Mas, un lector feliz: El TC y un manifiesto dan aire al proceso

Artur Mas toma aire. Un grupo de jueces acude al rescate. Son pocos, el apoyo, endeble, y las circunstancias, las mismas. Ahora bien, es un éxito impensable hace unos días. El presidente de la Generalidad será el lector de periódicos más feliz del mundo esta mañana. Y eso que no sale en ninguna portada. La mayoría de la prensa editada en Madrid y parte de la catalana abren ediciones con la división en el Tribunal Constitucional respecto a la declaración de soberanía del Parlamento autonómico de Cataluña. Seis de los once miembros del TC están a favor de admitir el recurso del Gobierno y declarar inconstitucional la proclama. Los cinco restantes albergan dudas sobre la viabilidad del recurso, puesto que la del parlamento autonómico sería una declaración política sin efectos jurídicos. Una ñapa política a la que la minoría (progresista) del TC pretende dar carpetazo con la inadmisión del recurso. Punto para el proceso.

En La Razón, el corresponsal jurídico Francisco Velasco relata los entresijos del drama tras un titular de portada de rompe y rasga: "La declaración soberanista de Cataluña parte al Constitucional". Y escribe Velasco:

"La declaración soberanista aprobada el 23 de enero de 2013 por el Parlamento [autonómico] catalán sobre «el derecho a decidir del pueblo de Cataluña» no concita unanimidad en el Tribunal Constitucional, ni mucho menos. Al menos, hasta estos momentos, los criterios de los magistrados sobre la constitucionalidad o no de ese acuerdo están bastante distantes, divididos, prácticamente, en dos grupos, según confirmaron a La Razón fuentes de toda solvencia. En un lado estarían aquellos miembros del TC considerados «progresistas», que defienden la constitucionalidad de la declaración citada y, por otro, englobados en el grupo «conservador», que sostienen que es radicalmente inconstitucional. De esta forma, según las citadas fuentes, serían seis los magistrados que, a día de hoy, apoyarían la impugnación presentada por la Abogacía del Estado, frente a los otros cinco que defienden su rechazo, entre los que se encuentra la ponente de la resolución, la magistrada Adela Asua. Aquellos magistrados que entienden que no hay motivo alguno para anular el citado acuerdo, en el que se define al pueblo catalán como «sujeto político y jurídico», entre los que se encuentra la ponente, argumentan que el mismo no tiene efectos jurídicos y que sólo contiene una mera declaración política. En cambio, los que defienden su inconstitucionalidad, criterio mayoritario en estos momentos, sostienen justo lo contrario, es decir, que sí tiene efectos jurídicos, derivados, entre otros puntos, en los que hace referencia al «derecho a decidir», lo que comporta la posibilidad de celebrar un referéndum".

En El Mundo este asunto también es el titular de portada: "La vicepresidenta del TC quiere dar un balón de oxígeno a Mas". Firma la información la experta María Peral, que aporta parecidos detalles y la apreciación de que la ponente pertenece a la cuota del PSOE, pero de la órbita del PNV. El editorial del diario madrileño es concluyente:

"La señora Asúa desconoce así deliberadamente que el acuerdo soberanista aprobado hace un año por el Parlamento [autonómico] catalán es ni más ni menos una hoja de ruta que ya ha tenido los siguientes efectos: establecimiento de la fecha de un referéndum de autodeterminación, formulación de la pregunta y hasta una modificación de los Estatutos de TV3, la televisión pública catalana, para que pueda emitir la campaña para el referéndum como si fuera publicidad institucional. (...) Pero Adela Asúa ha hecho suyos los argumentos de los letrados de Artur Mas y, de ese modo, ha proporcionado un balón de oxígeno al presidente de la Generalidad precisamente en el momento en que se estaban debilitando sus posiciones y fortaleciéndose las de quienes se oponen a sus pretensiones".

