El Circuit de Barcelona-Cataluña se quedará sin el Gran Premio de España de Fórmula 1 a partir del próximo año por la falta de acuerdos sobre cómo se pagará el canon que percibe el organizador del evento deportivo, Liberty Media. Por ello, el RACC ha movido ficha y ha pedido a “todas las Administraciones y al mundo empresarial, consenso y unidad de acción” para sacar adelante la renovación del contrato.
Vicenç Aguilera, el director de la infraestructura del motor, tiene atravesado el acuerdo con la gestora de la competición reina del sector desde hace un año. Su presidente, Chase Carey, participó en el acto de presentación de la carrera de 2018 junto a los responsables del Circuit y los de la Generalitat. El entonces secretario de Empresa y Conocimiento, Pau Villòria, aseguró que había sido la vigencia del artículo 155 la que frenaba el pacto económico. Pero 12 meses más tarde, la “situación anómala” que se denunció en ese momento sigue igual.
Reparto de la propiedad
El RACC mantiene algo más del 15% del capital social del Circuit. Otro 8% está en manos del Ayuntamiento de Montmeló y el 77% restante lo controla el Gobierno catalán. Ha conseguido esta cuota al suscribir de forma íntegra las sucesivas ampliaciones de capital que el equipamiento deportivo ha necesitado para evitar la quiebra. Con todo, el Ejecutivo de Quim Torra aseguró que no se podía mantener la política de aportaciones sin más y en enero le brindó una autorización extraordinaria para que llevara a cabo más operaciones de endeudamiento por un importe máximo de 42 millones, eludió una nueva inyección de capital para resarcir los estados financieros de la sociedad.
Tribuna y llegada a meta del Circuit de Barcelona-Cataluña en Montmeló, remontada / EUROPA PRESS
Tribuna y llegada a meta del Circuit de Barcelona-Cataluña en Montmeló / EUROPA PRESS
A 12 días de la junta general de accionistas de socios del Circuit, que irá seguida de una extraordinaria para abordar esta cuestión, el grupo automovilístico defiende que “apostar por el Gran Premio de F1 en Cataluña es una decisión estratégica a nivel empresarial, económico y deportivo” y reclama a las partes implicadas que encuentren “con urgencia, la mejor solución”.
Impacto económico de 163 millones
Señala que la competición es “uno de los acontecimientos deportivos más importantes que se celebran cada año en el mundo”. También destaca el impacto económico de la carrera, que se queda “cerca de los 163 millones” y que “genera 2.700 puestos de trabajo directos” en sectores como los servicios, la automoción, el turismo, los transportes y el ocio.
Esta cifra supera los 24 millones de canon anual que percibe Liberty Media para llevar la competición a Montmeló. Se prevé que en el nuevo acuerdo que Carey y Aguilera han debatido vaya más allá, ya que el importe corresponde al pacto que decae en 2020. El problema es que los actuales gestores del Circuit ni siguiera tienen comprometidas las aportaciones para cubrir esta cantidad.
Reputación internacional
La caída de público en las últimas ediciones no ha ayudado a convencer a las Administraciones implicadas. Tampoco al Ayuntamiento de Barcelona, que a pesar de mantener su nombre en la infraestructura decidió durante el mandato que acaba de terminar remitir al mínimo las aportaciones económicas al Circuit. La alcaldesa en funciones, Ada Colau, argumentó que no veía claro el retorno que generaba la inversión.
Para el RACC, la F1 lleva a la “máxima visibilidad a nivel mundial” y “contribuye de manera importante a generar una gran reputación de excelencia organizativa positiva” que supone un refuerzo positivo para la “imagen y proyección internacional de nuestro territorio”.
Por todo ello, reclama “colaboración, consenso, solidez y unidad de acción” con el objetivo de “alcanzar un acuerdo estable para que los próximo años” la F1 de quede en Montemló. También extiende la petición a empresas privadas, cuya participación puede ser clave para garantizar la continuidad de la carrera.