La inmobiliaria de los Obregón, que levantó La Moraleja, en concurso de acreedores

El BOE ha publicado la entrada en concurso voluntario de Niesa Nueva Inmobiliaria Española, la inmobiliaria de la familia Obregón –la actriz Ana Obregón es una de las apoderadas y accionistas- que construyó en la década de 1970 La Moraleja, la zona residencial donde habitan las grandes fortunas en Madrid. La Administración concursal designada recibe estos días la comunicación de créditos por parte de los acreedores.

Antiguo coto de caza del Rey Carlos III

En 1969, el cabeza del clan de los Obregón, el constructor Antonio García Fernández, compró al Conde de los Gaitanes las acciones de Niesa, propietaria de los terrenos del antiguo coto de caza del rey Carlos III. Pagó algo más de 4 millones de euros por una finca que hoy tiene un valor incalculable. En sus 700 hectáreas, cinco veces mayor que el Principado de Mónaco, se edificó La Moraleja, la residencia vip de las fortunas en dirección a la carretera de Burgos, con la que hoy rivaliza La Finca, situada en la carretera de La Coruña, preferida por los nuevos ricos, entre lo que destacan futbolistas como Cristiano Ronaldo.

Ana Obregón, accionista

La constructora Jotsa, fundada por  Antonio García, y las promotoras inmobiliarias Prosa y Niesa, levantaron y comercializaron este enclave privilegiado. La Moraleja, a diez kilómetros de Madrid, cuenta con 1.100 parcelas con chalés, 400 unifamiliares, 26 colegios, club de tenis y de golf. Al frente del grupo empresarial se encuentra hoy Celia García Obregón, la primogénita del clan familiar, que preside Niesa y en la que tiene participación accionarial la televisiva Ana Obregón.

La suspensión de pagos de Jotsa

La familia Obregón también ha sido víctima de la crisis económica. La constructora Jotsa, que fue fundada en 1957 por el padre de la actriz, entró en suspensión de pagos en 1999, cuando la controlaba el grupo alemán Philipp Holzman. En enero de 2013, el padre, la madre y dos hermanos de la entonces protagonista de Ana y los siete tuvieron que acudir a un juzgado de Madrid para declarar a raíz de una querella por presunta estafa e insolvencia punible. La demanda fue interpuesta en el 2001 por un grupo de empresas afectadas por la suspensión de pagos de Jotsa. Esta constructora edificó, entre otras sedes emblemáticas, la embajada de la antigua URSS en Madrid.