En El País pasan por alto este expediente en portada y optan por la dimisión del primer ministro italiano, Enrico Letta, removido por su propio partido. Matteo Renzi es el nombre. Acuérdense, o no. Un primer ministro italiano dura menos que un entrenador fútbol en la parte baja de la tabla de clasificación. Tampoco Abc es sensible a los pormenores del debate en el Constitucional. Resaltan, en cambio, el manifiesto suscrito por los jueces catalanes en una pieza de Janot Guil titulada: "El 4,3% de los jueces (catalanes) pide el referéndum". Como de pasada, comenta que entre los firmantes hay dos instructores del caso Palau, Solaz y Pijuan. El manifiesto en cuestión, suscrito por un indeterminado número de jueces que oscila entre los 30 y los 34, según las versiones de los medios, tampoco tendría efectos jurídicos, más allá de acrecentar la desconfianza en unos magistrados metidos en política. La pregunta es obvia: ¿Cómo puede influir en el instructor de un caso que los principales perjudicados sean sus referentes políticos? Hay más cuestiones, pero habrá que esperar a la reacción ante el texto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el ministerio de Justicia. El precedente es el del ex fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, que se pronunció a favor del derecho a decidir y fue cesado por el fiscal general Torres Dulce. Hace un año. La Generalidad lo acaba de recolocar en el Comité de Ética de los Mossos.

El texto dice que Cataluña es una nación, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos ampara el derecho a decidir y que la prueba está en Quebec, que no es una colonia de Canadá. Más aire para Mas, aunque el pedigrí de los señores magistrados no es dudoso. Encabeza la manifestación (de los firmantes), en cuanto a popularidad, Santiago Vidal, juez de la Audiencia de Barcelona, colaborador en medios de comunicación connotado por sus opiniones independentistas y asesor del Consejo para la Transición Nacional, el ente que hace los informes jurídicos de la Generalidad. Donde está Pilar Rahola, para entendernos.

De la prensa catalana, es La Vanguardia quien más en serio se toma el asunto del TC, hasta el punto de que abre la portada y la sección de Política con la fractura, división o grieta en la institución. "División en el TC por la declaración de soberanía", titulan en la tapa. José María Brunet firma la noticia y subraya que "el proyecto de fallo se inclina por rechazar el recurso del Gobierno" y que la autora persiste en negociar su postura, a despecho de una mayoría cinco a seis que parece un cisma en toda regla.

Para Mas, la buena noticia es que ha conseguido judicializar el proceso, que un selecto grupo de jueces catalanes, incluidos los que entienden sobre la corrupción política, dan cuartelillo jurídico al tema, porque ellos lo valen y porque si se dedican a la justicia son juristas, lo que es casi incontestable hasta en el caso de notarios y registradores de la propiedad. Y mejor aún, que en el Constitucional haya disenso, aunque no se funde en la declaración de soberanía, sino en la postura a adoptar respecto a ella entre dos opciones: la inconstitucionalidad o hacer como que no pasa nada y el Parlamento autonómico catalán es de juguete.

En estas circunstancias, que Duran tense la cuerda, que se difunda en todos los periódicos que el dirigente de Unió está que fuma en pipa por la "política" internacional del inefable consejero Francesc Homs y que engorde los perfiles abruptos y camorristas de la comparación entre Cataluña y Ucrania (de Homs, claro, quién si no) es una preocupación menor. Mientras toca la lira judicial, Mas contempla indiferente como la "internacionalización del conflicto" es un fracaso de largo recorrido, pero menor a corto plazo. Tendrá que renovar el personal de las embajadas y no le faltarán expertos juristas, seguramente. Las plazas son buenas, las dietas, gruesas, y la nómina, parecida a la de los jueces.

