Jarabe de Palo pide la excarcelación del ex director general de BPA

No existen precedentes de que una figura del mundo de la cultura salga en defensa de un banquero en el país. Menos aún de que haga lo propio en Andorra, considerado hasta hace dos días un paraíso fiscal. La estampa es extraña, tanto o más que el caso de Joan Pau Miquel. Un buen amigo, Juan Pablo, del líder de Jarabe de Palo, Pau Donés, que lleva 11 meses en prisión preventiva en el Principado sin que la juez que instruye su caso tenga en su poder ni una sola prueba concluyente del delito del que se le imputa.

“Como comentaba, a día de hoy no hay pruebas de peso que lo hagan culpable, pero ‘por si acaso’, lo mantienen encerrado”, publica Donés en su blog. La magistrada Canòlic Mignorance Cairat dictó el 16 de marzo de 2015 un auto de imputación en virtud de los artículos 409 y 4010 del Código Penal del Principado en el que decretaba que quien había sido el primer ejecutivo de Banca Privada d’Andorra (BPA) y consejero delegado de la filial española, Banco Madrid, ingresara en prisión provisional por su presunta responsabilidad en permitir que la entidad de Principado blanqueara capitales procedentes del crimen organizado internacional.

Argumentó que existía la posibilidad de que destruyera pruebas sobre la actividad ilícita de BPA.

Denuncia del FinCen

Así lo había denunciado el organismo del Tesoro de Estados Unidos que persigue estos delitos en todo el mundo, el FinCen, unos días antes en un informe que propició la intervención del gobierno de Andorra de BPA y abocó a Banco Madrid al concurso de acreedores. El problema casi un año después de la denuncia es que no se ha detectado ningún caso en el que quede claro que el banco permitió que mafias (de cualquier tipo) regularizaran dinero de procedencia dudosa.

Y no será porqué no se buscara a consciencia. Un equipo con más de 100 auditores de todos los perfiles, de juniors a seniors, de PwC ha peinado todas las cuentas de BPA en un trabajo que se prolongó más de medio año encargado por el gobierno de Antoni Martí.

Conclusiones pendientes de publicar

Las conclusiones aún no se han presentado de forma oficial, pero el propio ministro de Finanzas del Principado, Jordi Cinca, reconoció el diciembre pasado que el 95% de los depósitos de clientes habían pasado la criba de la firma internacional y estaban listos para ser migrados al banco sano que el gobierno ha creado para poder vender los restos de la entidad a un tercero.

El 5% restante son fondos dudosos, pero aún no se ha demostrado que provengan de ninguna actividad ilícita. Fuentes conocedoras de la auditoría indican que se debe a que los criterios de PwC y el Institu Nacional Andorrà de Finances (Inaf) usados en el informe son más restrictivos que la legislación financiera vigente en el Principado.

Poco interés de la banca

Vall Banc aún no tiene activos porque el gobierno no encuentra bancos ni en Andorra, ni en España ni otra entidad internacional que quieran ejercer de corresponsal en la migración. Además, tampoco no existe demasiado interés en el sector para comprar los activos de Vall Banc. Los afectados por la intervención de BPA siguen en el limbo sin que exista ninguna fecha clara para resolver su situación.

Los accionistas mayoritarios, la familia Cierco, intenta reclamar de forma paralela la propiedad de BPA en tribunales de EEUU, España y Andorra. Quiere demostrar que el FinCen se equivocó y dar marcha atrás en el desmantelamiento de la entidad y, en la medida que sea posible, Banco Madrid.

¿Presunción de inocencia?

Joan Pau Miquel sigue en la cárcel. “Privar de libertad a una persona que presuntamente pueda haber incurrido en un delito (en este caso financiero) del que, además, no se tienen pruebas concluyentes, no me parece justo”, concluye el líder de Jarabe de Palo en su escrito, “y menos si esto ocurre en un país europeo, el Principado de Andorra, en donde parece que la justicia y las libertades deberían estar totalmente garantizadas”.

“La presunción de inocencia debería prevalecer”, sentencia Donés. No parece que la situación del banquero deba cambiar en el corto plazo, ya que la instrucción sobre el caso BPA avanza aún más lenta que la venta de la entidad en el Principado. Cabe tener en cuenta que el delito mayor de blanqueo de capitales, del que es acusado, conlleva como mucho penas de entre tres y ocho años de prisión.

Recogida de firmas ‘on line’

Miquel casi ha cumplido uno de ellos, aunque por ello se debería demostrar su responsabilidad durante el juicio y ni siquiera se está cerca de fijar una fecha por ello.