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Una furgoneta de la Policía Nacional sale de un hotel de Pineda de Mar donde se alojaban agentes del cuerpo desplazados a Cataluña por el 1-O / EFE

El juzgado de Arenys eleva a la Audiencia de Barcelona el caso del acoso a policías en Pineda el 1-O

La sala de lo Penal entiende que no es competente para enjuiciar este procedimiento y lo deja en manos de una entidad superior

5 min

El Juzgado de lo Penal 2 de Arenys de Mar (Barcelona) ha suspendido el juicio a dos tenientes de alcalde del PSC y al jefe de la Policía Local de Pineda de Mar (Barcelona) en 2017 por el acoso que sufrieron los agentes de la Policía Nacional allí destinados por el 1-O. Entiende la sala que no es competente para enjuiciar este procedimiento y lo deja en manos de la Audiencia de Barcelona.

Este lunes estaban citados los dos tenientes de alcalde del PSC, Carme Aragonés y Jordi Masnou, así como el entonces jefe policial de Pineda, Carles Santacreu, acusados de presionar a un hotel para que expulsara a los policías nacionales alojados por el 1-O. Asimismo, la Fiscalía de Delitos de Odio pide para ellos tres años de cárcel y de inhabilicación por coacciones con la agravante de prevalimiento de carácter público.

Nueva fecha para el juicio

Sin embargo, el juicio deberá esperar después de que el Juzgado de lo Penal 2 de Arenys se haya inhibido a favor de la Audiencia de Barcelona que, cuando reciba la causa, fijará una nueva fecha según el calendario disponible, según ha detallado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Según la fiscalía, sobre las nueve de la noche del 2 de octubre de 2017, Aragonés, Masnou y Santacreu --que iba de paisano-- se presentaron de "forma irregular" en un hotel de la cadena Checkin de Pineda de Mar para "conminar a la dirección de la cadena hotelera, prevaliéndose de la autoridad que representaban, para lograr la expulsión" de los agentes de la Policía Nacional que alojaban.

Tono amedrantador

La comitiva municipal pidió entrevistarse con la dirección del establecimiento, entrando en el despacho del director, ante quien Aragonés, como máxima autoridad municipal porque el alcalde estaba fuera del municipio, junto al "apoyo amedrentador" de los demás acusados, le conminó a desalojar el contingente de policías nacionales alojados en dos hoteles de Pineda de la misma cadena, según la fiscalía.

Ante esta exigencia, el director del hotel puso a los responsables municipales al teléfono con el gerente de la cadena hotelera, ante quien Aragonés reiteró su exigencia, si bien el responsable se negó alegando que no había habido ningún problema con sus huéspedes, según el ministerio público.

Amenazas de cierre

Con el objetivo de "incrementar su apremio sobre el directivo", la entonces primer teniente de alcalde le pasó el teléfono a Jordi Masnou, quien como responsable de Urbanismo advirtió al gerente "en tono desafiante y conminatorio", según la fiscalía, de que tenía que echar a "esos clientes sí o sí".

El gerente, según el ministerio público, contestó que no lo podía hacer porque los policías tenían reserva hasta el 5 de octubre, y en ese momento Masnou, "enfurecido, dando gritos", le dijo que él era "quien mandaba allí" y que "si él decía blanco es blanco" y, como el gerente no accedía a sus pretensiones, le advirtió de forma "desafiante" de que "si no echaba a los policías le iba a cerrar el hotel al día siguiente e iba a estar cerrado cinco años".

El hotel cede por miedo

El gerente replicó entonces que no podía echar de esta forma a los agentes y que en todo caso tenía que hablar antes con un comisario de Policía Nacional en Madrid, ante lo que el segundo teniente de alcalde replicó que le daba igual, "que él era el que mandaba y que haría todo lo que tuviera que hacer para cerrarle los hoteles", tras lo cual la comitiva municipal abandonó el lugar.

Según la fiscalía, tras esta conversación el gerente de la cadena Checkin, "impulsado por el temor a que las anunciadas represalias fueran llevadas a cabo por parte de las autoridades municipales", decidió redactar una carta en que aseguraba que se veían "obligados", bajo la amenaza de cerrar sus hoteles durante cinco años, a desalojar al contingente policial antes de las cuatro de la tarde del día 3 de octubre.