El 'Constitucional catalán' languidece

Es el embrión del futuro “Tribunal Constitucional catalán” y, por tanto, una de las estructuras de estado básicas del independentismo catalán. Sin embargo, tan alto cometido contrasta con su inactividad.

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE), órgano encargado de velar por el ajuste de las normas catalanas al Estatuto y la Constitución, solo ha elaborado en ocho meses cuatro dictámenes. El año pasado, el total de asuntos en los que intervino el CGE ascendió a 26, los mismos que en 2014, mientras que en 2013, la cifra de dictámenes se elevó a 20.

El motivo principal de esta inacción legislativa del Gobierno catalán es que está inmerso en un proceso secesionista que eclipsa cualquier otro tipo de iniciativa. Este año, el Parlamento catalán solo ha aprobado una ley (fruto de la proposición conjunta de todos los grupos sobre las competencias del Instituto Catalán de las Empresas Culturales) y ha validado seis decretos del Ejecutivo autonómico. A menudo son los grupos de la oposición los que recurren al CGE cuando tienen sospechas de inconstitucionalidad, pero debido a la falta de producción legislativa, no se presentan demasiadas ocasiones.

Conflictividad con el Estado

La actividad del CGE --que tras la aprobación del nuevo Estatuto sustituyó al antiguo Consell Consultiu-- se mantiene viva gracias a la conflictividad entre Generalitat y el Gobierno español. Siempre que la administración catalana quiere impugnar una norma estatal que, a su juicio, invade competencias propias, reclama al Consell un dictamen previo sobre la misma como trámite anticipado. De hecho, los cuatro informes presentados este año por el CGE se refieren a normas de carácter nacional: convocatoria de subvenciones estatales con cargo a la asignación tributaria del IRPF, real decreto sobre eficiencia energética, evaluación final en educación primaria y adquisición de créditos de carbono.

Este “Tribunal Constitucional a la catalana” cuenta con un presupuesto anual de 3,2 millones de euros, de los cuales, 2,4 millones van destinados a pagar sueldos. Está integrado por nueve consejeros, seis nombrados a propuesta del Parlamento catalán y tres, a propuesta del Gobierno autonómico, entre juristas de reconocida competencia con más de 15 años de experiencia profesional en el mundo del derecho “y que tengan la condición política de catalanes”.

Sueldos muy elevados

Las retribuciones de los consejeros del CGE son bastante generosas. Cobran anualmente 121.050 euros, pero en el caso del presidente, Joan Egea, hay que añadir un complemento de 8.330 euros, mientras que en el caso del vicepresidente, Pere Jover, y del consejero secretario, Àlex Bas, se suman 6.545 euros a cada uno. En algunos casos, el salario se suma a abultados bienes patrimoniales. El consejero Francesc de Paula Caminal Badia ha declarado activos por valor de 2,2 millones de euros, mientras que Jover los tiene por valor de 1,3 millones, según contaba en las declaraciones tributarias de 2014. Completan la plantilla de juristas Eliseo Aja, Marc Carrillo, Joan Ridao, Jaume Vernet y Carles Jaume.

El Consell de Garanties tiene pendiente la renovación de algunos de sus miembros para que la institución se ajuste a las mayorías parlamentarias actuales, donde la antigua CDC y ERC predominan.