El TSJC autoriza a la Generalitat a desahuciar a Acciona de ATLL

Acciona debe ceder la gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a la Generalitat de Cataluña. Así lo han dictaminado dos salas distintas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que se han pronunciado sobre la guerra del agua en Cataluña en la última semana. Se trata de la sección segunda y la quinta de lo Contencioso-Administrativo.

Han respondido en el mismo sentido a dos recursos que había planteado la compañía de los Entrecanales. En ellos, les confirma que deben abandonar la gestora de agua y traspasar todas las responsabilidades del día a día a un equipo de profesionales que han sido designados desde el departamento de Territorio y Sostenibilidad. La nueva dirección encabezada por Josep Andreu Clariana que en los próximos días se convertirá de forma efectiva en el nuevo presidente de la ATLL pública.

Medidas cautelares

Los magistrados de la sección quinta desestiman paralizar de forma cautelar una resolución que el consejero de este ámbito, Damià Calvet, emitió el pasado 20 de diciembre. En ella, se anunciaba la “finalización de la prestación” del servicio de agua al consorcio liderado por Acciona. Se recurrió al entender que vulneraba las propias reglas de juego que había marcado la Generalitat solicitar que abandonaran la compañía sin haber cerrado un pacto sobre la indemnización económica que deben percibir, el conflicto que genera la guerra del agua. 

El vicepresidente de Economía, Pere Aragonés (d), junto al consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet (2i), en una comisión sobre ATLL / CG

El TSJC desmonta este argumento. La resolución a la que ha tenido acceso Crónica Global concluye que “los perjuicios que pueda sufrir la actora son de índole meramente económica, por lo tanto reparables”. Por ello, determina que “no puede justificar la adopción de la medida cautelar solicitada”.

Sin perjuicios de imposible reparación

En el documento asegura que la actora no puede plantear una “hipotética convalidación o conservación del contrato” porque fue “descartado al resolverse el incidente de ejecución” planteado en una sentencia anterior. También declina que el consorcio que aún gestiona ATLL se acoja a “razonamientos relativos al impacto económico-presupuestario que pueda comportar para la Hacienda de la Generalitat” el pago de la indemnización. Le advierte de que “no se halla legitimado para asumir la defensa de los intereses generales, lo que excede de su ámbito de actuación”.

Circunscribe el debate en si el “cese en la prestación transitoria del servicio” del agua puede “producir daños o perjuicios de reparación imposible o difícil”. Y se muestra claro en este caso: “Como ocurre con frecuencia en el ámbito de la contratación administrativa, la liquidación del contrato puede realizarse con posterioridad a la terminación de los efectos del mismo”.

Contencioso contra la liquidación

El Alto Tribunal catalán señala que Acciona y sus socios en ATLL, las familias Rodés y Godia-Torreblanca y el fondo Pioner Point Partners, percibirán “en su momento las cantidades resultantes de la liquidación contractual”. Incluso les recuerda que el importe que determine el Gobierno catalán “podrá ser discutido a través del correspondiente recurso contencioso-administrativo” si no está de acuerdo con la cuantía.

Pero, por el momento, debe cumplir con el requerimiento del Gobierno catalán y ceder la gestión.

Alegación de derechos fundamentales

La sección segunda ha respondido a otra demanda del consorcio contra el proceso de desahucio administrativo que había iniciado la vicepresidencia de Economía de la Generalitat. En este caso, los Entrecanales y sus socios alegaron que el Ejecutivo de Quim Torra había vulnerado sus derechos fundamentales al pedirles que le devolviera la gestión de los activos de titularidad pública y activaba el procedimiento especial.

José Manuel Entrecanales, el presidente ejecutivo de Acciona, la empresa que lidera el consorcio que por ahora mantiene la gestión de ATLL / EFE

El TSJC es especialmente duro en su resolución, a la que también ha tenido acceso Crónica Global. En este caso, condena al consorcio a pagar las costas y le recuerda que “ha visto rechazada en su totalidad las pretensiones, no existiendo razones excepcionales para su imposición, ni serias dudas de hecho o de derecho para la resolución del presente pleito”.

Resolución muy dura

Los magistrados concluyen que invocar los derechos fundamentales supone una “inadecuación del procedimiento” que sancionan de esta forma. Señalan que tanto a Acciona como a sus socio “no se les ha impedido en momento alguno el acceso a los tribunales para la defensa de lo que estima ajustado a sus intereses” y le deja claro que “tiene todo el derecho a reclamar lo que considera que le corresponde”.

Pero ha escogido un camino judicial que no es el pertinente. La sala advierte al consorcio que “no puede hacer es utilizar la vía especial de protección de los derechos fundamentales para defender lo que constituye una cuestión de legalidad ordinaria”.

Cambio de gestor

El consorcio que aún gestiona ATLL puede recurrir ambos procedimientos, que no inciden en la causa de fondo de la guerra del agua que también se dirime en el TSJC. La batalla con el Gobierno catalán para que paguen la indemnización que creen que les corresponde. Un cálculo de 1.074 millones de euros que choca con el de la Generalitat, cuyo cálculo provisional se queda en los 53,86 millones.

Sus portavoces siempre han dejado claro que una vez concluyeran los procesos jurídicos, no se enrocarían en ATLL. El departamento de Territorio retomará la próxima semana las actuaciones necesarias para completar el desahucio y tomar el control de la gestora de agua siete años después de su concesión.