Recoder defiende su gestión en ATLL frente al Parlamento catalán

Por primera vez desde que se privatizó Aigües Ter Llobregat (ATLL), el político que llevó las riendas de la concesión desde el momento en el que se planteó hasta la firma de la concesión, Lluís Recoder, dio este miércoles explicaciones sobre el polémico proceso ante el Parlamento catalán.

Lo hizo en el marco de una comisión y, tal y como se esperaba, con una defensa a ultranza de las decisiones que tomó en la segunda mitad de 2010 para adjudicar a un consorcio liderado por Acciona la gestión de la compañía que facilita agua potable a casi cinco millones de catalanes de Barcelona y su ámbito de influencia.

¿Falta de tiempo?

“Las cosas se hicieron bien. No se trabajó con prisas, sino con el tiempo suficiente”, repitió en varias ocasiones en su discurso.

Una de las críticas del proceso fue que el litigio que mantuvo la consejería de Territorio y Sostenibilidad cuando él era su máximo responsable con Aguas de Barcelona (Agbar) antes de firmar la concesión --se le prohibió ver la oferta de su rival para argumentar el recurso judicial y terminaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC)-- llevó al límite el calendario y provocó que se firmara en tiempo de descuento, el 27 de diciembre de 2012, y con un secretario de departamento en funciones en representación de la Generalitat porqué coincidió con la toma de posesión del segundo Gobierno de Artur Mas.

Eludir responsabilidades

Es la rubrica de Pau Villòria, actual secretario de Cultura con Santi Vila (el sucesor de Recoder en Territorio) la que consta en el documento. El técnico también estuvo presente en la sesión. En su turo de palabra, eludió responsabilidades sobre el acto administrativo al asegurar que ni él ni su antiguo jefe fueron los “ideólogos de la privatización, sino los ejecutores”.

“Esta decisión [la privatización] no se tomó de forma alegre ni entusiasta, sino que era necesaria”, aseguró. Recoder reforzó esa tesis al defender que tenían que aplicar un “plan de choque” en ATLL porque perdía 34 millones de euros al año y la deuda total en 2011 incrementó a 700 millones. “Era una situación insoportable” para la empresa, manifestó.

Incremento del canon

No hizo ninguna referencia al origen de los problemas económicos de la compañía: que el canon estaba congelado desde hacía años por una decisión política, ya que nadie quería asumir la responsabilidad de b y las organizaciones municipalistas (la Federación de Municipios y la Asociación de Municipios) presionaban para bloquear cualquier intento de actualización de esta partida.

El desfase era importante, pero en junio de 2012 el Gobierno subió el canon el 70%. Fue un trámite necesario para atraer a posibles licitadores a la que siguieron dos revalorizaciones más ese mismo ejercicio del 0,63% y el 13,5% respectivamente. Incluso fuentes internas de ATLL reconocen que tras corregir este desvío, era factible que la viabilidad de la compañía con un plan de reestructuración del pasivo parecido al que la Generalitat emprendió con la Agencia Catalana del Agua (ACA) por las mismas fechas.

Problemas económicos de la Generalitat

Recoder sí reconoció que el “entorno financiero de la Generalitat no era el mejor” cuando se privatizó ATLL y se tomó la decisión. Gracias a esta operación el Gobierno catalán pudo borrar casi 1.000 millones de deuda ordinaria del Ejecutivo y disponer de casi 300 en caja, que se usaron para pagar las nóminas de diciembre de los trabajadores públicos.

Asimismo, defendió que la oferta de Acciona suponía un ahorro de 550 millones a la ciudadanía porqué el canon que ofertaba era más económico que el de Agbar. Tampoco mencionó en este capítulo que el TSJC primero y el Tribunal Supremo después pusieron en duda los cálculos de la licitación ganadora, ya que ni siquiera incluían el cálculo de los impuestos asociados. Lo hicieron en sus resoluciones para denegar mantener el contrato como medida cautelar primero y en la anulación de la concesión del Alto Tribunal catalán hace un año.

Resolución final del Supremo

Nunca se llegaron a ejecutar las sentencias que invalidaban el contrato firmado por Villòria. La Generalitat elude motivos económicos para esperar la resolución final del Supremo, que deberá validar o enmendar la decisión del TSJC de cargarse todo el proceso por los errores que se sucedieron.

Si finalmente ocurre, además de devolver los 300 millones a Acciona y apuntar otros 1.000 de desvío en las cuentas públicas, la Generalitat se enfrenta a otro litigio con la cotizada por la indemnización por daños y perjuicios y el lucro cesante que le podría exigir. Todo está en el aire a la espera del recurso de casación que presentaron al Supremo.