
Tanto la forma como el fondo de la declaración ha sido lo que ha generado las quejas en el plenario. El más vehemente, según los presentes, ha sido el candidato de Pimec en las últimas elecciones camerales, José María Torres, que ha exigido a Canadell y al equipo de Eines de País, surgido de la ANC, que se centrase en la defensa del interés de las empresas y no en declaraciones políticas. Les ha afeado la falta de debate sobe cuestiones de actualidad como el incremento del paro en Cataluña y ha anunciado que no pensaba participar ni en debates ni en votaciones ideológicas antes de abandonar el plenario.
Edificio de la Cámara de Comercio de Barcelona / CG
No ha sido el único que lo ha hecho. Otros miembros de su candidatura, que se presentaba en coalición junto a Enric Crous, la de Carles Tusquets --que se ha quedado para expresar su voto en contra-- y algunos representantes de las empresas de mayor aportación económica, las llamadas sillas de plata, también han evitado entrar en este debate con portazos más o menos sonoros.
La representante de Caixabank, por ejemplo, ha decidido abandonar el pleno antes de que se iniciase un debate bronco en el que se ha llegado a plantear si la iniciativa era legal. Cuestión que el secretario de la Cámara, Xavier Coronas, ha detallado que supera el objeto social de la institución empresarial, pero que se puede abordar si así lo pide el consejo, formado únicamente por miembros de Eines de País.
Bajas en el pleno
No han tenido que ejemplificar el rechazo grupos como Banco Sabadell, Criteria, Naturgy o Aigües de Barcelona, entre otros, ya que los representantes designados en el plenario de la Cámara de Comercio de Barcelona habían excusado su presencia por problemas de agenda.
Las bajas en la sesión han facilitado que los independentistas pudieran llevar a buen puerto su propuesta a pesar de haber perdido la mayoría en el plenario. Ocupan 30 sillas, el mismo número de personas que han entrado en la institución empresarial en listas distintas a las del equipo de Eines de País. Con todo, en esta votación han conseguido otro voto más a favor de su propuesta.
Orden del día
Los que han dejado el plenario explican que para conseguir esta ventaja han contado a su favor con un elemento sorpresa. Y es que la declaración independentista no estaba en el orden del día de la sesión, donde sólo se ha presentado un informe del presidente; se ha aprobado dar la Medalla de Honor de la corporación a título póstumo a Miquel Valls; se han comunicado las grandes cifras del informe del tesorero; se han abordado varios nombramientos y se ha dado apoyo a la candidatura Pirineus-Barcelona 2030.
La consejera de Empresa, Àngels Chacón (c), junto al presidente del Consejo General de Cámaras de Comercio, Joan Canadell (c), y el resto de miembros de la institución / GENCAT
La declaración política se ha debatido al final, como una cuestión urgente. También se ha aprobado en las Cámaras de Girona, Palamós y Valls en el marco de la estrategia de los independentistas de que todo el Consejo General se sume a su posicionamiento político. El resto de organizaciones se resisten y algunas, como la Cámara de Terrassa, ya ha comunicado que no firmará la declaración institucional. Sí que ha publicado una nota de prensa en la que habla de presos políticos y reclama una “sentencia absolutoria”, pero no irá más allá.
Pago de cuotas obligatorias
No ha sido la única propuesta que Canadell ha colado en la sesión. También ha anunciado que elevará a la Cámara de España que se recuperen las cuotas de pago obligatorias para todas las empresas y autónomos. Plantea el cobro de 100 euros anuales para alcanzar un presupuesto de 60 millones, otra cuestión que ha generado malestar.
Los presentes en el plenario han reprochado a Eines de País el sentido que ha tomado un mandato que han asegurado que está en entredicho. Les han recordado que hay varias demandas judiciales presentadas contra el resultado electoral y que empiezan a ser admitidas a trámite. El pleno de octubre ha superado las tres horas de duración.