El ‘caso 3%’ noquea al mundo catalán de los negocios

Noquear: Dejar sin sentido a alguien con un golpe.

El empresariado de Barcelona ha asistido atónito este jueves a un nuevo capítulo del caso 3%, la persecución judicial a la presunta corrupción del entorno de CDC. La investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) y coordinado por la Fiscalía Anticorrupción ha asestado un golpe a la cúpula de dos de las grandes instituciones de colaboración público-privada de Barcelona y, por extensión, de Cataluña: Fira Barcelona y el Puerto de Barcelona.

Ha dejado especialmente fuera de combate la implicación del director general de la primera, Constantí Serrallonga. Él es un gerente de perfil bajo. Se escogió como relevo de Agustín Cordón a finales de 2015 tras fracasar los intentos de promocionar a alguien interno al frente de la organización y casi en tiempo de descuento. El discreto protagonismo público que tenía fue clave para aprobar la sucesión.

Perfil técnico

Era pública y notoria su proximidad con CDC, ya que salía de la gerencia del Ayuntamiento de Barcelona con el desembarco de Ada Colau y su equipo en la plaza Sant Jaume. Pero se confió en su capacidad para restablecer relaciones con la alcaldesa y facilitar el buen entendimiento entre el equipo de gobierno municipal y la institución, dañada por la campaña electoral de BComú.

Fuentes del entorno de Serrallonga le describen como un técnico algo gris en sus relaciones institucionales que supo interpretar ese papel. El consejo de administración de Fira Barcelona le arropa ahora, después de que la Guardia Civil registrase durante horas su domicilio particular.

Responsabilidad

Los prohombres que se sientan en este órgano de gobierno, así como los portavoces de la institución, ponen el acento en que los agentes se han personado en casa de Serrallonga por su gestión en el consistorio de la capital catalana, no en la Fira. Firmaba centenares de papeles al día en su condición de máximo técnico municipal y se puede haber pillado los dedos en alguno de ellos, relatan. Pero no le restan responsabilidad.

Se le apoya y todas las fuentes consultadas destacan la honradez que ha demostrado en su primer año de director de Fira. Con todo, alguno de los consejeros ha señalado que cuando uno es gerente de una empresa y un subordinado te la cuela, debes dar la cara y asumir las consecuencias. “Va con el sueldo”, señalan.

Proximidad del MWC

Si el registro de ayer se traduce en la imputación de Serrallonga (investigado, en el argot jurídico actual), los responsables de la institución son conscientes de que deberán revisar la estructura de gobierno. No es un plato del gusto de nadie. Fue muy complejo sustituir a Cordón a finales de 2015 y el proceso actual se abriría contrarreloj.

Existe un evento marcado a fuego en la agenda de Fira Barcelona que ha disparado los nervios: el Mobile World Congress (MWC).

¿Puede la institución estar representada en un evento de estas características por una persona salpicada por un caso de corrupción pública? GSMA, la institución que agrupa a más de 800 empresas del sector y organiza el congreso, hizo llegar ayer el mensaje a Barcelona de que ese no sería su escenario ideal a pesar de que no están ni quieren involucrarse en la dirección de Fira.

Menos presión en el puerto

El caso de Sixte Cambra es algo diferente. La entrada y registro en el Puerto de Barcelona no ha sorprendido tanto como en el caso del director general de Fira. La institución ya ha resistido algunos escándalos de corrupción. Se ha puesto incluso sobre la mesa que el dirigente de CDC pague las consecuencias de alguno de ellos.

Su cargo también está en falso. No tiene tanta presión como Serrallonga porque no se celebrará en cuatro semanas ningún evento en el puerto de la talla del MWC, pero su continuidad está sujeta a cómo salga de declarar ante el juez de El Vendrell. En los próximos días se fijará una fecha para que acuda al tribunal tarraconense.