Foment del Treball carga contra el “riesgo de ideologizar” la gestión del agua

Foment del Treball ha publicado este martes un alegato a favor de la colaboración público-privada de los servicios del agua. La comisión jurídica de la gran patronal catalana ha alertado del “riesgo de ideologizar” el debate sobre las formas de gestión de los recursos.

Concluye que el “concepto de remunicipalización” que se ha impulsado desde los gobiernos de la nueva izquierda “se usa de forma imprecisa”. Los juristas de la organización empresarial liderada por Josep Sánchez Llibre recuerdan que apostar porque una empresa pública tome el relevo de una privada en el suministro de agua potable implica “reinternalizar” un servicio que nunca ha dejado de ser público. Afirma que el debate abierto versa sobre el modelo de gestión del servicio y no sobre su naturaleza.

Concesión de los servicios

No se trata de una cuestión menor, ya que cambia el enfoque sobre el posible problema de que un privado se encargue del trabajo mediante un contrato de colaboración público-privada. Para Foment del Treball, la concesión es la mejor alternativa para “asegurar la eficiencia, la innovación y la capacidad de financiación”, mientras que la Administración debe ejercer un papel de “dirección y control” de las compañías.

Apunta también que la mayor flexibilidad en la gestión de personal, las menores restricciones procedimentales y la mayor preocupación por los resultados finales, ya que comportan incentivos, son otros argumentos a favor de la gestión indirecta.

Propuesta normativa de Podemos

La reflexión de la Comisión Jurídica parte de la proposición de Ley de Bases para la Regulación de los Servicios de Agua y Saneamiento que Unidas Podemos presentó en el Congreso de los Diputados en diciembre de 2018. La formación liderada por Pablo Iglesias defendía que la mejora alternativa era la gestión pública y lo justificaba con los elementos que la patronal identifica como ideológicos más que sobre la calidad final del servicio.

Esta iniciativa se abordará en la legislatura que se ha inaugurado este martes. Va en la misma línea que la posición defendida por el Ayuntamiento de Barcelona en el mandato de Ada Colau que toca su fin. El consistorio de la capital catalana y el Área Metropolitana han destinado multitud de recursos en estudiar si existía alguna fórmula para resolver el contrato con Aigües de Barcelona e imponer un nuevo operador municipal. Por ahora, sin éxito.

Consejo Metropolitano de mayo

De hecho, en el último Consejo Metropolitano de la legislatura ha aprobado aportar otros cuatro millones de euros a la empresa mixta que se habían retenido en el plenario de febrero, cuando se analizaron las inversiones que la compañía había programado para 2019. La vicepresidencia de Medio Ambiente, encabezada por Eloi Badia (BComú), determinó en ese momento que no había lugar para varios proyectos y ha aceptado en el periodo de alegaciones otras tres mejoras de la red, las que constituyen la aportación actual.

El enfoque sobre cómo se tiene que gestionar el agua en el AMB y el pulso que los representantes de Colau han mantenido con la concesionaria del servicio ha propiciado que choques en el Gobierno tripartito de la institución supramunicipal. Las discrepancias con PSC y ERC han estado a la orden del día, aunque siempre se han aprobado todas las iniciativas que se han planteado.

 “La existencia de importantes empresas privadas prestadoras de servicios públicos enriquece el tejido empresarial y ayuda a una mejor prestación”, ha sentenciado Foment del Treball en su comunicado.