Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Función Pública, durante la presentación del proyecto de presupuestos para 2018 con los correspondientes ingresos fiscales/ EFE

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Función Pública, durante la presentación del proyecto de presupuestos para 2018 con los correspondientes ingresos fiscales/ EFE

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Los ingresos fiscales, el verdadero déficit de España

El peso de los tributos en el PIB es inferior que en el entorno europeo y ello lleva a hablar de “insuficiencia fiscal”, aunque depende del modelo que se desee

23 abril, 2018 00:00

¿Qué modelo quiere España? El debate político huye de esa cuestión, no se plantea en profundidad porque no se sabe qué se quiere. Por ello, la utilización de los datos acaba siendo muy ideológica. Los ingresos fiscales, su menor importancia respecto al PIB que en otros países europeos, es el verdadero déficit de España, aunque dependerá, efectivamente, del modelo que se quiera seguir. Los expertos hablan, en cualquier caso, de “insuficiencia fiscal”, en un país que es la cuarta economía de la UE.

Ese peso de los tributos sobre el PIB, que se podría asimilar a lo que se conoce como presión fiscal, aunque depende también de otros factores, es en España del 37%, un porcentaje que se ha incrementado ligeramente en los últimos años. En los grandes países de la UE se eleva al 46%, con lo que la distancia es grande. El economista de la UB Gonzalo Bernardos destaca que dependerá de lo que se quiera destinar a pilares del estado de bienestar como la educación y la sanidad. “En España se está unos peldaños por debajo y es evidente que se debería hacer un mayor esfuerzo”. Los datos muestran que España dedica, en su conjunto, el 5,8% a Sanidad, pero las recomendaciones de los organismos internacionales dicen que fuera del 7%, mientras que en Educación es del 3,8%, cuando en la UE es del 4,5%.

Países nórdicos

Esa apuesta por un estado más musculado contrasta con la posición de la economista de San Pablo CEU María Blanco, que se centra en una cuestión: el peso y el papel de los funcionarios, de los directivos funcionarios de las empresas públicas. El problema, en realidad, no es el porcentaje exacto del peso de los tributos en el PIB sino cómo se quiere caminar, en función de los ingresos y de los gastos. Y en el terreno de los gastos “hay mucho que hacer”.

La idea de Blanco es que si se desea mirar a los países nórdicos, también se deberían adoptar sus reformas sobre la administración, con una mayor libertad para contratar a los directivos de empresas públicas. “Una manera de reducir los gastos es acabar con el déficit de las empresas públicas. Hay que recordar que solamente el déficit de las empresas públicas autonómicas ascendía a 5.000 millones de euros a mediados del 2017. Sería muy interesante hacer un estudio del total. Así que, ¿por qué no se actúa con las empresas públicas con la misma racionalidad con la que actúan las empresas privadas? Porque ningún consejo de administración estaría dispuesto a subvencionar las pérdidas empresariales durante lustros”, señala, como explica en un artículo en Crónica Global, donde es colaboradora.

Exenciones fiscales

El economista Santiago Carbó, Catedrático de Economía de CUNEF y Director de Estudios Financieros de FUNCAS, incide en una posición a medio camino. Si se desea que ese porcentaje sea mayor, porque se entiende que, realmente, estamos ante una “insuficiencia fiscal” por las características de España, que se define como un estado social y democrático de derecho, hay varias medidas que no pasan necesariamente por incrementar la tributación. “Hay margen para mayores ingresos fiscales, y el primero es la lucha contra el fraude fiscal, donde se puede hacer más; el segundo es eliminar o reducir muchas exenciones fiscales, principalmente en el impuesto de sociedades; y un tercero todavía, respecto a la tributación de profesionales liberales, abogados y médicos, y de autónomos detrás de empresas sin actividades reconocidas”, señala.

Eso si se quiere incidir en el capítulo de ingresos. Porque si se mira a los gastos, Carbó reclama, en parte como Blanco, que ya ha llegado el momento de entrar “en las duplicidades de las administraciones, en la reforma de la Administración que después de 40 años sigue sin llegar”. Carbó, en todo caso, no rechaza que en algunos impuestos se pueda realizar algún esfuerzo, como un aumento en el IVA, por debajo de la media europea.

Rentas del capital

En el proyecto de ley de los presupuestos del Estado para 2018, el ministro Cristóbal Montoro ha fijado como ingresos tributarios 200.963 millones de euros, en niveles previos a la crisis, tras un aumento del 7,9%. El aumento se apoya en la recaudación por IRPF e IVA.

Bernardos sostiene que se debe, definitivamente, entrar en los ingresos, para aumentar ese porcentaje del 37%. Su apuesta es subir las cotizaciones sociales en función de los niveles de renta y entrar en una mayor tributación para las rentas del capital, recuperando también el papel que ha tenido históricamente un tributo como el de sucesiones, para que sea más elevado y progresivo.

Menos gastos

Para Santiago Niño Becerra, economista del IQS de la URLL, el problema se debe centrar más en los gastos. Señala que “el problema de España es doble: por un lado, las rentas medias son bajas (porque es la forma como España es competitiva y porque la oferta de trabajo es muy superior a la demanda) por lo que tales rentas no pueden pagar más impuestos”, y que “por otro lado el trabajo es quien, proporcionalmente, paga más impuestos porque el capital tiene medios (legales) para eludir pagarlos”.

Ante eso, ¿qué se puede hacer, cómo se solventa la llamada insuficiencia recaudatoria?: “Pues liberando ingresos, y eso se hace eliminando gastos. Si eliminas un gasto ya no hace falta que gastes en ello, por lo que aunque los impuestos no suban los fondos recaudados ‘darán para más’; y si el PIB baja, mejor: manteniendo la recaudación la presión fiscal aumentará”.

Transferencias sociales

Se trata, en realidad, de una apuesta por un modelo que nadie quiere abordar con todas sus consecuencias. El economista Juan Rallo sugiere que el problema central es que en España se gravan menos que en Europa las transferencias sociales, y que se “castiga” menos el consumo, a través del IVA.

Ingresar como países como Alemania o Francia, las grandes referencias europeas, supone, según los estudios de Rallo, abordar subidas en diferentes direcciones: incrementar el IVA y los impuestos especiales, por un lado, y subir el IRPF y las cotizaciones sociales que recaen en pensionistas, viudas o discapacitados. Ahora bien, ¿es realizable todo eso ahora en España?