Cargos del Ministerio de Fomento se reunirán con los taxistas de Barcelona y con representantes del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) en plena huelga del sector. Tres representantes del departamento que dirige José Luis Ábalos se encontrarán el miércoles, 25 de julio, con técnicos del Ayuntamiento de Barcelona y del AMB, primero, y sindicatos, después.
Según ha informado el Ministerio de Fomento en un comunicado, las sesiones de trabajo servirán para explicar el informe emitido por la Abogacía del Estado que se ha añadido a una denuncia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que ha resultado en la suspensión del reglamento metropolitano de control de las VTC. En palabras del departamento de Ábalos, las reuniones servirán también "como una oportunidad para avanzar en el diálogo y la coordinación entre administraciones sobre esta materia".
Encuentro con los taxistas
Además de para la reunión con el Ejecutivo local de Barcelona en Comú (BComú) y la dirección del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), los tres cargos de Fomento reservarán parte de su agenda para intercambiar opiniones con representantes del sector del taxi.
La intención del contacto oficial es transmitir "su voluntad de crear un marco equilibrado entre el sector y los permisos de vehículos de alquiler con conductor (VTC) que cumpla la normativa de transporte". Lo harán en plena huelga del colectivo, que ha convocado un paro de 48 horas los días 25 y 26 de julio.
Huelga, manifestación y protestas
Los conductores han anunciado un paro desde las 6:00 horas del miércoles 25 de julio hasta la misma hora del jueves 27. Durante ese lapso de tiempo, han convocado una manifestación desde Arco de Triunfo hasta la sede de la Delegación del Gobierno, donde podrían intentar acampar. Asimismo, anuncian acciones sorpresa que podrían provocar graves alteraciones de tráfico.
El conflicto ha escalado en los últimos días por la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del reglamento metropolitano de control de los títulos habilitantes VTC --los que utilizan Uber y Cabify, entre otros-- en la conurbación de Barcelona. Los taxistas defendían la norma, alegando que permitía la supervivencia del sector, mientras que Unauto, patronal de operadores de VTC, alertó de que la pieza normativa destruiría 1.300 empleos en la Ciudad Condal.