El TSJC autoriza el toque de queda en 161 municipios catalanes durante una semana

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha autorizado este viernes imponer el toque de queda en 161 municipios catalanes durante una semana para frenar así la escalada de contagios en esta quinta ola de la pandemia.

La restricción de movilidad, que también cuenta con el aval de la fiscalía, estará vigente entre la una y las seis de las mañana hasta el próximo 23 de julio. Se aplicará, tal y como detalló el Govern el pasado miércoles, en aquellos municipios de más de 5.000 habitantes en los que la incidencia del Covid-19 sea superior a 400 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. 

Toque de queda en Cataluña

Al suponer la limitación de un derecho fundamental, el Ejecutivo catalán ha tenido que solicitar autorización judicial para poder implementarlo. Según avanzó la portavoz Patrícia Plaja la pasada jornada, la previsión es que la Generalitat vuelva a pedir el aval del TSJC la próxima semana, y mantener así la restricción, aunque la lista de localidades afectadas variará según el avance del virus.

Ante la "explosión de casos", en palabras del titular de Salud, Josep Maria Argimon, el Govern también ha decretado el cierre de toda actividad a las 00.30 horas, y ha limitado los encuentros sociales a un máximo de 10 personas --medidas también autorizadas por la justicia--. Solo en las últimas horas, Cataluña ha detectado unos 9.500 contagios, y la presión hospitalaria sigue al alza.

Justicia y restricciones

Para autorizar el toque de queda, la Sala de lo Contencioso ha resaltado en su auto la "penosa realidad" de la pandemia, y ha remarcado que pese a que el Constitucional ha declarado contrario a la Carta Magna el primer estado de alarma, todavía no ha dado a conocer la sentencia íntegra y por ello se decantan por permitir esta nueva restricción. No obstante, advierten de que una vez se conozca el fallo íntegro, tendrá que estimarse a la hora de tomar próximas decisiones.

Los magistrados añaden que "no puede dudarse de que las medidas persiguen el distanciamiento social, la limitación de contactos y actividades grupales" y que su finalidad "es regular las emergencias sanitarias y controlar los contagios para proteger el derecho a la vida, a la integridad física y a la salud".