La justicia pone la lupa sobre los presuntos tejemanejes en USOC

La gestión de la cúpula de la Unión Sindical Obrera de Cataluña (USOC), la tercera fuerza en el territorio, está bajo la lupa judicial. La insistencia de tres sindicalistas a los que echaron de la organización por sus críticas a lo largo de cinco años ha propiciado finalmente que el Juzgado de Instrucción 2 de Barcelona abra un proceso contra la antigua ejecutiva de la organización en bloque y la actual secretaria general de la organización, María Recuero.

El tribunal actúa a instancias de la Fiscalía del Área de Sabadell, que presentó un escrito de conclusiones hace un año en el que señalaba que había detectado indicios de que la dirección de la organización había incurrido en delitos contra la Seguridad Social, contra la Hacienda Pública por fraude en subvenciones, societarios, falsedad documental, apropiación indebida, contra los derechos de los trabajadores e incluso malversación de fondos públicos.

Cúpula de la USOC

Hace extensivos esos delitos a la máxima líder de la USOC durante 15 años, Antonia Gil, su marido y responsable de la cooperativa de vivienda de la organización, Paco Giménez, y al resto de la ejecutiva hasta finales de 2013. Es decir, el secretario de organización, Amadeu Caymel; el de comunicación, Xavier Sanz; el de acción sindical, Juan Antonio López; la secretaria de Igualdad, Inma Valls; la de Salud Laboral, Núria Farrús; y el de Formación, Lorenzo Villaplana.  

Fue la sombra de esta investigación y las dudas sobre sus tejemanejes los que fomentaron, precisamente, que la dirección dimitiera en bloque en noviembre de ese año y dejara paso a una gestora encabezada por la que convertía en secretaria general de la USOC hace también un año, María Recuero. Según las pesquisas de Fiscalía, a las que ha tenido acceso Crónica Global, existen pruebas de que participó en los presuntos delitos apuntados.

Primera denuncia de los críticos

El caso Astrea, el nombre con el que ha sido bautizada la instrucción, se inició en 2011 a raíz de una denuncia ante Inspección Laboral por parte de uno de los denunciantes en la que exigía tener acceso a las cuentas de USOC, ya que la cúpula de la organización alegaba que sufría estrecheces económicas pero se negaba de forma continuada a mostrar la contabilidad.

De hecho, había impulsado varias medidas, como tres expedientes de regulación de empleo (ERE) seguidos que afectaron a tanto a los trabajadores del sindicato como a los de dos empresas asociadas, Serveis i Imatges (servicios de imprenta) y Aula de Formación Profesional y Estudios Sociales (AFPES).

Denuncia ante Antifrau

Los denunciantes relatan que la dirección les exigió acogerse a la reestructuración y proseguir con su empleo habitual. Tomaron represalias contra los que no lo aceptaron. A partir de aquí, empezaron a investigar y llevaron su caso ante la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), que se inhibió de la causa al no ser competente en junio de 2013.

Con todo, la institución que persigue la corrupción en las instituciones públicas capitaneada por Daniel de Alfonso manifestó en su escrito de archivo que, a partir de la documentación que los tres denunciantes habían aportado, existían indicios de que la cúpula de USOC habría propiciado pagos irregulares de sobresueldos “al margen de las normas fiscales y tributarias”; contrató a personas sin actividad laboral pero con sueldo (y la correspondiente alta a la Seguridad Social) en nombre del sindicato y había desviado “subvenciones y aportaciones para planes formativos y ocupacionales” mediante mecanismos de facturación cruzada entre las empresas del sindicato y la organización.

Todos ellos, hechos que también se han investigado en Fiscalía y a petición de Instrucción 2 de Barcelona.

Irregularidades en promociones

Lo más grave que se ha detectado a lo largo de estos procesos son los presuntos “destinos irregulares de bienes inmuebles cedidos por parte del Institut Català del Sòl (Incasòl)”, tal y como indica la OAC en su escrito. Es decir, el terreno que se movilizaba a favor de la cooperativa de viviendas.

La institución avisó a Inspección de Treball de Catalunya, el Incasòl, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) de sus pesquisas. Los denunciantes aseguran que nunca han obtenido respuesta sobre si alguno de ellos tomó medidas contra la actuación del sindicato.

Secreto de sumario levantado