La municipalización del agua es uno de los grandes proyectos políticos de Ada Colau en su primer mandato como alcaldesa de Barcelona. Hasta la primera mitad del ejercicio en curso, la líder de BComú movilizó 260.000 euros del presupuesto municipal para estudiar cómo debe internalizar un servicio que hasta la fecha se ha realizado de forma mancomunada con la mayoría de las poblaciones del área metropolitana. Aunque esta cifra ha incrementado hasta los 385.000 euros por la prórroga de los estudios sobre el cambio del modelo de abastecimiento actual. 

Barcelona Cicle de l’Aigua (BCasa), la empresa pública que se encarga principalmente del alcantarillado, las playas urbanas y algunas fuentes ornamentales, ha sido la encargada de gestionar esta atribución de fondos. Presidida por Eloi Badia, uno de los concejales que pertenecen al círculo más íntimo de la alcaldesa, la mayor parte del trabajo que han realizado hasta ahora ha sido encargar informes jurídicos que sustenten sus iniciativas políticas a hasta tres bufetes distintos.

Cinco estudios a Pareja & Asociados

Pareja & Asociados es el primero de ellos. El ayuntamiento de la capital catalana le ha encargado cuatro dictámenes. El primero es un análisis sobre el “régimen competencial del servicio domiciliario del suministro del área metropolitana”. Pone el énfasis en las “competencias municipales”, tal y como indica el expediente sobre la municipalización al que ha tenido acceso Crónica Global.

El segundo estudio versa sobre las “prerrogativas de las que dispone el AMB y el ayuntamiento” en relación con la “sociedad de economía mixta” que actualmente realiza el servicio: la compañía participada por Aguas de Barcelona (70%), Criteria (20%) y la administración supramunicipal (20%). Los otros dos encargos se refieren a la “posibilidad de recaudación de los ingresos por la prestación del servicio” y en los “procedimientos organizativos referentes a la gestión pública del agua” con base en las “prerrogativas municipales”.

Encargo a Menéndez y Asociados

El bufete ha concluido los dos primeros. El tercero está muy avanzado y el cuarto está en pleno procedimiento de redacción. “Todos los documentos están pendientes de recepción definitiva”, ha explicado el consistorio en el consejo de administración de BCasa, donde también está representada la oposición municipal.

Menéndez y Asociados realiza un quinto informe. En su caso, se trata de un dictamen sobre la “garantía de la prestación del servicio de abastecimiento mientras no se aprueba la ordenación definitiva”. Además de analizar los “efectos de la anulación” de las decisiones que se tomaron en el consejo metropolitano del 6 de noviembre de 2012. Es decir, los acuerdos de creación de Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana del Cicle Integral de l’Aigua.

TSJC y Tribunal Supremo

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló en marzo de 2016 el pacto que promovió Xavier Trias cuando era alcalde de Barcelona. Los magistrados consideraron que el proceso que el ejecutivo convergente había seguido vulneraba la libertad del mercado, ya que no se convocó un concurso público para constituir la empresa mixta. El veredicto, que cuenta con un voto particular del presidente de la sala, está a la espera de la valoración del Tribunal Supremo. Fuentes jurídicas indican que su resolución llegará a finales de año.

Badia ha encargado un sexto informe técnico. En este caso, a Global & Local Audit y con el objetivo de “valorar los activos y pasivos afectos al abastecimiento en baja del ámbito del AMB y en Barcelona”.

Valoración de los activos

El dictamen también está “pendiente de recepción definitiva” y toca un asunto capital para el servicio. Y es que aunque aún no se disponga del documento final, el concejal de Barcelona y vicepresidente del área de Medio Ambiente metropolitano presentó en marzo otro informe en el que rebaja el precio de los activos que Aigües de Barcelona aportó a la sociedad mixta en el momento de la creación de los 476 millones a tan sólo 130 millones.

La reflexión jurídica se realizó, precisamente, en BCasa. Se intentó usar como base para abrir un expediente a la operadora del servicio en el consejo metropolitano de marzo, aunque la mayoría del plenario frustró los planes iniciales del equipo de Colau. La oposición obligó a dar audiencia a la empresa afectada para que pueda rebatir las declaraciones del vicepresidente antes de mover ficha en ningún sentido. Los trámites aún están abiertos.  

Ampliación del presupuesto

BCasa ha gastado hasta la fecha 233.710 euros del presupuesto inicial en la contratación de estos servicios. El importe no contempla los 72.000 euros anuales que percibe el coordinador de la elaboración del estudio, Llorenç Alerm. Fue designado a dedo por el BComú hace un año.

Además, Colau ha aprobado prorrogar hasta el 30 de junio de 2019 el encargo de la municipalización del servicio a la empresa pública. Esta decisión implicará un gasto de 90.000 euros en concepto de “personal con dedicación completa en BCasa” y otros 35.000 euros para contratar nuevos dictámenes externos sobre los procedimientos jurídicos necesarios.

El Ayuntamiento de Barcelona ha ratificado la nueva transferencia de fondos públicos. Al final, destina 385.000 euros a cumplir con la política estrella del equipo de gobierno municipal.