En El Periódico el trasunto del Tribunal Constitucional no es un problema de mayorías sino de acumulación de argumentos. En portada es un sumario inferior que dice: "El TC acumula argumentos jurídicos para desmontar la consulta". En páginas interiores, una crónica desde Madrid firmada por Margarita Batallas reduce el souflé:

"Los 11 magistrados del Tribunal Constitucional (TC) han empezado ya a estudiar un borrador redactado por la vicepresidenta de la institución, Adela Asúa, en el que se propone la no admisión del recurso presentado por el Gobierno del PP contra la declaración de soberanía aprobada por el Parlamento [autonómico] de Cataluña el 23 de enero del 2013. Sin embargo, este primer texto no cuenta con los votos suficientes para ser aprobado y será rehecho para que recoja la opinión mayoritaria de los magistrados, que estiman que la declaración del Parlamento [autonómico] es inconstitucional, según fuentes del alto tribunal. La nueva ponencia será discutida previsiblemente a finales del mes de febrero. (...) Las fuentes consultadas explicaron que los jueces «han despiezado» la declaración del 23 de enero del 2013 porque «los matices son importantes». Y revelaron que la vicepresidenta está preparando una segunda redacción del borrador en la que ha optado por un enfoque más técnico y conciliador".

El texto se remata con contexto, el de un caso pendiente:

"El alto tribunal también está pendiente de resolver el recurso que en su día presentó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero contra la ley de consultas aprobada por el gobierno tripartito. El Constitucional suspendió en su día la norma de forma cautelar, pero cinco meses después levantó esta medida. Esta ley permitía al Gobierno [autonómico] catalán convocar una consulta sobre cuestiones de interés especial para Cataluña. En el fallo del alto tribunal sobre el Estatuto se establecía que este modelo de consulta era legal si no se equiparaba a un referendo".

Paso a paso por tanto y cambio de registro. La prensa catalana también acumula argumentos, en este caso estadísticos y económicos. Con más de seiscientas mil personas en paro, la economía específicamente catalana remonta. Lo explica El Punt Avui con un titular entre informático e ininteligible: "Mejora en proceso". Un sumario aclara que no se trata de un antivirus: "La vía catalana no perjudica a la economía catalana, que evoluciona mejor que la española". En el Ara, mismo argumento pero con un titular más sofisticado: "La economía catalana se recupera más deprisa que la española". ¿Y qué es la economía catalana? Un informe de la Cámara de Comercio.

En La Vanguardia editorializan al respecto:

"La economía catalana consolida su recuperación con mayor intensidad que la del conjunto del Estado. Esto es algo que históricamente siempre ha sucedido. Cuando empiezan las crisis, Cataluña las acusa con mayor dureza y cuando acaban es la primera comunidad autónoma en salir de ellas. Esto lo certifica nuevamente un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona, tras analizar un amplio número de indicadores económicos. Pero, pese a la mejora general que se detecta, incluso en el frente laboral, hay que mantener un optimismo muy moderado, porque los índices de crecimiento son muy débiles, lo que confirma que se tardará todavía bastante tiempo –hasta diez años según la UE– en recuperar los niveles de antes del inicio de la crisis. (...) Es evidente que la incertidumbre siempre es un factor negativo para la confianza empresarial. Pero de momento hay que dejar constancia de que el escenario de estabilidad política, económica y social del país propicia –si no cambian las cosas– que el debate político siga sus cauces y que la economía avance por su propio camino, en un marco empresarial caracterizado por un gran dinamismo y una clara apuesta por el futuro".

Entre cal y arena, la carta del director, Màrius Carol, es profundamente reveladora: "En unos momentos en que el proceso soberanista está haciendo temblar a algunos directivos de multinacionales, resulta revelador comprobar que nada indica que la economía se vea afectada por esta circunstancia. (...) Que la economía se recupere al margen del debate político invita a desdramatizar el momento, a dialogar independientemente de las presiones y a buscar soluciones sin angustia".

La fiesta no ha terminado. La prensa catalana, sin discusión, inaugura un brote verde en medio del proceso separatista. La economía, va. Nadie se pregunta cómo iría sin proceso. ¿Mejor? ¿Tal vez igual? Da igual, los diez años de más crisis están en todas las quinielas, pase lo que pase. Un informe de la Cámara de Comercio de Barcelona. Definitivo.

