Si cogemos la segunda acepción de política del diccionario de la RAE, “actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos”, vemos que nuestros políticos cada vez se alejan más de ella, pues los asuntos públicos están cada vez menos gestionados.
La parálisis en la gestión que asola Cataluña desde que el procesismo se instaló en el centro del debate político se ha contagiado al resto del país con un Gobierno incapaz ni siquiera de plantear un proyecto de presupuestos porque sabe que no lo va a sacar adelante.
Ambos Parlamentos comparten la misma carencia. Nombraron a unos Gobiernos con una única intención, seguir con el monotema: el procés en un caso y evitar el Gobierno de la derecha, en el otro, pero ambos carecen de una agenda común con quienes los encumbraron al poder para gestionar aquello que realmente interesa a los ciudadanos.
Las elecciones al Parlamento nacional se celebraron hace casi ocho meses, y de momento solo tenemos una ley de amnistía pendiente aún de ser aprobada y que, según el propio ministro de Justicia, afectará a 372 personas, unas pocas imprescindibles para que siga el Gobierno en su silla, eso sí.
Cuando se publique, probablemente en junio, habrá pasado casi un año de las elecciones con la actividad legislativa centrada fundamentalmente en resolver los líos en los que se metieron 372 personas. Mientras tanto, todo lo demás queda a la espera de 2025. Tendrán que esperar los presupuestos, los fondos europeos y todo lo que realmente importa a 48 millones de personas.
Nuestras fronteras siguen siendo un coladero para la inmigración ilegal y, cada vez más, para el narcotráfico; policías y guardias civiles siguen sin ver su actividad clasificada como profesiones de riesgo, cosa que sí han logrado mossos, ertzainas y policía foral navarra; la interinidad en los profesionales de la medicina es escalofriante, nadie sabe qué pasará con las mutualidades de los funcionarios, y así siguiendo en multitud de temas que sí importan y dependen de los presupuestos. Los 450.000 millones que constituyen los presupuestos del Estado se van a gestionar en 2024 como se pueda, alargando los presupuestos del 2023, diseñados a finales de 2022. De chapuza en chapuza hacia el desastre final.
De nuevo, 2024 va a ser un año sin Presupuestos Generales del Estado, sin presupuestos de la Generalitat y, me temo, tampoco habrá presupuestos en el Ayuntamiento de Barcelona, pues lo primero es la táctica política, mientras que las necesidades de los ciudadanos cada vez son menos prioridad.
Si a la parálisis presupuestaria unimos el nivel de las discusiones entre los políticos, centrados en echarse porquería directamente o por medio de familiares, tenemos un panorama para echarse a llorar. Hasta verano, una vez se aclare quién gobierna en Euskadi, quién en Cataluña y cómo ha sido el tortazo socialista en las europeas, lo importante será volver a lograr votos. Calendario de parálisis que puede alargarse aún más si el presidente del Gobierno se anima a convocar elecciones generales antes de final de año según sea de complicado contentar a sus temporales aliados tras decidirse necesariamente por uno u otro en Euskadi y Cataluña.
Mientras los políticos están por sus cosas, estos se alejan cada vez más de las necesidades reales. Ejemplos de dónde nos lleva su inacción tenemos muchos, veamos unos pocos.
El pavoroso incendio de las dos torres del barrio del Campanar de Valencia que hace un mes segó la vida de 10 personas, pero que pudieron ser muchas más si se llega a producir con las familias durmiendo en sus hogares, tuvo un patrón calcado al de Grenfell Tower en Londres o al de la Torre del Moro de Milán. La vertiginosa propagación se debió al recubrimiento y a la técnica de construcción de fachada ventilada.
En Reino Unido, tras un incendio con 72 víctimas mortales, se llevó a cabo una profunda investigación de la que ha derivado una nueva cultura frente a los incendios y se ha establecido un muy serio mecanismo de remediación. Los propietarios de edificios similares tienen que cambiar las fachadas, con ayudas públicas, y mientras tanto disponer de medios excepcionales de prevención de incendios, como cámaras o incluso guardias de seguridad si las cámaras no son suficientes. Se trata, sobre todo, de que no se vuelva a producir la tragedia. ¿Qué hemos hecho en España? Hablar de Koldo, de las mascarillas, de la mujer del presidente y del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y para que no vuelva a pasar nos pondremos a rezar, aunque seamos ateos. Nadie mueve un dedo para saber cuántos edificios corren el mismo riesgo y qué hacer para evitarlo.
Lo mismo ocurre con la sequía. Desde la última gran sequía en Cataluña no se han mejorado las instalaciones para evitarla. No se han instalado las desaladoras previstas, ni se han realizado obras para conectar cuencas hidráulicas en momentos como el actual. De nuevo, a rezar para que llueva.
Y, en gran medida, el trágico asesinato de una cocinera en la prisión de Tarragona también tiene como trasfondo la falta de gestión. La Generalitat gestiona las prisiones desde el inicio de la autonomía, en 1979. Los resultados de su gestión son tan malos como que los funcionarios de prisiones cada día están más desvalidos. No faltan medios, lo que fallan son las prioridades. Mejorar las dotaciones de funcionarios, sus medios y condiciones no sirve para ganar votos, por lo cual tampoco es prioritario.
El Gobierno, y el Govern, no tienen la culpa del incendio de Valencia, ni de la sequía ni del asesinato en la cárcel de Tarragona, pero podrían haber hecho mucho más para prevenirlos y, sobre todo, para evitar que se den casos similares si se dedicasen a gestionar en lugar de a vivir en su mundo, cada vez más alejado de la realidad.
El deterioro de la gestión pública se palpa día a día y se evidencia con las tragedias, pero cada día que pasa estamos peor porque todo se deteriora y a nadie le importa la gestión, solo lograr votos para sentarse en el Gobierno, aunque luego no sepan, o no puedan como consecuencia de mayorías imposibles, hacer nada.