La vicepresidenta económica del Barça, acusada de discriminación por sus trabajadores

El conflicto laboral que se arrastra desde hace meses en la empresa de la vicepresidenta económica del Barça, Susana Monje, el grupo Essentium, ha subido de temperatura por los criterios que presuntamente ha usado la compañía para abonar a parte de su plantilla las nóminas de agosto. Desde que empezaron las tensiones de tesorería a principios de año, los trabajadores con la retribución más baja han sido los que primero cobraban. Este noviembre, se ha implementado una nueva fórmula que, según empleados, es discriminatoria.

Los únicos empleados que han cobrado hasta la fecha la nómina de agosto han sido los que no han pedido la rescisión de contrato por vía judicial. Unas 130 personas, de los 350 de la plantilla, han optado por instar el proceso en los tribunales para intentar percibir la indemnización por despido improcedente.

Nueva manifestación en Madrid

Están al límite y han tirado la toalla, afirman los afectados. Consideran que es poco probable que el grupo obtenga los recursos económicos necesarios para superar los problemas de tesorería por mucho que la banca acreedora dé al final vía libre al plan de refinanciación, que aún se negocia, y han preferido que la justicia dictamine su despido para asegurarse de que no se irán a la calle sin recibir, como mínimo, el dinero de las nóminas que se deben.

Essentium adeuda a la mayoría de la plantilla las retribución de agosto, y tiene pendiente de satisfacer las nóminas de septiembre, octubre y tres cuartas partes de una paga extraordinaria a todos sus trabajadores.

La plantilla ha salido de nuevo a la calle este martes en una manifestación por el centro de Madrid para denunciar la situación.

Plan de desinversiones y venta de activos

La constructora en la que los Monje son accionistas mayoritarios mantiene que a medida que se cumpla el plan de desinversiones y venta de activos pactado con la banca acreedora, y que fiscalizan los consultores de Noraction, conseguirán los recursos necesarios para ponerse al día con sus trabajadores. Ha asegurado, incluso ante los mediadores públicos que gestionan el conflicto laboral, que existe un calendario de pagos que se va a cumplir.

Más allá de eso, no ha ofrecido ninguna información ni siquiera al comité de empresa con el consiguiente enfado de la plantilla. Los representantes de los trabajadores han remitido una nueva carta en la que se quejan de que la compañía “continúa y ahonda en el ninguneo del comité al no informar de los pagos, parciales o no” y mandan una batería de preguntas.

Amenaza de llevar a la cúpula a los tribunales

Piden detalles sobre los criterios del “pago parcial de la nómina de agosto” y cuestionan si es una decisión que se ha tomado desde la dirección de recursos humanos o ha sido “impuesta por algún cargo superior”. También exigen el “mismo trato” para todos los trabajadores y recuerdan la obligación que tiene la empresa de informarles de “todas las medidas que considera para hacer frente a los pagos pendientes y sus consecuencias” según lo “dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores”.

Por todo ello, amenazan con emprender “las acciones legales oportunas” ante una situación que consideran una “discriminación y una vulneración de los derechos fundamentales”. Por el momento, lo denunciará ante la Inspección de Trabajo.