La Generalitat trata de reducir a la mínima expresión la fuga de empresas

El Gobierno de la Generalitat ha presentado este martes un informe en el que trata de reducir a la mínima expresión uno de los impactos económicos del procés, la fuga de empresas. La consejera de Empresa y Conocimiento, Ángels Chacón, ha asegurado que desde octubre a julio sólo han dejado Cataluña 2.501 compañías. Cifra que dista de los datos que se barajan en el Registro Mercantil, que casi duplican la valoración el informe del Ejecutivo catalán.

La responsable del departamento asegura que se cerró 2017 con un volumen neto en la creación de sociedades. Cataluña concluyó el ejercicio pasado con una balanza neta de 9.385 compañías, hecho que implica un avance del 1,5% en creación de empresas. Relata que las principales salidas se registraron entre diciembre y enero, cuando hubo 813 y 863 salidas de compañías, respectivamente. La balanza se ha mantenido en negativo desde ese momento.

En negativo hasta agosto

En julio se reconocen 121 salidas frente a las 50 entradas, mientras que agosto, un mes que es casi inhábil en la actividad empresarial por las vacaciones, un total de 69 compañías han cambiado el domicilio social de Cataluña a otra comunidad autónoma. También ha habido 36 movimientos en el sentido contrario. Chacón concluye que esta tendencia demuestra que se tiende a la “normalización” y a la “estabilidad”. También confirma que el Govern no tiene previsto aplicar ningún paquete de medidas para fomentar el retorno de estas compañías.

La consellera de PDeCAT ha defendido en una comparecencia ante los medios de comunicación que Cataluña “lidera el número de empresas con sede social en el Estado”. Afirma que la fuga sólo ha afectado al “0,59% de la base empresarial” del territorio y que el 80% de ellas son “micro y pequeñas empresas”. La mayoría (61%) se han trasladado a Madrid (61%), seguida de la Comunidad Valenciana (10,3%) y Aragón (7,2%).

100.000 millones de facturación

Otro dato que ella misma ha puesto sobre la mesa es que la facturación agregada de todas ellas llega a los 100.000 millones de euros, frente a los 230.000 millones en que se estima el PIB global de Cataluña. No se ha divulgado cuál es el porcentaje sobre el total de los ingresos globales de las más de 618.366 empresas catalanas.

Reconoce que estas compañías han implicado el movimiento de salida de 3.700 números de CIF. Justifica la divergencia porque ha habido grupos empresariales que han movido todo su esquema societario.

Pone de ejemplo el “sector financiero”. Cataluña se ha quedado sin ningún banco con sede social en el territorio, ya que Caixabank y Banco Sabadell están radicados desde finales de 2017 en la Comunidad de Valencia. “Por ley, cada uno de sus fondos de pensiones tiene un CIF diferente, pero que se hayan trasladado 247 fondos no supone que se hayan ido 247 compañías”, indica.

Crítica a los bancos

Ha minimizado el efecto de la marcha de estos grupos. “Nosotros defendemos la economía productiva, la que crea empleos”, ha declarado. El objetivo del Govern, dice, no es que Cataluña se convierta en una plaza de “especulación financiera”, aunque explica que se han sentado a hablar con los responsables de estos bancos.

Chacón también pone el acento de su relato en que los movimientos societarios no ha tenido ningún efecto laboral ni fiscal "más allá de cuándo se tenga que liquidar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP)". Limita el alcance real de estas políticas. “No ha habido ningún movimiento de un centro de producción”, ha remarcado.

Impacto “demagógico”

Por todo ello, la consejera concluye que el mayor impacto de la fuga de empresas ha sido “mediático y demagógico”. Ha cargado contra el decreto que el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, aprobó el 6 de octubre para facilitar la movilidad de las sociedades, la respuesta que se dio a los empresarios en un momento de máxima tensión política en Cataluña en el que se llegó a hablar de la aplicación de un corralito.

Para Chacón, en el momento álgido del procés, cuando se aprobó de forma simbólica la república catalana, se dieron las “garantías jurídicas” necesarias para tranquilizar a los empresarios. “¿Alguien puede creer que nosotros íbamos a poner aranceles?”, ha cuestionado. Asegura que el Ejecutivo anterior, el de Carles Puigdemont, tuvo numerosos encuentros con empresarios internacionales para convencerles de mantenerles su actividad en Cataluña. Aunque no ha dado ningún nombre.

Decreto De Guindos

La consejera indica que la decisión de De Guindos tuvo una “marcada intencionalidad política” y que “menospreció el derecho de los accionistas de la compañías”. Afirma que incluso las que se han ido no se deben considerar como firmas que se hayan opuesto al proyecto político independentista. “Hay muchas casuísticas”, señala.

Asimismo, ha sacado pecho de la fortaleza de la capital catalana para atraer a grandes firmas tecnológicas como Amazon o Facebook para abrir nuevas delegaciones en la ciudad. “Atraemos estas inversiones estratégicas”, ha remarcado. Pasa de puntillas al reconocer la fortaleza de la marca Barcelona como hub de emprendedores en Europa.

También ha cargado contra los que “han querido fomentar la división entre territorios y el miedo”, cuestión que atribuye a fuerzas políticas de fuera de Cataluña. Chacón asegura que “ha habido boicot”, aunque sólo lo reconoce para los productos catalanes en España y no en el sentido contrario.

Pacto Nacional por la Industria

“A nadie se le escapa que nuestro Gobierno tiene una clara apuesta por una economía diversificada, innovadora, activa y abierta al mundo”, ha declarado. Lamenta que durante meses “no tuvimos voz”, en alusión a la aplicación del artículo 155. Aunque, de nuevo, se le ha olvidado hacer referencia a los meses que se tardó en dar forma a un pacto entre los independentistas para proclamar a Quim Torra presidente de la Generalitat. Asegura que está "enfadada" porque en este tiempo considera que se han usado datos para "perjudicar la imagen empresarial de Cataluña". 

También ha reivindicado el Pacto Nacional por la Industria como herramienta básica de esta política que se persigue desde el Ejecutivo catalán. Aunque los firmantes, patronales, sindicatos y el mundo académico, aún esperan que el Govern habilite las partidas económicas necesarias para ponerlo en marcha. Los objetivos del ejercicio en curso muy difícilmente se van a cumplir.