Barcelona en comú (BComú) embiste a Airbnb en plena inacción del gobierno municipal. El Ayuntamiento de Barcelona, que comanda la alcaldesa Ada Colau, desenterró ayer la guerra con la tecnológica tras meses encajando reveses en varios proyectos. El último, conocido esta semana, fue la noticia de que renuncia a la funeraria municipal que habría comercializado entierros a partir de 1.800 euros.
Tal y como avanzó El Periódico esta semana, el operador de servicios funerarios no verá la luz por falta de apoyo. El revés al ejecutivo local, que culpó a PSC y ERC del pinchazo, se suma a otras iniciativas que han descarrilado este año. Las más sonadas fueron la admisión del incumplimiento del plan de vivienda social hasta el 2019, los noes de la unión del tranvía y la multiconsulta. Las dos últimas iniciativas fueron rechazadas en un pleno extraordinario el 10 de abril. Tras ello, BComú encajó dos nuevos revolcones: el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público anuló parte de las licitaciones del minirreferéndum a la suiza. Y Jaume Asens, tercer teniente de alcalde, anunció a principios de mes que aparcaba la reforma de la ordenanza de civismo.
Embiste contra Airbnb
Sea casualidad o no, y con un pleno municipal con apenas siete puntos la próxima semana --la oposición ya ha cargado contra la minisesión--, el gobierno municipal de Colau se desmarcó ayer con un anuncio público contra Airbnb. Exigió la retirada inmediata de 2.577 anuncios de viviendas vacacionales para seguir negociando. El plazo es de una semana. Si Airbnb no cumple, el gobierno municipal incoará otra multa similar a la de 600.000 euros impuesta contra la puntocom en noviembre de 2016.
Pese a que ya existe un protocolo de colaboración entre la plataforma y el Ayuntamiento de Barcelona para eliminar anuncios de vivienda vacacional sin número de Registro de Turismo de Cataluña (RTC) desde el pasado verano, la cuarta teniente de alcalde, Janet Sanz, quiso dar públicamente el ultimátum. Anunció que ya se habían incoado procesos sancionadores contra los más de 2.500 propietarios y que se había advertido a la puntocom. "El compromiso que quiere tener con Barcelona que se materialice dejando a cero los pisos turísticos ilegales en su página web", emplazó Sanz.
Un año negociando
Airbnb respondió subrayando que "ha estado trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento de Barcelona durante más de un año en normas modernas para el homesharing (compartir casa) y en eliminar a los malos actores, tras el acuerdo del pasado verano". La plataforma agregó que se están haciendo "grandes progresos" y que continúan las "conversaciones positivas". La tecnológica emplazó a "proporcionar un gran futuro a las familias locales que comparten su hogar, y ayudar a reconstruir el turismo en Barcelona ofreciendo una manera sostenible que distribuye los beneficios".
Cabe recordar que Airbnb deslistó unos 1.500 anuncios desde que empezara a trabajar con el gobierno municipal en verano de 2017. Esta cifra se reparte en mil anuncios en el distrito de Ciutat Vella, el más denso en materia de turismo, en julio del ejercicio pasado, y otros 500 desde entonces.