Codazos para dirigir el germen de funeraria pública de Barcelona

Pugna para dirigir la funeraria pública que impulsa el Gobierno de Ada Colau en Barcelona. Dos altos cargos afines al PDECat y PSC batallan por liderar el polémico proyecto de crear un operador municipal que compita con las dos empresas privadas y la semipública Serveis Funeraris de Barcelona (SFB).

Jordi Valmaña, director general de Cementiris de Barcelona, y Antoni Fernández Pérez, gerente de la Dirección de Empresas y Entidades Municipales, maniobran para comandar la futura sociedad 100% pública que promete entierros por menos de 3.000 euros.

Según fuentes del personal de las dos empresas que gestionan el ciclo de la muerte en Barcelona, Cementiris y SFB, el mejor posicionado para llevarse el gato al agua en el tuercebrazos es Fernández.

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"La idea de crear una funeraria municipal parte en buena medida de Valmaña. Es él quien convence a Eloi Badia --el concejal de Presidencia-- de que se debe convertir Cementiris en una empresa de servicios funerarios al uso", explican las mismas fuentes.

"La decisión --han continuado-- tiene lógica: Cementiris es de las pocas empresas municipales rentables de B:SM junto a los parkings y la grúa. Pero está perdiendo comba, ya que su principal fuente de ingresos, los complementos (lápidas, urnas, flores, pomos para lápidas y brillantes), está menguando, pues las grandes no compran".

"Consciente del futuro deficitario, Valmaña pergeña la transformación: 'Si Áltima y Mémora no nos compran los extras y nos condenan como empresa, competiremos contra ellos en su propio terreno'".

Confianza

El movimiento de Valmaña no será exitoso. El Ejecutivo local ya ha elegido al candidato para dirigir el operador municipal funerario: Antoni Fernández Pérez. El funcionario de carrera ocupó varios puestos en la Generalitat; Instituto Catalán de Finanzas (ICF); Ayuntamiento de Terrassa y Barcelona, y Diputación de Barcelona antes de acabar en el equipo de Colau en julio de 2015 [ver decreto de nombramiento aquí]

Dos circunstancias le distinguen de su rival: dirigió Funeraria de Terrassa SA y cuenta con la confianza del PSC.

"Ello no asegura que sea un buen gestor. En Terrassa ha habido quejas históricamente, y las empresas municipales están siendo engullidas por el grupo B:SM", abundan otras fuentes consultadas.

El personal, pieza clave

La pugna por elegir a la persona que comandará la funeraria municipal es sólo uno de los escollos que afronta el proyecto. Los mayores son la viabilidad y la oposición interna en SFB y Cementiris.

Precisamente ayer, Valmaña celebró una reunión en el Tanatorio de Sancho de Ávila con el personal de la segunda empresa para convencerles de las bondades del proyecto.

El comité de empresa, igual que el de la sociedad hermana participada por Mémora (85%), se oponen al plan. La parte social representa a unos 400 trabajadores en total.

Lío interno

Pacificar Cementiris con el objetivo de allanar el terreno para el operador municipal --que sería el segundo, pues SFB ya es semipública-- no será fácil.

Además de la oposición sindical, fuentes cercanas a la empresa que gestiona los nueve cementerios de Barcelona hacen hincapié en el malestar interno.

"Hay escepticismo respecto al hecho de que Cementiris pueda mutar a funeraria al uso. Y más aún sobre todo lo que ello conlleva. ¿A qué precio venderá el ayuntamiento el 15% de SFB tras cambiar las condiciones de mercado? ¿Cuándo lo hará? ¿Dónde construirá su tanatorio?", se inquieren las mismas voces.

"Barcelona está en fallida de mercado"

Ajeno o conocedor de la brega en la cúpula de un proyecto nonato, el concejal de Presidencia continúa con el impulso de la sociedad pública. Eloi Badia manifestó el martes que "la plataforma garantizará un estándar de calidad y ayudará a bajar los precios y a aumentar la competitividad" de los entierros.

"Barcelona está en fallida de mercado --continuó ante la prensa--, con precios de entierros de hasta 9.000 euros. El operador municipal ayudará también a recortar las primas de los seguros de deceso".

Preguntado por este diario sobre la oposición de los 400 trabajadores de SFB y Cementiris a la iniciativa, el electo apostilló que "se planteó la recompra del 85% de SFB --opción elegida por el personal-- pero es inviable por una cuestión económica".