La Sindicatura ve indicios de delito en Antifraude en la etapa de De Alfonso

La Sindicatura de Cuentas ha detectado incidencias "perseguibles administrativa y judicialmente" en la gestión de la OIficina Antifraude de Cataluña (OAC) durante el ejercicio 2015. Ese año era director Daniel de Alfonso, quien fue cesado en 2016 tras filtrarse unas grabaciones en las que conspiraba con el exministro de Interior, Jorge Fernández, contra el proceso independentista.

Se trata del primer informe sobre la OAC que realiza el órgano fiscalizador de las cuentas catalanas. Explica la Sindicatura que la OAC "usaba herramientas de ofimática para la gestión presupuestaria, la gestión de la contratación
pública y el registro de facturas. Este hecho pone de manifiesto que el sistema de gestión presupuestaria, contable y de contratación de la entidad tenía carencias y poca fiabilidad". Destaca que "las modificaciones de crédido no se tramitaron de acuerdo con la normativa vigente y la OAC imputó en el ejercicio 2015 gasto no realizado por valor de 468.122 €, que corresponde a provisiones de gasto para créditos no consumidos".

Añade que la OAC "no aplicó medidas de contención del gasto equivalentes a las adoptadas por la Generalitat; este hecho condiciona el ajuste a derecho de gastos como el complemento de calidad --asimilable al complemento de productividad- o los tickets restaurante".

La relación de puestos de trabajo de la OAC constaba de 56 dotaciones "que podían ser ocupadas indistintamente por personal funcionario, laboral o eventual. El sistema de provisión de todas las plazas era la libre designación". La Sindicatura considera que el régimen de vinculación de las plazas y el sistema de provisión "no se ajusta a derecho".

Incumplimiento de la normativa básica

Asimismo, las incorporaciones de personal funcionario realizadas por la OAC en 2015 no cumplen la normativa básica establecida en el artículo 21 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2015 "que exigía reunir los requisitos de excepcionalidad y urgencia". La OAC "incorporó el personal funcionario de forma directa, sin convocatoria pública para cubrir las plazas; por tanto, no se garantizaron los principios básicos de publicidad, concurrencia, mérito y capacidad establecidos en la normativa vigente".

La Sindicatura considera que el entonces director de la OAC, Daniel de Alfonso, "no tenía derecho a percibir el trienio generado en la OAC al ser un alto cargo. Sólo tenía derecho a recibir siete trienios devengados en otras administraciones, por lo tanto, hay un exceso de 49.086€, como consecuencia de que se han considerado septiembre trienios generados en la Administración de Justicia como si hubieran estado generados en la OAC. La Oficina no ha calculado correctamente los trienios generados en otras administraciones de los funcionarios de la OAC que tenían derecho".

Trienios ni justificados

La base de cálculo de los trienios del personal de la OAC, añade la Sindicatura, "se fue incrementando irregularmente cada vez que se merecía un trienio nuevo, ya que ésta incluía el sueldo, los trienios anteriores generados en la OAC y los trienios generados en otras administraciones".

El exdirector de la OAC y la directora adjunta "cobraron un complemento de calidad de 20.005€ y 9.721€, respectivamente". Según la Sindicatura ambos "eran altos cargos y, por tanto, no tenían derecho a cobrar el complemento de calidad. Además, el director de la OAC y el jefe de Área de Administración, Recursos Humanos y Presupuestos se aplicaron porcentajes superiores al 5,0% de lo establecido en las bases de cálculo del complemento de calidad sin ninguna justificació".

La OAC, afirman, no disponía de ningún mecanismo de control horario para su personal.