Los ayuntamientos se preparan para la devolución del impuesto de plusvalía municipal

Los contribuyentes que no obtengan una plusvalía en la transmisión de un terreno, no tendrán que pagar el impuesto de plusvalía municipal. De momento, esto es lo único confirmado desde que una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 11 de mayo sentaba la base para anularlo tal y como se conocía hasta el momento.

Tres meses y medio después, los ayuntamientos continúan a la espera de que el Gobierno modifique la ley. Aunque varios medios apuntan que Hacienda ya tiene preparada la reforma, de momento no se ha presentado el nuevo proyecto de forma oficial. Éste tiene que fijar un nuevo método para calcular si un terreno ha ganado o perdido valor desde que llegó a manos del propietario actual hasta que pasa a otro dueño.

Continuar cobrando

Los ayuntamientos –a excepción de la administración vasca, que tiene competencias en Hacienda y ya han modificado sus normas– todavía no han cambiado la forma de cobrar la tasa. “No podemos dejar de cobrar, pero sí, de acuerdo con el Consejo Tributario, dejar en stand-by el cobro, hasta que el Estado, tal y como prevé la sentencia, regule una solución”, apuntan fuentes del Ayuntamiento de Barcelona.

Y es que la ley continúa vigente. Esta “congelación” que se aplica en la ciudad condal también está activa en otros consistorios de las principales ciudades catalanas. El asesor de Hacienda del Ayuntamiento de Badalona Ricard Amaya explica que las “cantidades cobradas a través del impuesto de plusvalía municipal desde mayo no se incorporan a los presupuestos”.

Cálculos de devolución

En vez de esto, los destinan a provisionar las posibles devoluciones que tendrán que hacer a contribuyentes que pagaron la tasa a pesar de que su terreno fue vendido, heredado o donado con un valor menor a cuando lo tomaron en propiedad. “Es complicado calcular cuánto tendremos que devolver porque no sabemos si tendrá carácter retroactivo o no”, indica Amaya.   

Desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), no han establecido una línea de actuación recomendada. “Sí hemos instado al Gobierno a regular rápido; estamos todos pendientes de ello”, aseguran fuentes de la agrupación.

¿Cómo demostrar el valor real del terreno?

Otro de los problemas está en demostrar cuál es el valor real de la propiedad en el momento de la transmisión. Según Albert Giralt, socio del despacho Fornesa Abogados, “algunas sentencias en Valencia señalan que la escritura podrá ser una prueba, aunque en otros casos anteriores se había requerido un perito”.

Esta incertidumbre tanto por parte de los ayuntamientos como por parte de los contribuyentes, consideran desde el gobierno municipal de Badalona, frena las instancias: “No hemos recibido tantas, hay confusión y no es fácil de demostrar”. Giralt añade que las rectificativas que han presentado desde su despacho todavía no han recibido respuesta por parte de los ayuntamientos.

Pérdidas millonarias

Lo que preocupa a los consistorios es cómo van a quedar sus arcas municipales. Y es que el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana –como se denomina de forma oficial– supone una de las principales fuentes de ingresos fiscales para los municipios. Barcelona recaudó en 2015 hasta 169,7 millones de euros, un 6% del total de ingresos.

“Lo que preocupa a los ayuntamientos es el sistema de financiación local, que tendría que reformarse”, indica Amaya, ya que el “nivel de ingresos depende de circunstancias cíclicas, como es el sector inmobiliario”. En general, si en una cosa están de acuerdo los gobiernos municipales, tal y como indican fuentes del barcelonés, es que el Gobierno debería compensar el impacto económico.