El desarrollo territorial de la administración tributaria catalana, la llamada Hacienda catalana, ha levantado suspicacias entre los sindicatos de la función pública. La transformación que deberá asumir esta red utiliza a los 18 trabajadores que se encargan de implementar las TIC en la gestión tributaria --es decir, que introducen los datos de los expedientes en el sistema para obtener perfiles de personas físicas o jurídicas-- como laboratorio de pruebas. Son los primeros que salen del sistema y ya se ha alertado de la desprotección a la que se enfrenta el colectivo.

De entrada, los representantes de los trabajadores avisan de que la vicepresidencia de Economía, encabezada por Oriol Junqueras, solo tiene intención de convocar 12 plazas para contratar como personal interino los empleados que se encargarán de la liquidación. La consejería por ahora no ofrece más detalles de si se ampliará la previsión de puestos de trabajo o se consolidará el recorte.

Amparo legal del cambio de modelo

Al presentar el plan, los responsables del departamento ya señalaron que la “incorporación directa no tiene amparo legal”, por lo que era necesario implementar un sistema de concurso que consistirá “básicamente en la valoración de los méritos”. “Estos concursos deben respectar los principios de transparencia, publicidad, igualdad, capacidad y mérito”, alertaron.

Los sindicatos enmiendan este punto de vista. Señalan que Junqueras hubiera podido apostar, por ejemplo, por una subrogación de la actual empresa encargada de las liquidaciones de impuestos que controlan los registradores de la propiedad en Cataluña con la plantilla. Lamentan que el plan actual deje a muchos de los trabajadores a la estacada.

Condiciones de salida de los afectados

Por otro lado, alertan de las condiciones de salida de los afectados. Aunque se ganen una nueva plaza de interinos, ¿cobrarán alguna indemnización de la empresa privada que actualmente realiza la gestión? ¿desaparecerá la compañía?

Todas estas cuestiones siguen en el aire cuando queda menos de un mes para que venza el convenio de encargo de gestión de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) al decanato autonómico de los registradores de la propiedad en materia de implementación de las TIC. Deja de tener efecto el próximo 31 de diciembre.

Quejas por la improvisación

Los sindicatos lamentan lo que consideran que es una improvisación de una medida que se implementa por un argumento de coste económico. La consejería ha denunciado que, solo con los centros de grabación (la implementación delas TIC) los registradores recibían entre 488.000 y 504.000 euros en concepto de honorarios y elevan la cifra estimada con todas las partidas en 27,5 millones de euros en el ejercicio en curso. El presunto ahorro para las arcas públicas ha sido puesta en duda por los actuales gestores de las oficinas liquidadoras.

Lo que ocurre en las próximas semanas con los 18 trabajadores de implementación de TIC será clave para conocer el futuro de los 275 empleados de las oficinas liquidadoras que se encargan del resto de gestiones, cuyo convenio vence en 2017. Aún no se les ha comunicado cuándo se convocará su concurso público ni el número de plazas de interinos que la vicepresidencia de Economía les reserva.