La Generalitat invita a las patronales a la firma de la renta garantizada de ciudadanía

La consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Dolors Bassa, y los promotores de la iniciativa legislativa popular (ILP) para crear la renta garantizada de ciudadanía (RGC) en Cataluña han formalizado este lunes por la mañana el acuerdo alcanzado la semana pasada. Se inicia de esta forma la tramitación parlamentaria de la ley que creará la prestación con un guiño a los agentes sociales que se han quedado al margen de esta parte del debate, las patronales.

Foment del Treball y Pimec han participado en el acto institucional en el que se ha firmado el acuerdo. En el caso de que quisieran intervenir en la definición de la ley, podrían intervenir mediante la presentación de enmiendas en la tramitación en la Cámara catalana.

Aplicación en septiembre

Bassa ha manifestado tras la firma del pacto que se ha conquistado un derecho social que marca un “cambio de paradigma que ataca a las desigualdades propiciando que todas las personas que son vulnerables puedan ser activas en la sociedad y vinculado a un acompañamiento para la inserción social y laboral”. Ha sentenciado que el empleo es la “primera política social”.

El acuerdo con la comisión promotora contemplan que la RGC se empiece a aplicar en septiembre. Los beneficiarios cobrarían el 85% de la prestación en el supuesto de que la tramitación parlamentaria concluya antes del verano.

Comisión para fiscalizarla

Se planea un despliegue paulatino hasta abril de 2020 con la creación de una comisión que fiscalizará su aplicación y “modulará los cambios que sean necesarios para hacerla efectiva”. Es decir, propondrá acciones para ganar rapidez en la gestión. La última palabra siempre la tendrá el Gobierno.

Formarán parte de esta mesa los “agentes económicos, sociales y del tercer sector con los que veremos cómo modulamos la RGC”, ha indicado la consellera.

Perfil del perceptor

La nueva prestación catalana se dirige a todas las personas mayores de 23 años que certifiquen una residencia de más de dos años en Cataluña, que hayan agotado “todas las prestaciones” y su patrimonio no supere la primera residencia.

Con todo, existen ciertas compatibilidades. Fijarlas ha llevado meses de debate entre el Gobierno catalán y la comisión impulsora de la ILP. Se podrá compaginar con ciertas ayudas sociales como las “prestaciones derivadas de la ley de dependencia, así como las familias que reciban becas de transporte y comedor escolar”.

También se contempla como una excepción las “familias monoparentales con contratos a tiempo parcial que tengan una renta inferior al Indicador de Renta de Suficiencia en Cataluña (IRSC)”. Es decir, que no lleguen a los 664 euros mensuales. Podrán compagina el cobro de la prestación y el de su salario hasta llegar a esta cifra. Será el máximo que podrán ingresar.

Solicitud de la RGC

Las personas que quieran solicitar la RGC deberán solicitarla a través de las oficinas del Servicio Público de Ocupación de Cataluña. El departamento de Trabajo ha anunciado que a los interesados se les trazará un plan de inserción laboral o se les derivará a los servicios sociales para obtener una atención global si la persona que vive una situación de riesgo de exclusión.

Con todo, la prestación aún debe superar el trámite parlamentario.