Colau tapa el 'caso Aerobús' en el Área Metropolitana

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) tapa el caso Aerobús y, además, con formas más que cuestionables. La institución que preside Ada Colau, a la sazón alcaldesa de la Ciudad Condal, rechaza aportar a la oposición la información de que dispone de la existencia de un supuesto cártel de empresas para ganar el concurso del bus lanzadera que une la capital catalana con el aeropuerto de El Prat. Lo que es más, también descarta que su nueva Agencia de Transparencia analice el caso, pese a que el expediente está siendo investigado por Competencia y ha recalado en la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC).

A preguntas del grupo metropolitano de Ciudadanos, el gobierno del AMB respondió ayer que "todo lo que conocían era por la prensa" y que no podían arrojar más luz sobre la doble investigación que pende sobre la licitación: la propia de Antifraude y otra de la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco). Instado a realizar pesquisas internas mediante la nueva y flamante Agencia de Transparencia para cerciorarse de que la contrata de 89 millones de euros se ajustó a ley, el Ejecutivo tripartito de Entesa (Barcelona en Comú más ICV), PSC y ERC lo descartó.

"Una muestra más de mal gobierno"

El regate al escándalo del Aerobús, del que ayer se escribió un nuevo capítulo al informar Competencia de que ha incoado expediente sancionador contra las empresas Alcoyana, Cinesi, Tusgsal, Transports Ciutat Comptal (Moventia y Transports Metropolitans de Barcelona) y Serveis Generals de Movilitat i Transports (SGMT) por presunta colusión o amaño del concurso público, sublevó a la oposición. Santiago Alonso, portavoz de Ciudadanos, señaló tras el pleno del consejo metropolitano que el asunto "era una muestra más de mal gobierno del AMB, con casos tan flagrantes como la gestión del agua o el Nitbus, que aún colea".

Imagen del Aerobús, lanzadera que une Barcelona con el aeropuerto de El Prat / CG

Alonso lamentó que "la información de la que se dispone es escasa, pero los indicios de colusión, con un expediente abierto por una institución seria como la Acco, son muy graves". El también concejal en el Ayuntamiento de Barcelona detalló que el Área Metropolitana podía haber renovado la concesión del lucrativo servicio --transporta a casi seis millones de pasajeros al año y genera pingües beneficios-- de dos maneras. "O haciendo un concurso abierto al que concurrieran empresas privadas o mediante un encargo de servicio a TMB. Una fórmula era privada y la otra pública. Y ambas posibles", explicó. No obstante, la institución acabó optando por una fórmula mixta que ahora investigan Antifraude y Competencia. "Se decantaron por una vía media, en la que el propio AMB concursaba por el servicio con la participación del 33% que tiene TMB en Transports Ciutat Comtal", ha criticado el edil.

Mentiras y silencios

Alonso, habida cuenta de los datos que se conocen, parece tener razón. El vicepresidente ejecutivo del AMB, Antonio Balmón, mintió ayer cuando aseguró que "se había enterado del caso por la prensa". En la propia nota pública que emitió la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) horas antes [leer aquí] el ente recalcó que se había puesto en contacto con el Área Metropolitana para informarle del expediente. Fuentes del sector del transporte han indicado a este medio que Competencia --que ayer no quiso aportar su versión, al ser una investigación en marcha-- ha advertido también privadamente a la institución supramunicipal del doble daño que podría estar cometiendo. "Por un lado, el hecho de provocar la nulidad del concurso si se demuestra la colusión, cuyos indicios son muy claros. Por el otro, del perjuicio en dinero público, pues se habría adjudicado un servicio a un cártel de empresas que no ofrecieron la oferta más ventajosa", explicó un directivo de la industria que quiso permanecer en el anonimato.

Pese a obrar estos avisos en su poder, el AMB insistió ayer que recibía la información por la prensa. Un portavoz de la institución no contestó a las preguntas de este medio. Tampoco lo hicieron la transportista independentista Moventia, vinculada a la familia Martí --expresidente del lobi nacionalista Femcat- ni la cooperativa laboral Tusgsal.

En el baile de silencios, quien sí habló fueron directivos del sector del transporte. Adviertieron de que el caso Aerobús irá in crescendo, pues habría cargos en el AMB con cónyugues que poseen acciones de Tusgsal, una de las ganadoras del concurso. Hasta que ello trascienda y se demuestre, no obstante, quedan los hechos. Lo factual es que la institución que preside Ada Colau y dirigen los comunes junto al PSC y ERC ha utilizado la Agencia de Transparencia para abrir un expediente por presunta falta de transparencia a Aguas de Barcelona (Agbar), como anunció a bombo y platillo el concejal de Presidencia de Barcelona, Eloi Badia, el pasado 16 de noviembre. No obstante, el AMB ha vetado el uso de la misma Agencia de Transparencia, que azuzó contra Agbar, para investigar sus propias y hasta el momento supuestas irregularidades.