BComú intenta modificar la gestión del agua en el Área Metropolitana

Barcelona en Comú, el partido liderado por Ada Colau, ha dado un paso más en una de sus luchas de bandera desde que consiguió la alcaldía de la capital catalana y, a la vez, la presidencia del Área Metropolitana (AMB): la municipalización del agua. Ha abierto un expediente para la revisión y modificación del acuerdo marco que mantiene la institución desde 2014 con Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana de Gestión del Ciclo del Agua.

Así se anunció desde la vicepresidencia del área de Medio Ambiente, liderada por Eloi Badia, este jueves, en comisión informativa, al resto de partidos de la institución supramunicipal. Les ha comunicado que la medida pasará por el pleno del próximo martes, aunque no se someterá a votación. El ejecutivo local simplemente dará a conocer en la sesión que pone en marcha el proceso y que dará audiencia a la empresa afectada.

Sentencia del Supremo

Lo hará 12 meses antes de que venza el actual contrato de concesión, firmado con Xavier Trias como alcalde de la ciudad por cinco años prorrogables a dos quinquenios más, y antes de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la pulcritud de la licitación. Cabe tener en cuenta que el TSJC enmendó en marzo de 2016 el proceso de creación de la sociedad mixta que gestiona el servicio y que la concesionaria elevó la cuestión en casación.

La oposición metropolitana critica que, además, la incoación del expediente implica que el gobierno dude de la propia institución. El Área Metropolitana es propietaria de una participación del 15% de la empresa mixta mientras que el 85% restante lo controla el grupo Agbar.

Discrepancias económicas

El gobierno de Colau indica en el documento, al que ha tenido acceso Crónica Global, que comunicará al pleno que es necesario abrir el expediente porque tiene indicios de las “desviaciones significativas en los gastos del servicio”. Por ello, se ve obligado a “preservar su equilibrio”.

Alega que es necesario “verificar el periodo sobre el que se aplica el acuerdo marco, inconsistente a priori con el contemplado en el convenio”, que existe una “necesidad de reequilibrio económico-financiero” en la retribución del concesionario y en un “conjunto específico de gastos del servicio” que tienen impacto en los ingresos requeridos.

Acusación de falta de transparencia

Considera que existe una “inadecuación competencial para establecer las condiciones del servicio en alta y las tarifas correspondientes”, hecho que también tiene impacto en la fórmula tarifaria; y acusa a la empresa mixta de “falta de transparencia” en el apartado técnico y económico de las operaciones. Además, señala que se deben incorporar los “cambios legislativos en materia económica” que también afectarían a la fórmula con la que se calcula la tasa.

En esta línea, exige una “corrección respecto al escenario inicial en cuanto a activos reversibles”. Una cuestión que no resulta menor, ya que en el trasfondo de la pugna judicial está la lucha por la propiedad de la infraestructura de la red de suministro de agua en una región en la que habitan unos 5,5 millones de personas.

Aigües de Barcelona afirma que si se anula la creación de la empresa mixta se regresa al punto de partida, en el que la red de distribución es de su propiedad y la gestión de las depuradoras regresa al AMB; mientras que el gobierno supramunicipal asegura que las infraestructuras ya se han amortizado con la tarifa pagada desde hace años. Una valoración que no recibió el respaldo del TSJC hace casi dos años.

Retribución y tarifas

En el informe, el ejecutivo metropolitano destaca que la concesionaria “ha alcanzado resultados a lo largo del periodo de explotación […] que ultrapasan las previsiones”. Indican que en 2013 recibieron casi 18,32 millones de euros antes de impuestos mientras que dos años más tarde ingresó 42,18 millones brutos y en 2016 bajó hasta los 37,07 millones.

Reprocha que ha superado incluso en resultados limpios la primera cifra, al cerrar con 29,1 millones y 27,7 millones, respectivamente. Sin ofrecer ningún otro dato de contexto para justificar el problema contable que se denuncia, añaden desde la oposición.

Aunque la apertura del informe no se someta a votación del pleno metropolitano de la próxima semana, se espera debate en este punto del orden del día. El modelo sobre la gestión del agua es una cuestión que divide incluso a las formaciones que conforman el gobierno tripartito del AMB, una coalición de  BComú, PSC y ERC.