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Investigadores analizan el test (PCR) del coronavirus en un laboratorio / CG

Los investigadores catalanes, azotados por la precariedad, se vuelcan en el Covid-19

Carecen de un convenio laboral y el 80% tiene contratos temporales, pero la prioridad ahora son los test (PCR) y los fármacos para tratar el coronavirus

5 min

La investigación en Cataluña no solo se nutre de grandes estrellas mediáticas. Los profesionales de este sector llevan cuatro años reivindicando un marco de negociación con el Govern para poner fin a su precariedad laboral. Y ahora están en el punto de mira por tratarse de un sector clave en la lucha contra el coronavirus. Pese a ello, los investigadores catalanes han decidido posponer sus justas reclamaciones para volcarse en los test (PCR) y en la búsqueda de medicamentos para tratar el Covid-19.

“Sabemos que quienes lo pasan peor son el personal sanitario que está en primera línea. Los centros de investigación y los laboratorios siguen funcionando. Quienes pueden hacer teletrabajo lo hacen. La negociación se ha parado por causas lógicas y lo entendemos”, explica a Crónica Global Adrià Grau, presidente del comité de empresa y gestor de ciencia de la Fundació Hospital Clínic per a la Recerca Biomèdica y miembro de la Coordinació Intercentres de Recerca (CIR).

Investigadores se manifiestan contra la precariedad
Investigadores se manifiestan contra la precariedad

En Cataluña se calcula que hay 40.000 investigadores, de los cuales 10.000 trabajan en el sector de la biomedicina. Están sujetos al Estatuto de los Trabajadores, ya que no existe un convenio sectorial. Ello provoca diferencias salariales abismales, de forma que un profesional puede cobrar el triple que otro por la misma labor. Además, según los sindicatos CCOO y UGT, hay trabajadores que han encadenado contratos laborales durante 15 años. Tal como publicó Crónica Globalel 80% de los investigadores catalanes tiene un contrato temporal y muchos de ellos llevan 15 años en esa situación.

"Trabajando a tope y lo mejor posible"

Conciliar un sector tan diversificado en Cataluña --centros de investigación, parques científicos, universidades, empresas tecnológicas…-- no es fácil, pero ha habido avances hasta que estalló el brote de coronavirus. “En las últimas reuniones con la Consejería estábamos definiendo el ámbito sectorial”, explica Grau. Desde un principio, el Govern insiste en que el convenio solo incluye a los Centres de Recerca de Catalunya (CERCA), dependientes de la Generalitat, que en estos momentos “están trabajando lo mejor posible y a tope”. Pero ese limite dejaría fuera otros sectores como matemáticas o humanidades.

 

Situación laboral de los centros de investigación (Datos entre 2015-2018). Fuente: Coordinació Intercentres de Recerca)
  Trabajadores temporales Trabajadores fijos Porcentaje de temporalidad
IDIBELL 298.77 134.23 69%
Sant Pau 190.4 81.6 70%
Vall d'Hebron 369.6 246.4 60%
ALBA 50.68 130.32 28%
IRTA 231.713 463.287 33%
CRAG 80.4 39.6 70%
IREC 62.98 31.02 67%
Institut Josep Carreras 59.04 12.96 82%
IDIBAPS 288 72 80%
IGTP 182 78 67%
CIBER 168.98 150.01 52,5%
(Tasa nacional de temporalidad 2017 (Eurostat)     27,5%

La situación permanece encallada, a pesar de que, en 2016, el Parlament  aprobó por unanimidad la creación de un marco de negociación para la elaboración de un convenio sectorial.

Sin reversión de los recortes

La Dirección General de Relaciones Laborales, dependiente del Departamento de Trabajo de la Generalitat, convocó en cuatro ocasiones a los representantes de los investigadores catalanes. Y entre los pocos avances figura la creación de una patronal que se llamará Acrec (Associació Centres de Recerca de Catalunya), una reconversión de la Asociación Catalana de Entidades de Investigación (ACER).

Mejorar la inversión en I+D+i es una de las reivindicaciones de los grupos de la oposición. Para 2020, los presupuestos de la Generalitat –-su debate final en el Pleno del Parlament está previsto para el día 24— prevén una partida de 615 millones, que supera ampliamente los 504 millones destinados en 2017 –los últimos aprobados--, pero que no alcanzan los 622 millones de 2010.