ITV en Cataluña: algunas claves desconocidas sobre el sector

La Generalitat mantiene el limbo legal sobre las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) en Cataluña casi un año después de una sentencia contundente del Tribunal Supremo. La sala tercera del alto tribunal declaró nula una parte importante del plan territorial de nuevas estaciones de ITV en la comunidad autónoma en abril de 2016.

El Supremo falló en contra de la Generalitat por establecer restricciones a la libertad comunitaria de establecimiento, por cuota máxima de mercado de determinadas empresas y también anuló la distancia mínima de compatibilidad entre estaciones de una misma empresa.

La empresa explotadora con una posición dominante en Cataluña es Applus, con una cuota de mercado superior al 65% en el total de la autonomía y un 95% en la provincia de Barcelona. Para un habitante de la comarca del Baix Llobregat, encontrar una estación de la competencia no es posible sin viajar a Sant Celoni (norte del Vallès Oriental).

Efecto de 20 millones en Applus

Los analistas consultados son conscientes de la dependencia que tiene esta compañía del negocio regulado de las ITV en Cataluña. Consideran que esta sentencia y la ordenación derivada conlleva un riesgo directo de unos 20 millones de euros de resultado bruto en las cuentas anuales.

Otras fuentes internas de la empresa confirman el riesgo existente sobre la decisión del Gobierno catalán y aseguran que toda la compañía está movilizada con este asunto. De hecho, cuentan con asesores con influencia en el gobierno autonómico como David Madí (vicepresidente de Applus) y Miquel Roca (asesor a través de su bufete).

Oportunidad histórica para Cataluña

Los mismos medios de Applus añaden que el propio Christopher Cole, presidente no ejecutivo, está en alerta con este tema, aunque no entra en cuestiones de la gestión ordinaria de forma normal. Fernando Basabe, el consejero delegado, se siente también sorprendido por la sentencia del Supremo. “En definitiva –asegura un directivo de Applus–, nadie imaginaba esto. Es una sorpresa extremadamente desagradable”.

Fuentes del sector de las ITV consideran lógico el fallo del Supremo. Es más, se felicitan porque las prácticas restrictivas de la Generalitat se acaben y reclaman que se acate la sentencia de forma urgente por parte del Gobierno autónomo. Otras empresas competidoras consideran que hay una oportunidad histórica en Cataluña para desregular el mercado al estilo de lo que sucedió en la Comunidad de Madrid.

En la capital se pasó de un sistema concesional a un régimen de autorización con el objetivo de estimular la competencia. El resultado fue que se pasó de contar con 17 estaciones ITV con precio tasado a más de 70 operando en régimen de libertad de precios. “Quien ha ganado ha sido el propietario de los vehículos, que cuenta con un mejor servicio, de menor precio y con más oferta”, relata un técnico de la administración madrileña.