Hay más temas, por supuesto. Abc opta por una entrevista con Yolanda Barcina, la presidenta de Navarra, quien afirma que los socialistas navarros "se están dejando arrastrar por Bildu para echarme". En El Mundo es el asunto que aborda Jiménez Losantos sin ambages. "El PSOE vuelve a Perpiñán", titula su columna, en la que afirma:

"Que Rubalcaba y la joven guardia pocha del PSOE pacten con la ETA para echar del Gobierno de Navarra a lo que llaman «la derecha» es algo perfectamente coherente con la trayectoria sociata desde Zapatero. Ya en 2007 urdieron los socialistas navarros una alianza con la totalidad de las fuerzas separatistas y anexionistas al País Vasco, de Nafarroa Bai al PNV. Sólo el temor a los efectos de ese pacto en las elecciones generales de 2008 hizo que Blanco lo impidiese. Ahora en Navarra el separatismo vasco de derecha apenas existe. Es, fundamentalmente, etarra. Hasta Garaicoechea, el líder navarro del PNV, acabó entregando su facción a los amigos de la ETA, bien es verdad que de la mano de un señor del Opus y con todos los plácemes del episcopado pardo y la orientación pastoral de la euskobiblia: abrazar a los asesinos mientras se van resignando sus víctimas".

Es una tesis parecida a la de Carlos Herrera en Abc:

"El Partido Socialista en Navarra, por ejemplo, está loco por la música. Tanto es así que está dispuesto a caminar de mano de Bildu con tal de desalojar del poder a UPN. Yolanda Barcina merecerá todas las críticas que se quieran hacer, pero a nadie que quiera ser algo en política nacional se le ocurrirá, en su sano juicio, emprender acciones de la mano de quienes quieren anexionar Navarra a la fantasmagórica Euskalerría del nacionalismo vasco. Flaco favor se hacen a sí mismos quienes bendicen esa operación. Bildu, y lo que le cuelga, están esperando un tonto útil en forma de socialista que les haga el trabajo sucio y así poder establecer una aberrante política de anexión. El PSOE aspirante a gobernar España no puede consentirlo, se ponga como se ponga el hambriento socialismo navarro".

Un suculento detalle local sin salir del diario monárquico. Alex Gubern da cuenta de lo que costó la retirada de la placa de la Constitución de la fachada del Ayuntamiento de Barcelona: "Trias se gastó 25.426 euros en retirar la placa de la Constitución" es el titular. En el texto se recuerda que ni siquiera aludía a la actual Constitución.

"Colocada en 1840 en conmemoración de la Constitución de 1837, la placa llevaba 173 años en la fachada del Ayuntamiento de Barcelona. Su longevidad no le sirvió para salvarse de la piqueta, y este verano, el Consistorio que preside Xavier Trias ordenó su retirada. Más allá de idas y venidas políticas, la placa de la Constitución de plaza Sant Jaume, como se dice, formaba ya parte del paisaje, no en vano el bajorrelieve fue inaugurado a la vez que se estrenaba la remodelación urbanística de la plaza en su forma actual. (...) En su momento, el grupo municipal del PP consideró un «gesto y gasto innecesarios» la sustitución. «Después de 34 años (desde la constitución del primer ayuntamiento democrático) nadie había reparado en esta placa, incluso cuando gobernaron los gobiernos tripartitos en los que estaba la propia ERC», en palabras de su líder, Alberto Fernández. Para los populares, gestos de este tipo, que ahora se conoce que tuvo un coste de más de 25.000 euros, responden al hecho de que Trias gobierna cabalgando la ola soberanista".

Ola soberanista y pelotazo para alguien. 25.000 euros para retirar una placa y poner otra que dice "Ajuntament de Barcelona". Tela.

14 de febrero. San Valentín, mártir romano. Y Santa Alejandra de Egipto, dedicada a la penitencia.