EEUU mantiene la lupa sobre la banca de Andorra

El departamento de Justicia de Estados Unidos (EEUU) ha vuelto a tropezar con la banca andorrana en sus investigaciones. Si primero logró la caída de Banca Privada de Andorra (BPA) y la consiguiente intervención de su filial española Banco de Madrid el pasado marzo, ahora sale a la luz que el fundador del grupo estadounidense de alimentación SK Foods escogió a Crèdit Andorrà para dar esquinazo financiero a las autoridades estadounidenses. El autor de varios fraudes alimentarios fue condenado a prisión por pertenencia a una organización criminal y por fijar precios en el sector de la distribución.

Frederick Scott Salyer puso rumbo a los Pirineos desde su California natal al salir a la luz una trama de irregularidades en la distribución de salsa de tomate, la base del negocio de SK Foods, que duró desde 1990 al 2009.

Pago de sobornos

El dueño de la compañía ideó una trama de pago de sobornos a directivos de grupos como Kraft Food, Frito-Lay o B&G Foods para que alteraran los test de calidad de la salsa de tomate en el laboratorio, según un informe del Departamento de Justicia de EEUU al que ha tenido acceso CRÓNICA GLOBAL.

“Sk Food mintió sobre el porcentaje de tomate natural de su producto, los sólidos solubles, el porcentaje de hongos, la data de producción e incluso la salsa fue categorizada como orgánica”, algo muy lejos de la realidad del producto, según el documento. También pactaba precios y se repartía clientes con sus competidores al alterar los procesos de selección de productores agrícolas.

Huida a Andorra

El Departamento de Justicia de EEUU se percató del engaño e inició la investigación. Salyer y sus colaboradores reconocieron los tejemanejes y la compañía se fue a pique (la adquirió el grupo de Singapur Olam International en junio de 2009). El directivo diseñó entonces la salida del país tanto de su familia como de su capital, y puso rumbo a Andorra.

Fue el FBI el encargado de fiscalizar las operaciones que realizó el directivo en el Principado. Salyer eligió el banco controlado por las familias Salas, Pintat y Reig. Fue en Crédit Andorra donde él y su esposa, Sally Sayle Alexander, abrieron sendas cuentas a finales de diciembre de 2009. Gracias al traspaso de su fortuna en EEUU pudieron adquirir mediante un intermediario una residencia en Andorra (primero hizo un depósito de 45.500 euros) y eludir el proceso judicial en su país de origen.

El Principado no tiene convenio de extradición con EEUU, por lo que los Salyer pudieron disfrutar de una vida tranquila en Andorra.

Transferencia desde Liechtenstein

En diciembre de 2010, un año después de su llegada, Crèdit Andorrà recibió una transferencia de 3,17 millones de euros de un banco con sede en Lienchenstein.

Según el FBI, la entidad andorrana pidió explicaciones sobre el origen del capital y como Salyer no ofreció una justificación suficientemente convincente, el banco “notificó a las autoridades andorranas que congelaba la cuenta porque estaba pendiente de una investigación de la Policía de Andorra”. En ese momento, las autoridades estadounidenses ya se habían puesto en contacto con sus homólogos en el Principado para intentar fiscalizar la vida del matrimonio lo máximo posible.

Repatriación del capital

El capital no se repatrió a EEUU. Era el gran objetivo del FBI, la Criminal Investigation Division (el encargado de perseguir los delitos fiscales en el interior de EEUU), el FDA Office of Criminal Investigations y la Antitrust Division del Departamento de Justicia. Todas las entidades han participado en el cerco a los Salyer. La fortuna atesorada continuó en los fondos de Crèdit Andorrà hasta que Salyer pactó con los tribunales una rebaja de pena a cambio de repatriar el capital y los intereses que acumulaba, superiores a los tres millones de euros.

Salyer fue detenido en febrero de 2010 en EEUU. La operación se produjo cuando realizaba una corta estancia en el país detectada por los agentes que le perseguían. Fue encarcelado por el riesgo de fuga hasta septiembre de 2010, cuando regresó a casa al pagar una fianza de 5,5 millones de euros. Fue considerado culpable en julio de 2012.