La Generalitat llevará al Gobierno a los tribunales para justificar sus recortes

El vicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía, Pere Aragonès, ha anunciado este miércoles que llevará al Gobierno central a los tribunales por el impago de los adelantos del modelo de financiación de este año, que ascienden a 874 millones de euros.

Así lo ha señalado durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Parlament para explicar el recorte del 6% de los presupuestos de la Generalitat recientemente aprobado, y que supone unos 1.300 millones de euros.

Incumplimiento del Gobierno

Aragonès ha justificado estos ajustes por la retención de los adelantos del modelo de financiación por parte del Gobierno (los citados 874 millones) y por el impago de otros 400 millones de euros correspondientes a la liquidación del IVA de 2017.

"El Gobierno está incumpliendo sus obligaciones con las CCAA. Es una deslealtad contra los ciudadanos de este país [por Cataluña] y del Estado español. Es surrealista. No transfieren los recursos que nos tocan y amenazan con una intervención. No hacen su trabajo y nos quieren castigar", ha señalado para apuntalar el discurso de la "asfixia económica del Gobierno español contra Cataluña".

Demanda conjunta de las CCAA

El Govern aprobará la interposición del recurso por la vía contenciosa en su reunión del próximo martes con el argumento de que el Gobierno incumple la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). "Iremos hasta el final", ha advertido.

Además, el vicepresidente de la Generalitat ha invitado al resto de gobiernos autonómicos a sumarse a la demanda, ya que ha destacado que el impago de los anticipos de 2019 afecta a todas las CCAA, no solo a Cataluña.

Límite de déficit del 0,1%

También se ha quejado de que el Gobierno no haya modificado el límite de déficit del 0,1% a las CCAA, lo que en su opinión obliga a llevar a cabo los recortes del 6%. Aunque ha rechazado tildarlos como tales: "No son recortes, porque esto sería un ajuste lineal. Gastaremos 1.000 millones de euros más --este año respecto al anterior--; si gastamos 1.000 millones no son recortes, en todo caso son menos recursos de los que se podrían gastar".

Imagen de archivo de María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones, que hoy ha hablado de la lucha contra el fraude fiscal / EUROPA PRESS

Y ha criticado que el Ejecutivo nacional argumente que está en funciones para justificar la no transferencia de recursos, tal y como aseguró la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Aragonès le reprocha que el Ejecutivo sí haya aprobado contratos de gasto militar por más de 2.000 millones de euros o incrementos salariales a funcionarios.

"Centralismo puro"

"Es mentira que seamos el Estado más descentralizado del mundo porque las CCAA no pueden tener los recursos que le tocan por ley. Es centralismo puro, jacobinismo", ha insistido el líder independentista. 

Y ha sentenciado que "en materia de hacienda pública no pasa lo que quien paga, manda, sino quien cobra, manda" puesto que esta situación "afecta a todas las CCAA excepto el País Vasco y Navarra, porque ellas recaudan". "El problema no es de gasto sino de quién recauda", concluye. 

"Garantizar servicios básicos"

En todo caso, Aragonès ha asegurado que la decisión de no poder "adquirir nuevos compromisos de gasto" tiene algunas "excepciones" con el objetivo de "garantizar servicios básicos".

Estas excepciones incluyen las nóminas del personal público, el cumplimiento de obligaciones con mandato legal, la contratación ya cerrada, las subvenciones aprobadas, las decisiones de órganos superiores como el Parlament, los gastos finalistas, los gastos relativos a educación general y universitaria, a centros de atención primaria, a hospitales, a la salud pública, a la política de vivienda, a la de dependencia, a la de inmigración, a la de lucha contra la pobreza, a políticas de infancia, de empleo y de prevención de incendios. Así como otros gastos autorizados específicamente por el departamento de Vicepresidencia.

Presupuestos de 2020

El conseller de Economía también ha destacado la importancia de aprobar unos presupuestos para el próximo año --en la actualidad siguen en vigor los de 2017-- por lo que ha anunciado que la primera semana de septiembre empezará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para tratar de llegar a un acuerdo.

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, junto al expresidente Quim Torra en el Parlament en una imagen de archivo / EFE

"Si sigue esta situación en 2020 será insostenible para los servicios públicos del país, y no nos lo podemos permitir", ha advertido. Otro llamamiento velado a un adelanto electoral al que se resiste su socio de legislatura, JxCat. 

Apoyo al Open Arms

Al principio de su intervención, y más como un elemento de propaganda que no de la cuesión que ocupaba la Comisión, Aragonès ha criticado la reacción del Gobierno a la crisis del Open Arms en la costa italiana, asegurando que reaccionaron "tarde y mal". "No compartimos posicionamientos de gobiernos que han decidido ser fuertes con los débiles, y débiles con los fuertes, bloqueando la llegada a puerto y ofreciendo puertos seguros tarde y mal, cuando la situación es insostenible", ha lamentado.

Tras reconocer el trabajo de la ONG Open Arms, ha llamado a afrontar la crisis de la inmigración con determinación a nivel político. "No podemos restar impasibles ante la muerte de personas que huyen de la desesperación. Se está produciendo un genocidio en las aguas del Mediterráneo. No por mirar hacia otro lado la cuestión deja de existir", ha declarado. En medio de la crisis por los recortes, el vicepresidente de Economía ha manifestado que es "urgente que desde la UE seamos proactivos para consensuar una política de inmigración que ponga por delante los derechos humanos".